
El oro subió 35% en un año. Conviene leerlo al revés: no subió el oro, bajó el dólar. Y con él, las monedas que durante décadas llamamos fuertes. La pandemia dejó a los soberanos sobreendeudados. Los déficits no se corrigieron, el gasto militar y climático creció, y el costo de intereses subirá con las tasas. Hay tres salidas: impuestos, recorte de gasto o imprenta. La imprenta es la de menor resistencia política, y de ella salen la inflación y la devaluación. No es solo el dólar: el yen, el euro y la libra esterlina enfrentan la misma aritmética, y el yuan carece de la transparencia de una moneda dura.
Los analistas lo llaman debasement. Hoy los mercados lo descuentan más rápido que antes: personas naturales acceden a información y operan en minutos. Y hay un dato decisivo: se espera un alza de tasas de la Reserva Federal y el oro sube igual. Un activo que no paga interés subiendo con las tasas al alza no se protege del ciclo. Se protege del dólar.

El Perú conoce esta historia: aprendimos de lo que pasa cuando el gasto se desborda y la imprenta lo cubre. Por eso hay que aplaudir a los funcionarios del MEF y del BCR de las últimas décadas. La inflación es el impuesto a los pobres, y defender la disciplina fiscal es defenderlos. El sol es hoy una moneda sana, en la liga del peso chileno, el dólar australiano, la corona noruega, y el franco suizo.
Y aquí aparece el divorcio peruano. La disciplina macroeconómica no compra capacidad de trazabilidad: son dos fortalezas institucionales distintas y el país tiene una sola.
El costo lo pagamos en crimen, en trata de mujeres, en ríos con mercurio, en aire con cianuro, en bosques arrasados y en soberanía. Porque el precio no sube solo para los mineros responsables. Sube también para el crimen organizado internacional, que encuentra en el mercado aurífero peruano una oportunidad de lavado difícil de igualar.
El problema del oro peruano ya no es solo minero: es financiero. Hay procesadoras y mineras que compran mineral en Pataz sin garantías de trazabilidad, y mucho de ese oro termina en Emiratos Árabes Unidos. Ojo Público ha documentado ese destino; el Financial Times, qué clase de mercado es. Emiratos estuvo en la lista gris del GAFI hasta el 2024 por la débil supervisión de su comercio de oro, y ese año suspendió 32 refinerías por 256 infracciones de lavado, entre ellas no cruzar clientes contra listas de terrorismo. El Know Your Customer que falla allá puede fallar acá por la falta de infraestructura, tecnología y controles para garantizar la trazabilidad.
En Pataz la Policía ha identificado bandas locales y presencia del Tren de Aragua, designado organización terrorista extranjera por Estados Unidos en el 2025. Esas bandas no solo extraen mineral: también están en narcotráfico, sicariato y extorsión.
Que el oro peruano lave dinero del narcotráfico no es hipótesis: está en un expediente federal. Al acusar a extrabajadores de NTR Metals Miami por importar más de mil millones de dólares en oro ilegal, la fiscalía estadounidense sostuvo que el mineral venía de minas peruanas controladas por narcotraficantes, y que el comercio internacional de oro se ha vuelto un método común para lavar ese dinero.
El país es además escenario de actores que vienen de más lejos. En marzo del 2024 la Dircote capturó en Lima a Majid Azizi, presunto miembro de la Fuerza Quds iraní, por conspiración para cometer terrorismo contra dos israelíes. Lo decisivo es cómo pensaba operar: contratando delincuentes peruanos. El mercado criminal local se alquila a quien pague, y Estados Unidos e Israel, en guerra con Irán, son los que más capacidad tienen de rastrearlo.
Estados Unidos ya está actuando con determinación. En marzo se firmó en Doral (Florida) la declaración de la coalición contra los cárteles, que el Perú suscribió y que menciona expresamente las amenazas extrahemisféricas. En agosto el Comando Sur activó su fuerza de tarea hemisférica. Y hace algunos días cayó en Bogotá, con apoyo del FBI y la DEA, el presunto cabecilla del Tren de Aragua en el Perú, requerido por terrorismo, lavado y tráfico de drogas. Cabecillas anteriores terminaron ante una corte federal en Texas.
Cada uno de esos procesos produce declaraciones. Si en alguna aparece la operativa del oro en Pataz, las consecuencias no se detendrán en las bandas. Alcanzarán a quienes no preguntaron porque el negocio era demasiado bueno: procesadoras y mineras que compraron sin garantías, transportistas de valores, navieras, aerolíneas, calificadoras, bancos, financistas del acopio y asesores legales y financieros que no hicieron su Know Your Customer. Todos pueden estar hoy dentro de la ley peruana y encontrarse mañana frente a un fiscal extranjero.
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Hay objeciones legítimas: Manuel Rodríguez Cuadros ha advertido que la declaración de Doral no es un tratado ni crea obligaciones jurídicas. Es cierto y conviene discutirlo. Pero el fondo es otro.
Y el fondo trae una buena noticia. El sol sano no nos cayó del cielo. En 1990 la inflación superó el 7,000% y este país construyó la institución que la liquidó. Nadie nos regaló esa capacidad: la creamos con trabajo, seriedad y hoy somos ejemplo para el mundo. Si fuimos capaces de ordenar el sol, somos capaces de ordenar el oro.
Y hoy hay abundante tecnología para resolver el problema si hay convicción. La meta, entonces, no debería ser defendernos. Debería ser convertirnos en el referente mundial del oro limpio: trazabilidad completa, ríos sin mercurio, aire sin cianuro y bosque tropical en pie. También se reduciría el crimen y la trata.
Eso es hacer nuestro propio Mani Pulite. La lección italiana no fue regulatoria sino ciudadana: fue seguir las transacciones hacia arriba hasta que apareció el sistema, en lugar de detenerse en el primer infractor. Hacerlo nosotros los peruanos, antes de que nos lo impongan.
Martin Fariña von Buchwald es socio de LXG Capital.







