El impacto de un fenómeno de El Niño (FEN) de nivel extraordinario y las alarmas de un terremoto, ante los recientes movimientos sísmicos en Sudamérica, son el tipo de eventos adversos en los que se requiere contar con fuertes cuentas fiscales. Hoy no es tanto el caso del Perú.
En el reciente Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2027-2030, el primero publicado por el Gobierno de Keiko Fujimori, se planteó una radiografía que evidencia fuertes presiones adversas en los últimos años.
Por ejemplo, se destacó que, entre el 2021 y 2025, se aprobaron casi 250 medidas de iniciativa legislativa con impacto fiscal adverso, ya sea por la vía del gasto público, de medidas tributarias o de transferencias a gobiernos subnacionales.
Precisamente, los gastos tributarios, explicados en exoneraciones, inafectaciones, devoluciones, reducciones, deducción, entre otros beneficios; cobran un rol especial en este contexto de debilitamiento de las finanzas públicas.
A esto se suma que un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) apuntó que el Perú debe revisar su esquema de beneficios tributarios, pues observan con preocupación el estancamiento del nivel de presión sobre el Producto Bruto Interno (PBI).
“Contar con un manejo fiscal responsable resulta relevante dado que ello permite mantener el acceso al financiamiento en condiciones favorables, preservar la calificación crediticia dentro del grado de inversión y ampliar el margen de maniobra de la política fiscal para responder ante choques adversos”, se indicó en el MMM.
Gastos tributarios en el radar
Entre el 2021 y 2026, las exoneraciones habrían significado el 53% del total de los gastos tributarios. El segundo tipo de mayor dimensión son las inafectaciones, representado casi S/ 1 de cada S/ 3. El tercero son las devoluciones con más de 6% del total.
Ahora bien, el gasto tributario potencial, en este año, ascendería a los S/ 26,350 millones, según se indicó en el MMM. Para el 2027, la cifra se elevaría a S/ 27,697 millones, equivalente a más del 2.1% del PBI y superior al 12% de la recaudación tributaria prevista.
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Casi S/ 1 de cada S/ 4 corresponde a beneficios sobre el Impuesto General a las Ventas (IGV). La medida que resulta más costosa es la exoneración de productos agrícolas, que tendría un costo de casi S/ 4,500 millones en el 2027. Otro con un monto importante es la exoneración del IGV en la Amazonía, con casi S/ 4,000 millones.
En general, solo el costo relacionado al IGV, en el 2027, bordearía los S/ 20,800 millones. Luego están los beneficios sobre el Impuesto a la Renta (IR), con más de S/ 5,100 millones.
“Los gastos tributarios estimados para el 2027 se concentrarían, principalmente, en los beneficios de aplicación general y en los sectores agropecuario y financiero”, señaló el análisis en el MMM.
Ante esta situación y revisando el nivel de los ingresos del país, el Gobierno planteó tres ajustes alrededor de los gastos tributarios. Primero, un compromiso de no ampliarlos, derogar aquellos que venzan en su fecha de expiración y perfeccionar los demás, “de modo que se preserve la base imponible y se fortalezca la capacidad recaudatoria del sistema”.
El MMM también presentó que, en este 2026, vencen alrededor de 13 beneficios que acumulan un gasto de S/ 848 millones. Los dos principales son las exoneraciones al IR para las fundaciones y asociaciones sin fines de lucro (por casi S/ 500 millones anual) y también a los intereses por depósitos bancarios (por S/ 268 millones).
Panorama tributario
Los expertos consultados coincidieron en que el anuncio de no postergar los beneficios tributarios, cuando menos bajo un mecanismo por defecto, es positivo, pero señalaron que se tiene el espacio accesible para actuar más allá de este costo potencial de S/ 850 millones.
Sandro Fuentes, exjefe de la Sunat, indicó que los tratamientos tributarios diferenciados no son malos ni buenos per se, pero observó que deben medirse.
“Por ejemplo, el tratamiento especial en el agro habría tenido una incidencia directa en que el Perú se convierta en un exportador mundial de productos. Otro a analizar es si el régimen diferenciado en el Amazonas habría disminuido el costo de vida de los habitantes”, indicó.
Precisamente, agregó que sobre el esquema amazónico, el segundo mayor de tipo del IGV, se hace más que necesaria una revisión exhaustiva. Otros a analizar con urgencia son los beneficios a restaurantes, hoteles y peluquerías, anotó.
A su turno, Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), indicó que como país se tiene una ruta sobre dónde empezar a revisar estos esquemas: el desafío está en cómo empezar a ejecutarlos.
“Una primera medida es reducir la posibilidad de que el Congreso tenga iniciativa de gasto. El Tribunal Constitucional con su fallo ayudó al respecto. Ahora, con lo ya aprobado, se deben identificar las leyes dañinas y presentar las respectivas demandas”, sostuvo.
Gallardo coincidió en que hay beneficios que deben recortarse y su análisis no requiere de “mayor cirugía”.
“A la mano está el recorte de beneficios a restaurantes, hoteles y peluquerías. Debe comenzar a recortarse la grasa [de beneficios tributarios] que es más evidente”, planteó.
Para Fuentes, sin embargo, cualquier fortalecimiento de la política tributaria debe considerar una reforma de la Sunat, en la que se le otorgue, más que herramientas legales, operativas. “Se ha venido percudiendo sus mecanismos para operar”, anotó.
Dentro del MMM, también se planteó la instalación de, al menos, dos comisiones para analizar la ejecución de algunas reformas. Gallardo indicó que debe partirse sobre la base de que ya hay análisis profundos sobre el impacto de algunas medidas en política tributaria. El trabajo de estos grupo debe abordar asuntos más estructurales.
“Sabemos que ya hay cosas que se deben mejorar: el entorno para las Asociaciones Pública Privadas (APP), y simplificación tributaria, que optimizará el entorno para la inversión y así se tendrá mayor recaudación. Lo que preocupa en la creación de comisiones es el tiempo que puedan demandar. Podría dejarse que estos grupos evalúen temas más estructurales, como el eficiencia de algunas entidades públicas, entre estas los ministerios”, comentó.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
