
Los cinco candidatos que lideraron las preferencias del votante peruano durante las elecciones 2026 —según el conteo rápido de Datum Internacional— coindicen en un diagnóstico: el sistema tributario actual no logra incorporar a la mayoría ciudadana a la formalidad. De ahí que sus propuestas en la materia vayan desde crear una ley del contribuyente hasta incrementar regalías minero-energéticas y otros incentivos focalizados.
Cabe destacar que Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, ya aseguró su lugar como una de las oponentes en la segunda vuelta. Este diario analiza, además, las iniciativas de quienes podrían ocupar el segundo puesto en la tabla: Rafael López Aliaga, de Renovación Popular; Jorge Nieto, del Buen Gobierno; Ricardo Belmont, del Partido Cívico Obras; y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.
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Proyectos en el radar
El planteamiento del Fujimorismo se concentra en exonerar del Impuesto a la Renta (IR), por tres años, a los jóvenes emprendedores inscritos en el RUC, “ya sea como negocio unipersonal o sociedad entre jóvenes”, se precisa en el plan de gobierno. La finalidad es “estimular la creación de micro y pequeñas empresas” entre este grupo etario.
Asimismo, busca fomentar los beneficios tributarios temporales en las Zonas Económicas Especiales (ZEE) orientadas a manufactura de alto valor agregado.
Sumado a ello, propone la modernización de la Ley General de Minería para incluir un régimen diferenciado entre la minería artesanal y de pequeña escala con incentivos para la adopción de tecnología y automatización.
Por su parte, López Aliaga (Renovación Popular) sugiere reducir la tasa del Impuesto General a las Ventas (IGV) “para que los informales opten por la formalización”.
También apuesta por la simplificación administrativa: “Eliminar los regímenes tributarios para la creación de uno solo que sea amigable y permita la formalización de emprendedores”, sostiene.
Desde su perspectiva se configura como una táctica medular reducir las exoneraciones para ampliar la base tributaria y, con ello, hacer que la recaudación fiscal aumente.
En el caso de Nieto (Buen Gobierno), su plan considera una dimensión económica y, dentro de esta, un objetivo estratégico es el fortalecimiento del sistema tributario.
“Fortalecer el sistema tributario para incrementar la presión fiscal, mejorar la progresividad y eficiencia del recaudo y reducir evasión, contribuyendo a la estabilidad macroeconómica”, se lee como una de las metas trazadas.
En detalle, como propuestas aparecen el fortalecimiento de la Sunat, la eliminación gradualmente de exoneraciones “sin sustento económico o social”, también de los subsidios a combustibles fósiles y la promoción de la formalización mediante incentivos acotados.
De otro lado, Belmont (Partido Cívico Obras) cuenta con un escueto plan de gobierno de menos de 30 páginas. Relacionado al ámbito tributario solo se aprecia que buscará aumentar en un 30% la recaudación tributaria del segmento construcción. Esto, en un contexto de atender la informalidad y desprotección laboral en la micro y pequeña empresa (mype) y en la construcción.
Finalmente, las iniciativas de Sánchez (Juntos por el Perú) consideran una ampliación de la base tributaria, pero enfocada solo en pocos actores. “[Se busca] incrementar la presión tributaria al 25% del PBI”, menciona de manera general.
Bajo la idea de “crear un sistema tributario progresivo”, plantea un impuesto a las grandes fortunas en situación de crisis. También está en su radar incrementar las regalías minero-energéticas en un 20%. A ello le agrega eliminar o reformar el 100% de exoneraciones tributarias regresivas. “Se contempla el cierre de brechas de evasión”, complementa.

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¿Promesas viables?
Francisco Pantigoso, abogado tributarista, se mostró de acuerdo con que Fujimori plantee una estrategia centrada en beneficios fiscales para promover las contratación de jóvenes y adultos mayores.
Y si bien otro asunto importante es impulsar a tres sectores clave —minería, turismo e industria—, el especialista precisó que esta medida se debería “mirar con pinzas”: “Cuando se otorga una ventaja a cierto sector, tiene que estar bien motivado, porque los otros sectores podrían decir ”¿Y por qué a mí no?“. [...] Hay un principio que se llama igualdad en la Constitución y que está vinculado a la capacidad contributiva. Si hay excepciones, estas tienen que estar debidamente justificadas; de lo contrario, sería discriminación y eso está vetado en materia tributaria”.
Con respecto a las ideas de López Aliaga, consideró oportuna la simplificación de los regímenes tributarios, lo que va de la mano con la idea de promover una ley del contribuyente. “Ya existe en España. Es una ley de defensa del contribuyente frente a atropellos que pueda tener en relación con fiscalizaciones y normas”, sostuvo Pantigoso.
Pero hizo hincapié en un punto: “Se habla de una reducción de tasa del IGV. Hay que tener cuidado con ello, porque el IGV forma parte de los tributos clave para el desarrollo del Estado. En todo caso, se debería hacer como en Colombia, con diferentes tasas de IGV o IVA y no una tasa unificada del 18%”.
Aunque Jorge Carrillo, experto en Finanzas de Pacífico Business School, aclaró que “ampliar la base tributaria es una aspiración de todo el mundo” y que ambas rutas presentan deficiencias —insistencia en nuevas disposiciones en lugar de aprovechar las existentes—, resaltó una distinción entre ellas: “La propuesta de Rafael López Aliaga es un poco más agresiva; en cambio, la de Keiko Fujimori es más puntual”.
Así, calificó como “más viable” un plan que aterriza sus esfuerzos en sectores particulares: “Veo más factible hacer un tipo de modificaciones puntuales. Una reforma tributaria como la de reducir el IGV o eliminar regímenes tributarios no depende tanto del gobierno central, sino del Congreso”.

