El Gobierno de Keiko Fujimori estaría evaluando nuevas medidas relacionadas a las exoneraciones tributarias. El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, confirmó que el Poder Ejecutivo vienen trabajando en este tema, pero no dio mayores detalles.
“Sí, se va a hacer algo sobre eso y todavía no estoy en condiciones de comunicarlo más porque estamos en proceso de calcularlo”, indicó a Cuarto Poder.
La declaración se suma a lo que Cuba había adelantado en entrevista con Gestión. Aunque indicó que las exoneraciones tributarias sumadas no llegan a 2% y principalmente se buscará combatir la evasión tributaria, advirtió que hay un grupo de beneficios tributarios que “no tienen ningún sentido”.
La revisión se da ante la necesidad de elevar sus ingresos fiscales. Cuba ha señalado que la principal apuesta será combatir la evasión tributaria, que estimó en 9.7% del PBI, frente a un promedio de 6.7% en América Latina y el Caribe. Según el ministro, reducir ese incumplimiento tendría un efecto macroeconómico similar al que supondría eliminar todas las exoneraciones tributarias.
“No vamos a tocar la exoneración del IGV a la educación o a los alimentos, por ejemplo […] Hay algunas que son técnicas y que están bien puestas. Sumaría a las [exoneraciones] en Loreto, esas no se van a tocar. Esta región es una isla y no tiene carteras. Hay exoneraciones que sí valen la pena mantener. Pero, hay otras cuya generación ha sido más rentista, que esas sí las vamos a evaluar”, dijo a Gestión.
¿Cuánto cuestan las exoneraciones tributarias?
Los datos del último Marco Macroeconómico Multianual (MMM) indican que hay 28 exoneraciones que representan alrededor de S/ 13 mil millones en 2026. Esto implica que aproximadamente la mitad de todo el gasto tributario del país, que asciende a S/ 26,350 millones, está asociado a beneficios clasificados como exoneraciones.
Las exoneraciones más costosas corresponden a las del Impuesto General a las Ventas (IGV) a los productos agrícolas (S/ 4,645,2 millones) y en la Amazonía (S/ 3,708,8 millones). A ellas se suma la exoneración del IGV para insumos agrícolas, estimada en S/ 765,1 millones.
Solo estas tres principales exoneraciones tributarias concentran alrededor de S/ 9,119 millones, equivalente a cerca de 70% del gasto tributario potencial. Es decir, casi siete de cada diez soles del gasto tributario potencial asociado a las exoneraciones provienen de estos tres beneficios de IGV.
Sin embargo, el hecho de que un beneficio tenga un elevado costo fiscal no significa necesariamente que sea el primero que debería eliminarse. Para los economistas consultados, la discusión debería partir de una evaluación de qué genera cada beneficio y a quién termina favoreciendo.
David Tuesta, exministro de Economía, consideró que el primer problema es que el país no cuenta con un mecanismo que permita evaluar de manera integral todas las exoneraciones existentes y sus efectos.
“Es difícil determinarlo porque en el Perú no hay una medición o un mecanismo que permita identificar claramente todas las exoneraciones existentes en el país, a quiénes beneficia, a quiénes afecta y cuál es el impacto (...) ”No hay un análisis sobre si alguna de esas medidas permite una ganancia en base tributaria y por tanto permite una mayor recaudación”, comentó a Gestión.
Las exoneraciones más costosas corresponden a las del Impuesto General a las Ventas (IGV) a los productos agrícolas y en la Amazonía.
En tanto, Carlos Casas, exviceministro de Economía, señaló que existen metodologías desarrolladas por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que podrían usarse para hacer esta comparación.
“Hay que revisarlas. Muchos cambios podrían ser impopulares porque ya la gente lo toma como un beneficio adquirido, pero no están siendo eficientes en el sentido de generar mayor bienestar o mayor actividad económica en el país. La exoneración a alimentos y educación probablemente sea bien difícil tocarlo, pero en el resto no hay nada escrito en piedra y sí debería evaluarse uno por uno”, indicó.
Para esta evaluación de una eventual eliminación de estas exoneraciones, uno de los criterios a considerarse serían “el menor impacto en el precio final al consumidor, y el que desaliente la inversión privada” teniendo en cuenta el contexto por la emergencia climática, señaló Víctor Ballena, docente de la Facultad de Economía de la UPC.
¿Se ha evaluado cuáles podrían revisarse?
Si bien el ministro de Economía mencionó a Gestión que no se harán cambios en las exoneraciones del IGV a Loreto, los especialistas consideran que es ese punto el que debería revisarse.
“Hay algunos análisis que indican que, por ejemplo, las exoneraciones en la selva al combustible va sobre todo a los mineros informales que se benefician con combustible barato. El nivel de consumo que se genera de combustibles en esa zona no guarda sentido con el nivel de economía de las regiones a las cuales se dirige. Entonces, esa gasolina se estaría utilizando para beneficiar los costos de la minería informal”, sostuvo Tuesta.
Para Ballena este beneficio podría ser revisable teniendo en cuenta alguna figura de incentivo para la inversión privada en el corto y mediano plazo.
Asimismo, consideró que otro beneficio que podría analizarse es el que se otorga a la educación superior privada, “de forma temporal y de forma que eleve la capacidad de reacción de las instituciones y de la CTS de forma temporal y en su gestión y uso”.
Más allá de las exoneraciones tributarias, Casas señaló que también debería evaluarse otro tipo de reducciones de impuestos o devoluciones como el drawback, que se intento reducir anteriormente y calificó como “una especie de subsidio ciego” que se otorga a todos los exportadores y debería diferenciarse.
Adicionalmente consideró que se deberían evaluar los beneficios a la agroindustria, que tiene un impuesto a la renta más bajo, así como aquellos que se aplican a restaurantes y libros.
“Hay varios productos que están en la lista y que representan como dos puntos de PBI probablemente, pero creería que la mitad se podrían eliminar, con lo cual ganarías un punto porcentual de recaudación y podría eso ayudar a que el Estado tenga más ingresos”, añadió.
La tensión con las promesas de campaña
La revisión también abre una discusión sobre los beneficios tributarios que Fuerza Popular planteó durante la campaña. El plan de gobierno de la agrupación proponía, entre otras medidas, exonerar del Impuesto a la Renta durante tres años a jóvenes emprendedores inscritos en el RUC y establecer beneficios tributarios temporales para las Zonas Económicas Especiales orientadas a manufactura de alto valor agregado.
Es decir, mientras el actual MEF evalúa qué beneficios existentes tienen suficiente justificación para mantenerse, el programa de gobierno contemplaba crear nuevos incentivos tributarios.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.
