A pesar de llevar tres décadas de crecimiento económico sostenido, el avance del Perú no se ha traducido en un aumento sostenido de la recaudación tributaria, advierte un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Según el Tax Policy Review realizado por él organismo, la presión tributaria -que es la proporción de los ingresos que recauda el Estado en relación al tamaño de su economía- se ha mantenido prácticamente estancada entre 15% y 19% del PBI desde 1994.
Al 2024, último año evaluado en el informe, la presión tributaria llegó a 16.3%, un nivel cercano al registrado en 2005, e incluso mucho menor al promedio de América Latina y el Caribe.
El hecho de que el Perú no haya logrado generar un aumento sostenido de sus ingresos tributarios, indican, está asociado a los altos niveles de informalidad y el incumplimiento tributario, pero también a decisiones sobre el diseño del sistema tributario y el aumento de beneficios para contribuyentes o sectores.
Por ello, advierten que sin un aumento sostenido de los ingresos tributarios, “Perú corre el riesgo de ampliar sus déficit fiscales y sufrir un rápido incremento de la deuda pública, generando preocupación sobre la sostenibilidad fiscal a mediano plazo”.
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La presión tributaria se ha mantenido prácticamente estancada entre 15% y 19% del PBI desde 1994. (Imagen: OCDE)
Piden frenar exceso de beneficios
La OCDE estima que el costo de los beneficios tributarios en el Perú alcanzó el 2.2% del PBI en 2025. Sin embargo, la cifra podría ser mayor teniendo en cuenta la reciente aprobación de exoneraciones y facilidades tributarias por parte del Congreso.
Entre el inicio de la sesión de 2021 y octubre de 2025, el Poder Legislativo aprobó 38 leyes de nuevos beneficios fiscales. Estas medidas, según datos del Consejo Fiscal, podrían generar una pérdida de ingresos de hasta 1.8% del PBI.
“El proceso mediante el cual se han diseñado e introducido estos gastos tributarios se desvía de las buenas prácticas de gobernanza exigidas en la Norma VII del Código Tributario. En particular, la opinión de las distintas direcciones dentro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a menudo no se considera lo suficiente cuando se implementan nuevas medidas, incluida la evaluación previa de su impacto en la recaudación”, observó la OCDE.
Aunque se exige que antes de crear un beneficio se evalúe cuánto costarán al Estado y si realmente servirán para alcanzar el objetivo, el organismo alerta que los requisitos “rara vez son cumplidos por el Congreso”. De hecho, 17 de las leyes que creaban o ampliaban beneficios tributarios entre 2021 y 2025 fueron aprobadas por insistencia.
Por ello, el organismo considera que Perú debería limitar la aprobación de nuevos gastos tributarios y revisar algunos de los que ya están vigentes. Entre sus recomendaciones plantea eliminar la reducción de impuestos para el agro, para el turismo y la Amazonía, además de modificar el esquema mediante el cual se calcula la devolución del drawback.
En el caso del agro, la OCDE apunta a eliminar la tasa reducida de 15% del Impuesto a la Renta para las grandes empresas agrícolas, que fue extendida hasta 2035. Este recorte, indicaron, sería necesario pues las empresas agroexportadoras han registrado un fuerte crecimiento en producción y exportaciones, pero han aportado relativamente poco en impuestos.
Asimismo, se recomienda eliminar la tasa reducida del IGV para hoteles y restaurantes que se estableció durante la pandemia y luego fue extendida hasta 2027. Aunque está dirigido a empresas pequeñas, el límite de ventas de 1,700 UIT hace que pueda ser utilizado por alrededor de 99.5% de los negocios turísticos.
Según su evaluación, no se encontraron efectos significativos sobre las ventas, el empleo ni los precios al consumidor de las empresas que podían acceder al beneficio por lo que la tasa reducida “parece ineficaz como estímulo económico y es poco probable que represente un uso eficiente de los recursos públicos”.
Otro beneficio que se propone eliminar son las tasas reducidas del Impuesto a la Renta en la Amazonía, al considerar que no son una herramienta efectiva para compensar las dificultades que enfrenta la inversión en la región. Estos beneficios, indican, llevan varias décadas coexistiendo con bajos niveles de desarrollo en la Amazonía, cuando medidas como una mayor inversión pública en transporte podrían ser más útiles.
