
La inseguridad ciudadana en Perú parece no tener cuándo acabar. Solo por citar un ejemplo, con cifras cerradas del 2025, el año pasado se registraron 26,700 denuncias por extorsión, 8 veces más que en 2018.
Al respecto, Nicolás Zevallos, fundador en Instituto de Criminología, recordó que el modelo vigente de combate contra la extorsión es el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC). Sin embargo, presenta limitaciones. En concreto, reconoció tres temas: fragmentación, falta de interoperabilidad obligatoria y respuesta reactiva.
Frente a ello, como parte del evento: Agenda de Reformas Prioritarias para el Perú, organizado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), Zevallos consideró que el país puede migrar hacia la creación del Sistema Nacional de Intervención Territorial contra la Extorsión y el Crimen Organizado (SINEX).
Esto porque, justamente, hoy la respuesta estatal se concentra en saber cuántas bandas desarticuladas y personas detenidas hay, sin asegurar que las actividades en las diferentes zonas queden protegidas.
“[...] el enfoque territorial, esa mirada en las políticas públicas es vital. Hoy ya no se puede pensar generalmente, sino a partir del territorio porque son cosas diferentes. La extorsión opera distinto en cada lugar, pero la medida de control que hoy se aplica es la misma para todos. No tiene mucho sentido y, por ende, mucha eficacia”, remarcó.
Zevallos consideró que hoy en día la pregunta que se debe poner sobre la mesa de las autoridades es: “¿Qué se está haciendo para el control territorial?“.
Agregó: “[...] No es un problema de bandas sueltas, sino de territorios, barrios, conglomerados comerciales, rutas, centros educativos tomados. Si hacemos esa pregunta a la autoridad: ‘Qué estás haciendo para que esta sea una zona donde se pueda trabajar, producir, abrir una bodega’, cambiamos la discusión. Si pedimos más gente o más estados de emergencia, va a ocurrir que [los criminales] se van a ir ‘de vacaciones’ a otro lugar. Entonces, tengamos el encargo de cuestionar: ‘¿Cómo van a ayudarnos [como autoridades] a que Mesa Redonda, Gamarra, la ruta A, la zona B, este barrio, sea una zona donde se puede emprender y construir país", finalizó.
¿Cuál sería la diferencia respecto al SINASEC?

Zevallos consideró que son cuatro pilares sobre los que descansaría este SINEX. Estos son:
- Conducción integrada y responsabilidades claras
Rectoría: Zevallos señaló que será pieza clave que un sistema como este esté adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que permita convocar a todos los niveles.
Articulación: Policía, Ministerio Público, Poder Judicial, Mininter, INPE y gobiernos subnacionales (municipalidades y regiones).
Organización: tendría un Comité Directivo, una Secretaría Técnica y nodos territoriales que definan objetivos, protocolos e indicadores comunes.
- Intervención territorial focalizada
Zevallos lo resumió en dos frentes: priorizar territorios según riesgo criminal, afectación económica y presencia de organizaciones delictivas; y sustituir operativos aislados por intervenciones permanentes y sostenidas.
- Inteligencia e información compartida
El foco estaría en integrar obligatoriamente bases de datos, plataformas digitales y sistemas de registro.
Además, se plantearía incorporar trazabilidad digital de decisiones, consultas e intervenciones. Utilizar análisis territorial para identificar patrones criminales y priorizar recursos también sería un pilar.
- Resultados, garantías y rendición de cuentas
Finalmente, rendir cuentas y medir indicadores se incluye en el planteamiento. Por ejemplo, el SINEX debería permitir evaluar las intervenciones con indicadores verificables: medir la reducción de la victimización, la recuperación territorial y la continuidad operativa.
Se consideraría también: reforzar la protección de víctimas y testigos; supervisión independiente, informes periódicos y rendición de cuentas; e implementar el sistema progresivamente mediante pilotos, evaluación y ajustes.

El intento por no perder la batalla
“Estamos un paso atrás, reaccionando a cada escenario delincuencial que se presenta día a día [...]”, reconoció Daniel Hermoza, director del Centro de Estudios de la Mype en Mypes Unidas del Perú.
“Vivimos en una delincuencia que nos ha ganado la batalla. Es lamentable ver que día a día cierra una bodega. Somos más de 350 mil bodegas a nivel nacional, el 70% liderada por mujeres [...] Ya no tenemos la libertad de trabajar a puerta abierta. Nosotros pedimos que ya se den acciones concretas y no sigamos con estados de emergencia que no han dado resultado”, remarcó Carla Campos, presidenta de Asociación de Mujeres Bodegueras del Perú (AGREMUB).