Desde una mirada global, Claudi Sícoli, directora de la carrera de Economía y Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), recalcó que las propuestas relacionadas a exoneraciones tributarias —compartidas por la mayoría de los aspirantes presidenciales y que Nieto observa entre sus principales ejes— resultan interesantes siempre y cuando estén sostenidas en investigaciones contundentes.
“Las exoneraciones se aplican para fomentar ciertas actividades. No soy de la idea de eliminarlas en su totalidad porque hay algunas que sí se justifican. Su vigencia debe depender de los resultados, pero sí creo que deben ser acotadas en un tiempo, no perpetuas, pues de lo contrario es una suerte de fomento a la falta de eficiencia”, anotó.
La informalidad tributaria, a decir de la economista, es uno de los problemas, junto con la inseguridad, que requiere abordarse con urgencia. Por esto, saludó que se plantee ampliar la base de contribuyentes a partir de la incorporación de actividades no registradas.
A la economista también le sorprendió negativamente, como en el caso de Belmont, que no se haya profundizado en medidas puntuales sobre materia tributaria. “[La recaudación] es uno de los pilares que garantiza estabilidad económica. No se puede hacer caso omiso o tener la posición de ignorarlo”, comentó.
Siguiendo con este plan, cuestionó que como propuesta aislada se quiera elevar la recaudación tributaria de un sector puntual. “¿Por qué se habla solo de construcción y no de otros? La informalidad están en otros sectores y, aunque se realiza ese apunte, no se describe el esquema a aplicar”, dijo.
Sin embargo, entre las diversas propuestas de los candidatos que pugnan por pasar a segunda vuelta de las elecciones generales, las de Sánchez son las que configuran mayores riesgos, además de carecer de justificaciones, indicó Sícoli.
Por el lado del incremento de las regalías, la experta señalo que tendría un alto costo para la inversión extranjera afectar el atractivo del país como destino: “En lugar de venir a aquí, preferirán Chile, Brasil y otros. Se olvidan que así como hay beneficios, también hay costos en las propuestas. Sin duda esto le quitaría competitividad al país”.
“Uno no se puede quedar en solo la implementación de una propuesta, acá es necesario el análisis del costo/beneficio. Sin lo primero, se pierde la mitad del análisis”, complementó.
Con respecto a la propuesta de los impuestos a las grandes fortunas, comentó que es una muestra de iniciativa surgida más por motivos ideológicos que políticas públicas eficientes.
“Esta propuesta de aplicación de impuestos no es más que una enunciación de un deseo que una política pública seria. Lo que se tendrá es fuga de capitales, se irán a otro mercado. Además, no se precisa qué es una gran fortuna, desde cuánto, qué significa”, cuestionó.

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¿Sostenibilidad fiscal en riesgo?
Al consultarle a Pantigoso si alguna de estas medida comprometería la sostenibilidad fiscal del Perú, su respuesta fue enfática: “Hay que trasladar esto a números. [...] Solo con el ejercicio numérico se podrá ver qué cosas se van a dejar de recaudar y cómo se van a cubrir, porque ya de por sí tenemos una situación muy grave: el 80% de todos los emprendimientos son informales. O sea, el 20% formal es el que cubre a lo informal”.
“Imaginemos que a ese formal le rebajamos los tributos, ¿de dónde se va a sacar para cubrir las necesidades públicas? Es un tema muy sensible a la matemática”, acotó.
En esa misma línea, el abogado subrayó que cualquier reforma debe ir acompañada de un cambio en la cultura tributaria. A su juicio, es elemental incorporar la enseñanza de la tributación desde la escuela o, en todo caso, desde los primeros años universitarios.
“Hay que atacar el origen, no simplemente corregir los efectos que existen”, concluyó.

Redactora de Economía en diario Gestión. Periodista piurana con seis años de experiencia profesional en el rubro.

Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.









