
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha puesto sobre la mesa una reforma de los regímenes tributarios empresariales. El ministro Elmer Cuba adelantó a Gestión que el objetivo será ordenar el sistema para que la tributación esté basada en las rentas obtenidas y no en las ventas, cuestionando particularmente el diseño del Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER).
Actualmente, el contraste es importante. Mientras en el Régimen General el Impuesto a la Renta se determina sobre la renta neta obtenida por la empresa, en el RER se paga mensualmente una cuota equivalente al 1.5% de los ingresos netos. Este último está dirigido a pequeños negocios y, entre otras características, contempla una contabilidad simplificada.
“Ese régimen nació hace décadas y ha demostrado que no sirve para nada más porque es un mal diseño”, sostuvo Cuba. Según adelantó, los “nuevos números” que prepara el Gobierno buscarán que todo el sistema se ordene bajo un régimen basado en rentas y no en ventas.
El anuncio abre, sin embargo, una serie de interrogantes: ¿qué significaría este cambio para las pequeñas empresas que actualmente pertenecen al RER? ¿Pagarían más o menos impuestos? ¿Qué ocurriría con los distintos regímenes que coexisten actualmente?
Especialistas consultados por Gestión señalan que pasar de ventas a renta permitiría acercar el impuesto a la ganancia efectiva de cada negocio, pero también introduciría una mayor complejidad para las empresas más pequeñas.
De las ventas a las ganancias: ¿quiénes pagarían menos?
La principal diferencia está en qué se utiliza para calcular el impuesto. Giorgio Balza, asociado senior de Cuatrecasas, explica que bajo el RER una empresa paga un porcentaje de sus ingresos netos mensuales independientemente de los costos y gastos que haya tenido que asumir para desarrollar su actividad.
Pasar a un sistema basado en renta supondría determinar cuánto ganó efectivamente el negocio después de considerar los costos y gastos que correspondan.
Esto puede producir resultados muy diferentes dependiendo del tipo de empresa.
Balza señala que los negocios con márgenes reducidos respecto de su volumen de ventas —como algunos comercios minoristas, distribuidores o empresas de alta rotación— podrían verse beneficiados, pues la tributación consideraría la utilidad que realmente obtienen.
En sentido contrario, negocios que registren márgenes elevados respecto de sus ventas podrían terminar soportando una mayor carga que bajo un esquema que simplemente aplica un porcentaje sobre los ingresos.
Por ello, el especialista advierte que cambiar la base de cálculo no significa automáticamente que todas las pequeñas empresas vayan a pagar más o menos. El resultado dependerá de su rentabilidad y, especialmente, de las tasas y tramos que finalmente establezca la eventual reforma.
Juan José Assereto, socio de Zuzunaga & Assereto Abogados, coincide en que uno de los problemas de calcular el impuesto sobre las ventas es que se trabaja sobre una estimación que no necesariamente refleja la situación económica de cada negocio.
Dos empresas pueden registrar un nivel similar de ventas y, sin embargo, tener márgenes completamente diferentes dependiendo de su actividad, estructura de costos o momento de desarrollo.
Incluso una empresa puede encontrarse realizando fuertes inversiones o atravesar una etapa en la que sus gastos superen sus ganancias. Un esquema basado únicamente en ventas no necesariamente captura esas diferencias.
Por eso, Assereto considera que determinar el impuesto sobre las utilidades sería más exacto desde el punto de vista de la renta efectivamente generada.

El costo de pasar a un sistema más exacto
Pero esa mayor precisión tendría una contraparte: la simplicidad que actualmente ofrece el RER podría reducirse.
Hoy este régimen exige básicamente registros de compras y ventas. Si el impuesto pasa a determinarse sobre la renta neta, las empresas necesitarán acreditar qué costos y gastos pueden descontar para establecer cuánto ganaron realmente.
“Es un régimen más exacto, pero en la complejidad que tiene viene con la complejidad de tener que manejar contabilidades más complejas, soportes documentarios más complejos”, explica Assereto.
Esto implica sustentar costos y gastos y cumplir las condiciones tributarias para que estos puedan ser reconocidos al momento de determinar la renta.
Balza advierte que este punto será particularmente relevante para las micro y pequeñas empresas, debido a que muchas cuentan con una capacidad administrativa menor que una compañía de mayor tamaño.
El efecto final de la reforma, por ello, dependerá de qué tan simplificada sea la determinación de la renta para los contribuyentes más pequeños.
Para Balza, una alternativa sería aprovechar la información que actualmente ya generan los comprobantes de pago electrónicos y establecer exigencias contables diferenciadas de acuerdo con el tamaño del negocio.
Así, el desafío para el MEF no estaría únicamente en cambiar la base sobre la cual se calcula el impuesto, sino en evitar que una determinación más precisa de la renta termine acompañada de costos de cumplimiento desproporcionados.
¿Menos regímenes tributarios?
El anuncio de Cuba también vuelve a abrir la discusión sobre la cantidad de regímenes empresariales que existen actualmente.
El sistema contempla el Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS), el Régimen Especial de Renta (RER), el Régimen Mype Tributario (RMT) y el Régimen General.
Balza considera razonable interpretar que el objetivo de “ordenar” el sistema podría conducir a una consolidación de los regímenes, aunque advierte que todavía no existe una propuesta normativa que permita conocer hasta dónde llegará la reforma.
Si el objetivo anunciado es migrar hacia una tributación basada en renta, sostiene que el RER sería el régimen que requeriría la modificación más profunda, debido precisamente a que actualmente determina el impuesto mediante un porcentaje de los ingresos netos mensuales.
En contraste, el Régimen Mype Tributario ya determina el impuesto anual sobre la renta neta y contempla una tasa de 10% para las primeras 15 UIT de renta neta anual y de 29.5% por el exceso.
Para Balza, este último presenta una lógica más cercana a lo que podría buscar el Ejecutivo para las empresas de menor tamaño. Sin embargo, ello no significa que necesariamente vaya a convertirse en el modelo elegido por el Gobierno.

El problema que el MEF buscaría corregir
Detrás de la discusión existe además un problema que, según Assereto, viene siendo observado desde hace varios años: la denominada “atomización” empresarial.
La coexistencia de regímenes con distintos límites y beneficios puede generar incentivos para que determinados negocios dividan sus operaciones entre distintas personas jurídicas con la finalidad de mantenerse dentro de los parámetros de un régimen más favorable y evitar pasar al Régimen General.
Balza también identifica este arbitraje como una de las distorsiones del esquema actual. A ello suma que empresas con características y rentabilidades similares pueden terminar con cargas diferentes simplemente por encontrarse dentro de regímenes distintos.
Una reducción o reorganización de los regímenes podría intentar atacar estos problemas. Sin embargo, los especialistas coinciden en que el diseño será determinante
La reforma tendría así que resolver una disyuntiva: acercar la tributación de los pequeños negocios a las ganancias que realmente generan, sin perder la simplicidad que precisamente caracteriza a los regímenes creados para contribuyentes de menor tamaño.
Por ahora, Cuba ha definido la dirección —renta en lugar de ventas—, pero todavía falta conocer la letra chica: cuántos regímenes permanecerán, qué tasas se aplicarán y qué exigencias tendrán que cumplir las empresas que hoy tributan bajo esquemas simplificados.
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Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.







