El pedido de facultades, que el gobierno de Keiko Fujimori ha presentado al Congreso, plantea que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) adopte un modelo de fiscalización preventiva, focalizada y orientada a resultados.
Este escenario, se abriría una oportunidad para mejor la fiscalización en material de informalidad laboral: la creación de un perfil de cumplimiento laboral de las empresas, elaborado a partir de información sobre su comportamiento frente a las normas laborales.
Este perfil consideraría elementos como los antecedentes de inspección, las subsanaciones realizadas, los casos de reincidencia, la incorporación de trabajadores a planilla y las sanciones firmes.
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Así funcionaría la fiscalización
Esta idea consistiría en clasificar a las empresas según indicadores objetivos vinculados con su comportamiento laboral y su nivel de cumplimiento de obligaciones frente a sus trabajadores.
Se podría considerar, por ejemplo, si una empresa registra correctamente a su personal en planilla, cumple con el pago de remuneraciones y beneficios sociales, atiende requerimientos de inspección o corrige observaciones detectadas.
También se debería incorporar variables como la existencia de sanciones firmes, la reincidencia en infracciones, los antecedentes de seguridad y salud en el trabajo, así como la permanencia del empleo formal.
Mario Pinatte, socio senior del área laboral en CPB Abogados, señaló que el mecanismo podría tomar como referencia el Perfil de Cumplimiento de Sunat, que clasifica a los contribuyentes de acuerdo con su comportamiento tributario.
Para el especialista, la utilidad central del instrumento sería incentivar que las empresas ingresen a la formalidad y encuentren razones concretas para mantenerse dentro de ella.
“Actualmente muchas mype pueden percibir la formalidad principalmente como un costo. La propuesta sería que una empresa que ingresa a la formalidad y demuestra un buen comportamiento pueda acceder progresivamente a diferentes beneficios”, indicó Pinatte.
Dentro de estos beneficios se podrían incluir el acompañamiento técnico, capacitación, acceso preferente a programas estatales, certificaciones, financiamiento e incluso incentivos económicos o tributarios asociados a la formalización sostenida.
Por otro lado, el abogado laboralista Augusto Saldaña Bruno sostuvo que el modelo también permitiría que Sunafil use de manera más eficiente sus recursos de inspección, que son limitados frente a la magnitud de la informalidad.
En este contexto, una empresa con un historial favorable podría enfrentar menos inspecciones rutinarias y recibir una fiscalización principalmente preventiva y orientadora.
Ante ello, la entidad podría concentrar sus intervenciones en compañías con infracciones reiteradas, trabajadores fuera de planilla, denuncias, accidentes de trabajo o señales de fraude laboral.
Sin embargo, Saldaña advirtió que un buen perfil no puede convertirse en una garantía de inmunidad frente a la fiscalización.
“Una denuncia concreta por un beneficio social impago, un accidente o un riesgo grave para la vida y la salud justificarían una inspección, aunque la empresa tenga buenos antecedentes”, señaló.
Infografía generada con Gemini
Criterios, retos y normativa
El diseño del sistema también se tendría que distinguir entre un error administrativo aislado, una infracción corregida voluntariamente y una conducta reincidente o grave. Por ejemplo, no debería recibir el mismo tratamiento una empresa que regulariza rápidamente una omisión formal que otra que mantiene trabajadores sin registrar, incumple pagos de forma repetida o reincide en faltas de seguridad y salud en el trabajo.
Saldaña remarcó, además, que solo deberían considerarse como antecedentes negativos las sanciones firmes, pues existen multas de Sunafil que son impugnadas o posteriormente anuladas en la vía administrativa o judicial.
El perfil que se podría implementar tendría que mostrar si una sanción fue dejada sin efecto, está siendo cuestionada, fue pagada o fue corregida, a fin de evitar que información incompleta se convierta en una etiqueta permanente de empresa incumplidora.
Por otro lado, según Pinatte, el perfil no debería convertirse en una lista pública de empresas “buenas” y “malas”. Si algún tipo de información se hace pública, tendría que existir un procedimiento para corregir errores, presentar descargos y evitar que denuncias no comprobadas, sanciones anuladas o infracciones ya corregidas sigan perjudicando a la empresa.
“Incluso podría permitirse que una empresa con buena calificación decida voluntariamente utilizarla como un sello positivo”, indicó.
Otro desafío será que el sistema no se limite a revisar información de la Planilla Electrónica, el RUC o los registros de Sunafil, ya que en estas bases de datos captan principalmente a empresas que ya operan formalmente.
“Si el sistema usa únicamente esos datos, podría terminar inspeccionando con mayor precisión a las empresas formales y dejando fuera a quienes operan sin registro, como viene sucediendo hoy en día”, indicó Saldaña.
Por ello, la legitimidad del modelo dependerá de que excluya sanciones anuladas o pendientes, premie la corrección efectiva, proteja la información y mantenga una fiscalización intensa frente a los incumplimientos más graves.
Bachiller en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, con seis años de experiencia en prensa radial, escrita, digital e instituciones públicas.
