A pesar de llevar tres décadas de crecimiento económico sostenido, el avance del Perú no se ha traducido en un aumento sostenido de la recaudación tributaria, advierte un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Según el Tax Policy Review realizado por el organismo, la presión tributaria, que es la proporción de los ingresos que recauda el Estado en relación al tamaño de su economía, se ha mantenido prácticamente estancada entre 15% y 19% del PBI desde 1994.
Al 2024, último año evaluado en el informe, la presión tributaria llegó a 16.3%, un nivel cercano al registrado en 2005 y mucho menor al promedio de América Latina y el Caribe.
La presión tributaria se ha mantenido prácticamente estancada entre 15% y 19% del PBI desde 1994. (Imagen: OCDE)
El hecho de que el Perú no haya logrado generar un aumento sostenido de sus ingresos tributarios, indican, está asociado a los altos niveles de informalidad y el incumplimiento tributario, pero también a decisiones sobre el diseño del sistema tributario y el aumento de beneficios para contribuyentes o sectores.
Por ello, advierten que sin un aumento sostenido de los ingresos tributarios, “Perú corre el riesgo de ampliar sus déficit fiscales y sufrir un rápido incremento de la deuda pública, generando preocupación sobre la sostenibilidad fiscal a mediano plazo”.
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Piden frenar exceso de beneficios
La OCDE estima que el costo de los beneficios tributarios en el Perú alcanzó el 2.2% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2025. Sin embargo, la cifra podría ser mayor teniendo en cuenta la reciente aprobación de exoneraciones y facilidades tributarias por parte del Congreso de la República.
Entre el inicio de la sesión de 2021 y octubre de 2025, el Poder Legislativo aprobó 38 leyes de nuevos beneficios fiscales. Estas medidas, según datos del Consejo Fiscal, podrían generar una pérdida de ingresos de hasta 1.8% del PBI.
“El proceso mediante el cual se han diseñado e introducido estos gastos tributarios se desvía de las buenas prácticas de gobernanza exigidas en la Norma VII del Código Tributario. En particular, la opinión de las distintas direcciones dentro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a menudo no se considera lo suficiente cuando se implementan nuevas medidas, incluida la evaluación previa de su impacto en la recaudación”, observó la OCDE.
Aunque se exige que antes de crear un beneficio se evalúe cuánto costará al Estado y si realmente servirán para alcanzar el objetivo, el organismo alerta que los requisitos “rara vez son cumplidos por el Parlamento”. De hecho, 17 de las leyes que creaban o ampliaban beneficios tributarios entre 2021 y 2025 fueron aprobadas por insistencia.
Por ello, el organismo considera que Perú debería limitar la aprobación de nuevos gastos tributarios y revisar algunos de los que ya están vigentes.
¿A qué sectores de Perú apuntó la OCDE?
Entre sus recomendaciones plantea eliminar la reducción de impuestos para el agro, para el turismo y la Amazonía, además de modificar el esquema mediante el cual se calcula la devolución del drawback.
En el caso del agro, la OCDE apunta a eliminar la tasa reducida de 15% del Impuesto a la Renta (IR) para las grandes empresas agrícolas, que fue extendida hasta 2035.
Este recorte, indicaron, sería necesario pues las empresas agroexportadoras han registrado un fuerte crecimiento en producción y exportaciones, pero han aportado relativamente poco en impuestos.
Asimismo, se recomienda eliminar la tasa reducida del Impuesto General a las Ventas (IGV) para hoteles y restaurantes que se estableció durante la pandemia y luego fue extendida hasta 2027. Aunque está dirigido a empresas pequeñas, el límite de ventas de 1,700 UIT (S/ 9′350,000) hace que pueda ser utilizado por alrededor de 99.5% de los negocios turísticos.
Según su evaluación, no se encontraron efectos significativos sobre las ventas, el empleo ni los precios al consumidor de las empresas que podían acceder al beneficio por lo que la tasa reducida “parece ineficaz como estímulo económico y es poco probable que represente un uso eficiente de los recursos públicos”.
OCDE recomienda eliminar la tasa reducida del Impuesto General a las Ventas (IGV) para hoteles y restaurantes. (Imagen: Andina)
Otro beneficio que se propone eliminar son las tasas reducidas del IR en la Amazonía, al considerar que no son una herramienta efectiva para compensar las dificultades que enfrenta la inversión en la región. Estos beneficios, indican, llevan varias décadas coexistiendo con bajos niveles de desarrollo en la Amazonía, cuando medidas como una mayor inversión pública en transporte podrían ser más útiles.
Sin embargo, no plantea eliminar directamente las exoneraciones del IGV y del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los combustibles en la Amazonía, sino que propone mantenerlas en evaluación.
Por otra parte, en el caso del drawback, la OCDE cuestionó que los exportadores reciben una devolución relacionada con los aranceles de los insumos importados. Ante ello, propone cambiar el método para que se deje de calcular la devolución como un porcentaje del valor exportado y pasar a devolver los aranceles realmente pagados.
Vale decir que, en términos sencillos, el drawback se puede resumir como un régimen aduanero que permite a los exportadores recuperar total o parcialmente los impuestos de importación pagados por insumos utilizados en productos exportados.
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Menor deducción para el Impuesto a la Renta
Otra propuesta del informe está dirigida directamente al beneficio que deduce del pago del IR a los trabajadores dependientes (quinta categoría) e independientes (cuarta categoría) cuyos ingresos anuales no superen las 7 UIT, equivalente a S/ 38,500 en 2026.
Actualmente los peruanos que ganan menos de S/ 38,500 al año no pagan IR debido a este descuento. Sin embargo, la OCDE plantea cambiar la reducción de 7 UIT a solo 5 UIT (S/ 27,500).
Para el organismo, el umbral de 7 UIT es elevado pues está encima de la remuneración mínima y, según datos de Sunat, más del 70% de los trabajadores formales tuvo ingresos inferiores a 7 UIT en 2024, es decir, no pagó el impuesto.
“Existe margen para reducir la deducción básica del IR. Reducir la deducción básica de 7 UIT a, por ejemplo, 5 UIT elevaría la cuña fiscal para un trabajador con salario promedio en alrededor de dos puntos porcentuales, del 18.1% al 20%”, señala el informe.
El efecto no sería igual para todos. Un trabajador que gana el sueldo mínimo no tendría un cambio en el escenario calculado por la OCDE, mientras que el impacto sería mayor para quienes tienen ingresos cercanos al salario promedio.
Pero el efecto de reducir la deducción podría ser menor si se mantiene la posibilidad de descontar hasta 3 UIT adicionales por determinados gastos pues algunos trabajadores que pasarían a pagar el impuesto podrían utilizar esa deducción.