Sin embargo, no plantea eliminar directamente las exoneraciones del IGV y del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los combustibles en la Amazonía, sino que propone mantenerlas en evaluación
Por otra parte, en el caso del drawback, la OCDE cuestionó que los exportadores reciben una devolución relacionada con los aranceles de los insumos importados. Ante ello, propone cambiar el método para que se deje de calcular la devolución como un porcentaje del valor exportado y pasar a devolver los aranceles realmente pagados.
Menor deducción para el Impuesto a la Renta
Otra propuesta del informe está dirigida directamente al beneficio que deduce del pago del Impuesto a la Renta a los trabajadores dependientes (quinta categoría) e independientes (cuarta categoría) cuyos ingresos anuales no superen las 7 UIT, equivalente a S/ 38,500 en 2026.
Actualmente los peruanos que ganan menos de S/ 38,500 al año no pagan Impuesto a la Renta debido a este descuento. Sin embargo, la OCDE plantea cambiar la reducción de 7 UIT a solo 5 UIT.
Para el organismo, este umbral es elevado pues está encima de la remuneración mínima y, según datos de SUNAT, más del 70% de los trabajadores formales tuvo ingresos inferiores a 7 UIT en 2024, es decir, no pagó el impuesto.
“Existe margen para reducir la deducción básica del impuesto a la renta. Reducir la deducción básica de 7 UIT a, por ejemplo, 5 UIT elevaría la cuña fiscal para un trabajador con salario promedio en alrededor de dos puntos porcentuales, del 18.1% al 20%”, señala el informe.
El efecto no sería igual para todos. Un trabajador que gana el sueldo mínimo no tendría un cambio en el escenario calculado por la OCDE, mientras que el impacto sería mayor para quienes tienen ingresos cercanos al salario promedio.
Pero el efecto de reducir la deducción podría ser menor si se mantiene la posibilidad de descontar hasta 3 UIT adicionales por determinados gastos pues algunos trabajadores que pasarían a pagar el impuesto podrían utilizar esa deducción.
Riesgos en la minería
Los ingresos fiscales de Perú también son volátiles debido a que están atados a los ciclos de precios de los minerales, advierte la OCDE. Pese a los precios récord del cobre, en los últimos años analizados por el organismo los ingresos fiscales de la minería no han crecido al ritmo esperado.
A comienzos de la década de 2010, los impuestos pagados por la minería representaban alrededor de 22% a 23% del valor generado por el sector, pero entre 2023 y 2024 su peso bajó a alrededor de 10%.
Esto tuvo un efecto sobre la recaudación total del país, cuya presión tributaria pasó de 19% a 17% del PBI en 2023. Según la OCDE, cerca de un punto porcentual de esa caída estuvo explicado por una menor recaudación de la minería.
Pese a los precios récord del cobre, en los últimos años analizados por el organismo los ingresos fiscales de la minería no han crecido al ritmo esperado. (Imagen: OCDE)
La perdida de peso de la recaudación minera estaría relacionada a la minería informal e ilegal y posibles formas de reducir el pago de impuestos dentro del sector formal. Un ejemplo, refieren, es el mayor uso de empresas comercializadoras de minerales.
“En los últimos años, las devoluciones del IGV solicitadas por las empresas comercializadoras han aumentado a un ritmo significativamente más rápido que sus ventas, lo que podría estar contribuyendo a una menor recaudación tributaria del sector minero. Casi toda la producción minera en el Perú se exporta y, por lo tanto, está gravada con una tasa del 0% del IGV. Existe una cadena de intermediarios entre la mina y el exportador, y el IGV se recauda a lo largo de esta cadena. Las devoluciones solicitadas por el exportador al final de la cadena parecen superar el IGV recaudado a lo largo de la misma”, explica el informe.
La OCDE precisa que, de acuerdo con datos de la SUNAT, las ventas de minerales por parte de las empresas comercializadoras aumentaron un 127% entre 2016 y 2022, mientras que las devoluciones del IGV aumentaron un 240%.
Ante esta situación, la OCDE plantea reforzar el control sobre estas operaciones y revisar los riesgos de que las ganancias sean trasladadas fuera del país. Además, recomienda mejorar la fiscalización de las empresas mineras pequeñas y medianas y combatir el contrabando de oro.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.
