El Perú empieza a “pagar” por las leyes con costo fiscal aprobadas en el Congreso de la República pasado. El reciente Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2027-2030, pieza clave para sustentar el presupuesto público 2027, se elaboró por el Gobierno en un contexto en el que “las cuentas fiscales enfrentan el efecto adverso de la proliferación de iniciativas legislativas aprobadas en años previos”.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en el MMM, recuerda que entre 2021 y 2025 se aprobaron 248 medidas de iniciativa legislativa con impacto fiscal adverso, ya sea por la vía del gasto público, de medidas tributarias o de transferencias a gobiernos subnacionales.
La parte “más peligrosa” es que, por ejemplo, las medidas de gasto público se concentraron en componentes permanentes de planilla y pensiones, cuyo costo ha ido creciendo conforme se han ido ejecutando y que podría alcanzar hasta S/ 50 mil millones al 2027 de no adoptarse acciones correctivas, reduciendo así el espacio disponible para otras prioridades como la inversión pública.
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“En este contexto de deterioro progresivo de las finanzas públicas, de asumirse la totalidad de las medidas de gasto aprobadas por el Legislativo, el déficit fiscal y la deuda pública mantendrían una senda ascendente y permanentemente elevada, superando sus parámetros de mediano plazo (1.0% y 30% del PBI, respectivamente)”, se advierte en el MMM.
Presidente del Consejo de Ministros , Luis Galarreta, expone en el Congreso de la República para presentar la política general del Gobierno. Joel Alonzo/ @photo.gec
En este mismo sentido, el Consejo Fiscal (CF), en su opinión sobre el MMM, habla sobre la vigencia de leyes con impacto fiscal adverso. Recuerda que estas siguen representando un riesgo para la sostenibilidad de las finanzas públicas y muestra sus propios cálculos.
“Durante el periodo parlamentario 2021-2026, el Poder Legislativo aprobó 316 leyes identificadas con impacto fiscal adverso. De ellas, 70 tendrían un costo anual conjunto estimado en cerca de S/ 40 mil millones, mientras que otras 5 representarían un costo total estimado en S/ 132 mil millones. Frente a ello, el proceso de consolidación fiscal requiere adoptar medidas orientadas a contener y revertir estos potenciales efectos”, refiere el consejo.
En tal sentido, el CF insiste en que el Poder Ejecutivo interponga las acciones de inconstitucionalidad que resulten pertinentes y, sobre el Poder Legislativo, pidió evaluar la modificación o derogación de las normas que generan dichos impactos.
MEF fija fórmula para trasladar feriados al lunes y exceptúa Semana Santa, Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo. (Foto: Andina)
Los detalles de la “herencia”
Como se mencionó líneas arriba, el MEF recuerda que entre agosto de 2021 y diciembre de 2025 se promulgaron 248 leyes contrarias a mantener cuentas fiscales equilibradas, casi cuatro veces las 78 registradas en promedio entre 2006 y 2021.
De ese total, 199 están asociadas a compromisos de gasto permanente, sobre todo en remuneraciones y pensiones, mientras que las restantes afectan la capacidad recaudatoria del Estado o tienen efectos sobre los gobiernos subnacionales.
A pesar de la magnitud de estas iniciativas, los mecanismos constitucionales de control apenas se activaron; así, del total de leyes de gasto público solo 3 fueron llevadas al Tribunal Constitucional entre agosto de 2021 y 2025.
“En este contexto, el principal desafío de la proliferación normativa no radica únicamente en el número de medidas aprobadas, sino en el efecto acumulativo que generan sobre la trayectoria del gasto corriente”, alerta en el MMM.
Para el MEF, al concentrarse principalmente en planillas de carácter permanente, estas medidas de gasto desplazan recursos que, en ausencia de dichas obligaciones, podrían haberse destinado a inversión pública.
“Este proceso ya es visible en la estructura del gasto público. Dentro del presupuesto público no financiero, el gasto corriente ganó terreno frente a la inversión: subió de 68.7% en 2023 a 74.3% en 2026, mientras que la inversión pública cayó de 28.5% a 22.3% en el mismo periodo, reduciendo el margen disponible para mantenimiento, obras nuevas y otras prioridades de política pública”, detalla.
Es más, el ministerio resalta que “la presión acumulada por las obligaciones aprobadas en los últimos años deja a 2027 con un punto de partida particularmente exigente”.
El costo anual asociado a las medidas en materia de recursos humanos, aprobadas entre 2021 y 2026, se ha incrementado de manera sostenida conforme avanzó su implementación, pasando de alrededor de S/ 3.5 mil millones en 2022 a S/ 30 mil millones en 2026, y podría aproximarse a S/ 50 mil millones en 2027.
Bajo un escenario en el que se materializa una parte importante de las obligaciones vigentes, el gasto corriente podría aumentar de S/ 192 mil millones en 2026 a alrededor de S/ 216 mil millones en 2027, prolongando la expansión observada en los últimos años: “Así, la combinación de una base de gasto ya elevada y obligaciones cuyo costo continúa creciendo profundiza la rigidez presupuestaria y limita significativamente el margen disponible para atender nuevas prioridades, preservar otros componentes del gasto y responder ante contingencias”.
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Los pasos que seguirán desde el Gobierno
Con lo mencionado, el MEF identifica que será necesario adoptar acciones orientadas a fortalecer integralmente las finanzas públicas y la credibilidad de la política fiscal, incluidas las reglas macrofiscales, que guíen una nueva consolidación consistente con la sostenibilidad fiscal.
En paralelo, agrega, se trabajará en mejorar la eficiencia del gasto público, con énfasis en las compras públicas e inversiones: “Para ello, se ha anunciado la conformación de una comisión orientada a mejorar su calidad y reducir las obras inconclusas”.
Asimismo, asegura el MEF, se impulsarán acciones orientadas a reducir la rigidez del gasto, incluido el uso de los mecanismos constitucionales que permiten resguardar el equilibrio fiscal y presupuestal frente a normas que lo comprometan. El ministerio hace referencia, en línea con lo que dice el CF, de elevar ante el Tribunal Constitucional (TC) leyes con costos fiscales.
Vale recordar que el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, se ha mostrado a favor de ello, aunque, ha señalado que el primer paso ya lo está dando el Colegio de Economistas, con demandas de inconstitucionalidad ante el tribunal.
Por el lado de los ingresos, dado el elevado nivel de incumplimiento tributario, el Gobierno del Perú comenta que se fortalecerán las acciones para reducir la evasión y la elusión, así como las capacidades de la administración tributaria, con el fin de incrementar los ingresos fiscales de manera permanente.
“En esa línea, se implementará una segunda comisión enfocada en mejorar el cumplimiento del IGV y del Impuesto a la Renta, simplificar el sistema tributario y modernizar la administración tributaria, sin incrementar las tasas impositivas”, se lee en el MMM.
Incluso, en el mismo sentido que las recientes declaraciones del Poder Ejecutivo, que aseguró revisarían las exoneraciones tributarias, en el marco macroeconómico se menciona que también “se establecerá un compromiso de no ampliar los gastos tributarios, derogar aquellos que venzan en su fecha de expiración y perfeccionar los demás, de modo que se preserve la base imponible y se fortalezca la capacidad recaudatoria del sistema”.
