El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Luis Galarreta, informó que se aprobó finalmente el proyecto del pedido de facultades legislativas delegadas el último jueves 27 de agosto y que hoy viernes 28 lo remitirán al Congreso de la República. Detalló que la iniciativa abarca 66 medidas divididas en ocho ámbitos.
Gestión tuvo acceso el último jueves, en exclusiva, al documento que se discutió en la sesión de PCM e identificó propuestas con ajustes significativos en rubros como el financiero, tributario, laboral, entre otros.
“[Para aprobar] lo hemos hecho de manera cuidadosa”, señaló Galarreta en declaraciones a la prensa.
El premier subrayó que, si bien “no hay una competencia” para presentar antes este pedido frente a anteriores administraciones, la actual lo hizo en un menor plazo.
“El mínimo de tiempo para presentar este pedido era de 40 días. Nosotros lo hicimos en menos de 30 días. A quienes decían que había una demora, no la hubo. Estamos en el tiempo que corresponde”, comentó.
La presidenta Keiko Fujimori se refirió a la delegación de facultades solicitada por el Ejecutivo. (Foto: Presidencia)
Tasas de interés bajo el radar
Hoy, con un texto que finalmente fue aprobado en Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Poder Ejecutivo mantuvo la intención de hacer cambios al tope, aunque ahora se revelan más detalles.
En concreto, conoció Gestión, se busca modificar el artículo 6 de la Ley complementaria a la de protección al Consumidor en Materia de Servicios Financieros (N° 28587) y el artículo 9 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (N° 26702), a fin de “eliminar las disposiciones vinculadas con los topes a las tasas de interés introducidas por la Ley que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros (N° 31143)”.
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En la misma línea, también se pretende establecer un marco normativo que perfeccione el acceso a la información financiera y la transparencia en la contratación de productos activos por parte de los clientes con las entidades del sistema financiero.
Ya a finales de julio, Jorge Delgado, presidente del Consejo Latinoamericano de Finanzas Inclusivas (Colafi), había dicho a Gestión que “[la eliminación de los límites] va a favorecer la colocación de crédito [a tasas más altas] a las microempresas, a los trabajadores independientes y, en general, a las personas sin historial crediticio”. En ese momento también aseguró que se reducirán los incentivos que tienen esos sectores para recurrir al crédito extorsivo o “gota a gota”.
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ya ha estimado que alrededor de medio millón de personas, a las que la banca habría tenido que asignarles una tasa de interés por encima del máximo legal por su nivel de riesgo, se quedaron sin acceso al crédito a causa del tope a las tasas desde el 2021.
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Cambios en Servicios por Impuestos
En la primera versión revisada en el estreno del Consejo de Ministros, el capítulo de materia tributaria, aduanera, de facilitación del comercio e implementación de acuerdos del proyecto de delegación de facultades consideraba cuatro ejes. Ahora, en la edición que fue enviada al Congreso para su debate, se contemplan cinco.
Una de las principales iniciativas apunta a la Ley N° 29230, que impulsa la inversión pública regional y local con la participación del sector privado, un esquema donde se ha destacado el aporte de las Obras por Impuestos (OxI). Pero ahora, dada la coyuntura de peligro por el fenómeno de El Niño (FEN), se busca potenciar otra opción.
En detalle, el documento contempla efectuar ajustes normativos para ampliar el ámbito de aplicación de la modalidad de Servicios por Impuestos (SxI) en las materias de gestión del riesgo de desastres e infraestructura de defensa civil estratégica ante fenómenos climáticos adversos, como el FEN precisamente.
Además, se apunta a ampliar la aplicación del mecanismo, considerando las actividades de construcción de viviendas rurales para población damnificada por desastres de origen natural declaradas en emergencia por el Gobierno nacional.
“Hace unos meses, se modificó la Ley de OxI para incluir a los servicios. El concepto era que si una empresa facilitaba el acceso a un servicio obtenía un certificado para aplicarlo contra sus impuestos. Hablamos de servicios que benefician y tienen incidencia en la actividad pública, como el acceso a luz, por ejemplo. El tema era que la regulación estaba coja, incompleta. Con esto podría ya concretarse”, explicó Jesús Ramos, socio de DLA Piper.
Normativa contra trabajo forzoso
Otro aspecto que se aborda en la propuesta de facultades es regular la prevención y erradicación del ingreso al territorio nacional de mercancías elaboradas total o parcialmente mediante trabajo forzoso, incluyendo la prohibición de su importación.
Estados Unidos aplicó mayores aranceles a las exportaciones peruanas. | Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec
De hecho, en reciente entrevista con Gestión, el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Rogers Valencia, había informado del inicio de conversaciones para el levantamiento de esta tasa arancelaria adicional. Aunque también reconoció los problemas en la cadena logística.
“Aparte de las negociaciones, Perú puede trabajar a la interna para mejorar sus controles en la cadena logística, definiendo entidades responsables de cada asunto […] No es ningún secreto que tenemos problemas en el manejo de la cadena logística que debemos mejorar”, comentó.
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Revisión de los regímenes tributarios
La revisión de los actuales regímenes tributarios también se está considerando. “Modificar, simplificar y optimizar los regímenes y las obligaciones formales de las empresas, así como adecuar las normas del Código Tributario y demás normativa tributaria a fin de adecuarlas a las modificaciones planteadas”, mencionaría la norma.
Para Ramos, este aspecto termina planteándose de manera generalizada, pero calza con las recientes declaraciones del titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, de que “ha llegado la hora de cambiar” algunos esquemas “más diseñados que tienen más de 30 años”. En específico, el ministro se refirió al Régimen Único Simplificado (RUS) y al Régimen Especial de Renta (RER).
