Se detectó un perjuicio económico de S/ 18′878,470 contra el Estado, debido a que funcionarios y servidores del Instituto Peruano del Deporte (IPD) efectuaron pagos en exceso a la empresa contratista encargada del servicio de gestión para el alojamiento, alimentación y alquiler de salas de reuniones para los participantes en los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, informó la Contraloría General.
En el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 011-2026-2-0217-AC, que comprendió el periodo del 26 de febrero al 31 de diciembre de 2025, se indica que el perjuicio económico se generó porque se pagó al contratista por prestaciones valorizadas con precios unitarios distintos a los contratados, por 43 salas de reuniones no brindadas y penalidades por mora en la ejecución no aplicadas.
La comisión de control también evidenció demora en el planeamiento del servicio, lo que ocasionó un procedimiento de selección no competitivo bajo la causal de situación de emergencia, pese a que el IPD tenía conocimiento anticipado de la necesidad de las prestaciones desde el 06 de marzo de 2025 con la instalación formal del comité organizador, señaló el informe de control.
Cuando restaban solo 60 días calendarios (equivalente a 42 días hábiles) para el inicio del evento deportivo se remitieron los requerimientos de bienes y servicios para la revisión de las áreas técnicas del IPD.
Asimismo, se detectaron deficiencias en los Términos de Referencia (TDR) por la falta de mecanismos de verificación y validación de las prestaciones, lo que no facilitó efectuar el control adecuado del desarrollo y cumplimiento de las condiciones pactadas. Tampoco se contemplaron criterios mínimos para la conformidad al plan de trabajo, pese a que constituía el sustento del pago equivalente al 50% del monto total contratado.
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Se cambiaron las exigencias relacionadas a la experiencia
Como parte de los cambios a los TDR se cambiaron las exigencias relacionadas a la experiencia del postor, evidenciándose una flexibilización en las condiciones de calificación. De esa manera, se seleccionó y adjudicó el servicio a un consorcio sin experiencia en la totalidad de la prestación, pese a que se requería un proveedor con experiencia específica y capacidad acreditada para la atención conjunta y simultánea de los servicios de alojamiento, alimentación y alquiler de salas de reuniones, indicó la Contraloría.
Por este caso se encuentran involucrados un total de siete funcionarios y servidores públicos, uno de las cuales continúa laborando en el IPD, organismo adscrito al Ministerio de Educación. A ellas se les identificó presunta responsabilidad penal y/o administrativa.
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Los resultados del informe de control fueron notificados a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para que se inicien las acciones penales contra cinco funcionarios y servidores; así como al presidente del IPD para que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades administrativas que correspondan.
Cabe precisar que, los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 se desarrollaron del 22 de noviembre al 7 de diciembre, con 41 deportes y más de 60 disciplinas. En el evento deportivo participaron más de 4,000 atletas de 17 países.
Fuente: Contraloría
