Uno de los cinco ejes planteados estuvo relacionado a elevar la productividad del país, con empleo formal e integración económica del territorio. En este punto se hicieron una serie de anuncios, destacándose los enfoques sobre el ámbito tributario, minero y energético.
Reforma tributaria
“El Perú no puede crecer de manera sostenida si una empresa siente que formalizarse ‘la castiga’, si una inversión demora años por trámites superpuestos, si la infraestructura no conecta territorios o si las reglas tributarias cambian de interpretación permanentemente”, subrayó Galarreta.
El titular de la PCM enfatizó que, ante esta situación, impulsarán una “agenda tributaria que busque simplificar y dar estabilidad, no generar más incertidumbre”. Precisó que será incluido en el eventual proyecto de ley para la delegación facultades que solicitarán. Cabe recordar que, si bien se conoció un borrador, hasta ahora no se eleva el texto final ante el Parlamento.
“Contemplará simplificar y optimizar los regímenes tributarios de las empresas de menor tamaño, reduciendo la dispersión que hoy incentiva a muchas unidades productivas a mantenerse artificialmente pequeñas”, refirió.
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Pero esta reforma seguirá dos condiciones. La primera es que los regímenes tributarios sean “simple y predecibles” para el contribuyente. En segundo lugar, se asegurará que sean fiscalmente responsables y amplíen la formalidad y la base tributaria.
Profundizando en esta reforma, el premier indicó que se aprovechará la oportunidad para “evaluar algunas” exoneraciones tributarias vigentes.
“No se trata de regalar exoneraciones ni de debilitar la recaudación. Se trata de construir una ruta para que una empresa pequeña pueda crecer hasta convertirse en una compañía mediana y grande sin que el propio sistema la empuje a fragmentarse o esconderse”, subrayó.
Según el último Marco Macroeconómico Multianual (MMM), hay 28 exoneraciones que representan alrededor de S/ 13,000 millones en este 2026. Esto implica que, aproximadamente, la mitad de todo el gasto tributario (S/ 26,350 millones), está asociado a beneficios clasificados como exoneraciones.
Las exoneraciones más costosas corresponden a las del Impuesto General a las Ventas (IGV) a los productos agrícolas (S/ 4,645,2 millones) y en la Amazonía (S/ 3,708,8 millones).
A ellas se suma la exoneración del IGV para insumos agrícolas, estimada en S/ 765,1 millones. Solo estas tres principales exoneraciones concentran alrededor de S/ 9,119 millones, equivalente a cerca de 70% del gasto tributario potencial de este tipo.
David Tuesta, exministro de Economía, consideró que el primer problema es que el país no cuenta con un mecanismo que permita evaluar la eficiencia de estos beneficios tributarios.
“Es difícil determinarlo porque no hay una medición o un mecanismo que permita identificar claramente todas las exoneraciones existentes en el país, a quiénes beneficia, a quiénes afecta y cuál es el impacto (...) No hay un análisis sobre si alguna de esas medidas permite una ganancia en base tributaria y, por tanto, permite una mayor recaudación”, comentó.
En tanto, Carlos Casas, exviceministro de Economía, señaló que existen metodologías desarrolladas por organismos internacionales que podrían usarse para hacer esta comparación.
“Hay que revisarlas. Muchos cambios podrían ser impopulares porque ya la gente lo toma como un beneficio adquirido, pero no están siendo eficientes al generar mayor bienestar o mayor actividad económica en el país. La exoneración a alimentos y educación probablemente sea bien difícil tocarlo, pero en el resto no hay nada escrito en piedra y sí debería evaluarse uno por uno”, indicó.
Sector minero
Galarreta señaló que generarán las condiciones necesarias para un mayor desarrollo de inversiones mineras “responsables”.
Agregó que desde el sector de energía y minas se proyecta autorizar 240 proyectos de exploración, explotación y concesiones de beneficio durante 2026.
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“No presentaremos esa cifra como dinero que el Estado controla. Presentaremos lo que sí nos corresponde: reducir demoras, evitar duplicidades y dar predictibilidad sin rebajar las obligaciones ambientales y sociales”, añadió.
Miguel Incháustegui, exministro de Energía y Minas, saludó que se presente la intención para un mayor desarrollo de las inversiones mineras, pero consideró que faltaron anuncios concretos sobre cómo resolver, por ejemplo, la conflictividad social.
“Se sabe que donde se desarrolla minería hay bastante conflictos sociales y una desconfianza fuerte. Eso no solo se va a resolver porque el Gobierno anuncie la aprobación de una serie de proyectos”, refirió.
Si bien es claro que es el sector privado que realiza la inversión, indicó que el Estado debe asegurar las condiciones adecuadas.
“Un aspecto claro es que se tiene que promover una minería dentro de un esquema de desarrollo territorial. Es en los espacios multiactores donde propuestas como la reforma del canon pueden conversarse y afinarse”, comentó.
Inchaustegui también cuestionó que no se haya dado anuncios más concretos respecto al combate de la minería ilegal. Alertó que el avance de la ilegalidad viene ganando cierto respaldo a nivel social en algunas comunidades.
“Si no hay anuncios concretos del Gobierno, la inversión no se va a mover”, planteó.
“La inversión privada avanza cuando se generan las condiciones reales, pero, por lo pronto, no se ha dicho mucho en concreto”, agregó.
Uno de los anuncios que mueve la confianza podría ser un avance real de la ventanilla única virtual del Minem.
Rubro energético
Al respecto, recordó el proyecto “7 regiones” que involucra a 15 ciudades de la macrorregión sur, incluida Ucayali, que recientemente tuvo protestas por el alza en los precios de los combustibles.
Agregó que será una “prioridad” su evaluación y se acelerarán otras alternativas que permitan la masificación del gas.
Erick García, exdirector de Hidrocarburos del Minem, indicó que el anuncio es una buena noticia, toda vez que logre ejecutarse en el corto plazo, pues cada día que pasa significa mayores gastos para las familias. Para esto, mencionó que se necesita un “alineamiento” de todas las entidades involucradas.
“Si no hay energía, es complicado un mayor crecimiento económico. El anuncio de prioridad es algo bueno. No solo se les permitirá tener mejor calidad de vida, sino que el transporte también use gas natural. Eso es 50% más ventajoso que el diésel”, subrayó.
García subrayó que, junto al impulso del gas natural, también se debe fomentar la generación eléctrica.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
