El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) vuelve a posicionarse como uno de los ejes pendientes para el Ministerio de Energía y Minas (Minem). Actualmente, este esquema, utilizado como camuflaje jurídico para el avance campante de la minería ilegal según el consenso de expertos, tiene vigencia hasta este 31 de diciembre.
En este contexto, el titular de la cartera, Guillermo Shinno, indicó a Canal N que está la posibilidad de ampliar el Reinfo, debido a que por su diseño actual hay dificultades para que se cumplan las metas previstas.
Sin embargo, precisó que la medida alcanzaría únicamente al universo de pequeños y artesanales mineros que se les permitió continuar con su proceso de formalización a mediados del año pasado.
Al cierre del 2024, Gestión reportó que existían 84,358 inscritos en el Reinfo. Del total, se les permitió continuar “en carrera” solo a 31,560 mineros.
Incluso, Shinno mencionó que la extensión se aplicaría para quienes presenten avances comprobables en sus trámites administrativos.
Según Jorge Montero, titular del Minem cuando se efectuó la depuración e investigador del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacifico, de realizarse un nuevo “corte”, se podría reducir la cifra de más de 31,000 a alrededor de 26,000 al actualizar los plazos y aplicar las exclusiones.
Sin embargo, Shinno deslizó la posibilidad de que algunos excluidos retornarían al sistema al resolver sus casos en el Poder Judicial.
La evaluación de esta nueva extensión del Reinfo también se enmarca en un contexto en el que está pendiente la aprobación de una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE). En las discusiones de las últimas prórrogas, se estiló que la ausencia de esta última norma sirva como motivo para extender el registro de formalización.
El actual ministro de Minas indicó que su propuesta se presentaría al Congreso máximo en noviembre, a un mes de la culminación del Reinfo.
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Sin avances materiales
El Reinfo fue creado a fines del 2016 mediante Decreto Legislativo 1293. Inicialmente, luego de un período para la inscripción de los mineros ante la Sunat, se le dio una vigencia de tres años.
En adelante, se concretaron cuatro ampliaciones, aunque con matices en los tiempos: entre seis meses y tres años. Shinno aprobaría la quinta extensión.
Entre las diferentes prórrogas se contemplaron algunos ajustes, pero la mayoría de menores alcances. El cambio más sustancial se dio en el marco de la Ley 32213, aprobada a fines del 2014 y con una vigencia inicial hasta mitad del 2025, pero con la posibilidad de prorrogarse un semestre más.
Mediante decreto supremo, se concretó esta ampliación, pero se estableció un freno para algunos procesos de formalización minera: aquellos que no registraron actividad alguna de regularizarse por, al menos, cuatro años perderían su inscripción al Reinfo.
En dicho contexto, desde el Ejecutivo informaron que, históricamente, de los casi 85,000 inscritos al Reinfo, solo el 2.4% había concretado su formalización.
Estos mínimos avances en la formalización minera, que calzaron con un incremento en el precio de los principales metales como el oro y el cobre, y que a su vez motivaron el avance de la actividad ilegalidad, también ocurrieron en paralelo a un debilitamiento institucional del Minem.
Un análisis de Gestión presentó que, desde fines del 2016 que se aprobó el Reinfo hasta la fecha, esta cartera ha registrado 23 designaciones de titulares. El tiempo promedio de permanencia es de 160 días, menos de cinco meses y medio, aproximadamente.
Solo cuatro de estos 23 superaron la barrera de los 10 meses para gestionar la política del sector minero. El último fue, precisamente, Jorge Montero, que aplicó la depuración en el Reinfo.
Precisamente, y con vista a la eventual elaboración de la Ley MAPE, fue durante la gestión de Montero que se conocieron los últimos avances concretos para lograr consensos para este marco jurídico, entre actores como la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y gremios de la pequeña y artesanal minería.
En agosto del año pasado, y luego de hasta siete sesiones de mesas de trabajo, el Ejecutivo informó del consenso en 11 de 13 puntos claves para la propuesta de esta ley, que fue enviada a la Comisión de Energía y Minas del Congreso.
Por ejemplo, se aprobaron ajustes normativos para un nuevo régimen simplificado de inicio y reinicio de actividades mineras, beneficios tributarios, áreas especiales para concesiones mineras y nueva regulación sobre trazabilidad.
Esta última se caracterizaría por ser en “tiempo real” e interconectando datos de la Sunat, la Policía Nacional del Perú (PNP), entre otros.
Aportes para la Ley MAPE
Junto a Montero, Miguel Incháustegui, también extitular del Minem, consideraron que no resulta necesaria una nueva ampliación del Reinfo.
“Ya no se tiene que evaluar si se amplía o no, sino apuntar a la Ley MAPE”, dijo Incháustegui.
Montero indicó que el Reinfo es solo uno de los tres vectores para resolver el problema de la minería ilegal y que no están enlazados.
“Debe terminar este año. El proceso de formalización puede ser aterrizado a cada realidad de los casos pendientes y que hayan mostrado avances. Esto se resuelve solo ajustando documentos que son factibles a nivel del Ejecutivo. Se les da plazo de meses a cada uno para terminar su proceso”, comentó.
Sobre esta base, los expertos indicaron que la prioridad debe estar en la nueva Ley MAPE. Montero indicó que se hace necesario porque el marco vigente data del 2002. “Tenemos una ley obsoleta. El camino debe ser la delegación de facultades”, dijo.
También coincidieron en que el Gobierno no debe iniciar una propuesta desde cero, sino recuperar los avances logrados en 2025, como la propuesta que se consensuó.
“No caigamos en hacer todo de nuevo. Para esa propuesta se constituyó una mesa multiactor. Incluso, ahí se definió qué hacer con los inscritos al Reinfo que perdieron su vigencia”, recordó Incháustegui.
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Entre los puntos cruciales de esta nueva norma, agregó que debe estar definido el control sobre las plantas procesadoras de minerales. Montero sumó que el Registro de Comercializadores y Procesadores de Oro (RECPO) debe ser completamente depurado.
“Los minerales no pueden ser de libre disponibilidad. Deben cumplirse condiciones técnicas y financieras para comprar y procesar minerales. No estamos hablando de gaseosas o huevos, son minerales críticos”, cuestionó.
Incháustegui mencionó que debe aplicarse la trazabilidad para los pequeños y artesanales mineros, así como agilizar la aprobación de los permisos ambientales. “En el Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Igafom) hay todo un cuello de botella”, observó.
Por su parte, Montero señaló que debe reformularse la vigencia de las concesiones, siendo un aspecto de medición el tipo y tamaño de proyecto para el que se pide. Alineado con este punto, dijo que deben revisarse los montos de las penalidades mineras, siendo proporcional a un mayor tiempo sin invertir.
“Los mineros a pequeña escala formalizados deben ser parte de un fondo minero MAPE que los asocie, agremie y represente para fines de asistencia técnica, financiamiento y comercialización. Este fondo es privado, les pertenece y se financia con un auto gravamen anual con participación minoritaria del Estado a través de un aporte inicial, un capital semilla, para el inicio de operaciones”, agregó.
Agregó que deben fortalecer el trabajo y relación con las comunidades campesinas. “Ejercen control sobre buena parte de la superficie del país y son las únicas organizaciones capaces de frenar la minería ilegal depredadora”, valoró.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
