Un reciente estudio, elaborado por Ipsos bajo encargo de ComexPerú, puso en cifras lo que en el sector de la microempresa y pequeñas empresas (mypes) se reclama hace tiempo: no existen incentivos reales para formalizarse y mucho menos crecer.
En el evento de presentación de este reporte, donde Gestión estuvo presente, diversos analistas dieron sus impresiones sobre qué está detrás del dato y cómo cambiar el panorama. Aquí lo más destacado.
“Impuesto” invisible
El 43% de las empresas encuestadas, entre las que están mypes, pymes y gran empresa, respondieron a Ipsos que fueron fiscalizadas por entidades como la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), las municipalidades o la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en los últimos 12 meses.
Con ello en mente, Alex Córdova, presidente del Comité Tributario de la Confiep, advirtió que el enfoque punitivo de los controles estatales puede condenar la sostenibilidad de las mypes.
“Ese es el gran problema en la fiscalización. Tiene un carácter más sancionador que orientador. Se castiga con severidad infracciones formales y pueden llegar al absurdo de multar por valores que superan el 100% de sus ingresos. Eso lleva a la informalidad”, criticó.
Vinculado a ello, Daniel Hermoza, director del Centro de Estudios de la Mype en Mype Unidas del Perú, recalcó que las mypes tampoco perciben que exista un retorno por sus aportes al fisco al formalizarse.
De hecho, el 74% de las empresas encuestadas por Ipsos respondió que sienten que reciben menos de lo que aportan al Estado peruano. En las mypes, el porcentaje es de 70% y, al igual que en otras consultas, el grado de respuesta se eleva si crece el tamaño empresarial. En la gran empresa, el 91% comparte esta percepción.
A su turno, David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad (CPC), indicó que para revertir este panorama sería crucial que entidades como la Sunat apliquen un “perfil de riesgo” y poder concentrarse en quienes realmente incumplan la ley.
“Lo valioso de este estudio es que resalta cómo a medida que una empresa crece, la presión es mayor. Es un reflejo de que el Estado desincentiva a crecer. Es como un impuesto al crecimiento. Debes ser demasiado productivo para asumir esa incertidumbre que genera el Estado y sobrevivir”, concluyó.
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No es un asunto solo de pequeñas empresas
Otro aspecto que deja claro el informe de Ipsos y Comex es que no solo las mypes enfrentan la “incertidumbre” que genera el Estado para su sostenibilidad. La gran empresa también percibe lo mismo.
De acuerdo con el estudio, el 82% de las grandes empresas identificó el manejo de fiscalizaciones como su principal problema frente al aparato estatal, mientras que un 47% señaló que los inspectores de la Sunat cambian de criterio con frecuencia durante los procesos de auditoría.
A ello se suman otras dificultades en la relación con el Estado. El 80% calificó como mala o muy mala su capacidad para cruzar información y evitar la duplicidad de trámites; el 68% identificó la dificultad legal para desvincular personal por bajo desempeño como su mayor barrera laboral.
“Los cambios de opinión de la Sunat hacen mucho daño. Eso debería prohibirse. Su nuevo criterio debe regir solo hacia el futuro, para no perjudicar a los contribuyentes. Hubiese sido deseable que estuviese en el pedido de delegación de facultades”, propuso el vocero de la Confiep.
Bajo esa mirada, Tuesta refirió que en el CPC hicieron una revisión de quién “ganó” en los casos que analizó el Tribunal Fiscal (TF) entre el 2024 y el 2025. ¿El resultado? En el 60% de las veces, la gran empresa tuvo la razón frente a la Sunat.
Congreso “toma nota”
En la presentación de este reporte estuvo presente Eduardo Castillo, congresista fujimorista que ha sido escogido presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados. El diputado tuvo unos minutos para reflexionar sobre el rol del Congreso frente a esta problemática.
Castillo reveló que, en el marco del pedido de facultades legislativas solicitado por el Ejecutivo, la Comisión de Constitución le ha encargado a su grupo de trabajo analizar 6 puntos de esta solicitud del Gobierno.
Eduardo Castillo, congresista fujimorista, será presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados. (Foto: Congreso).
El ahora diputado, pero que formó parte del anterior Congreso, dijo también que, aunque el Congreso no tiene iniciativa de gasto, han sido los incentivos tributarios los que han dado margen a las mypes para “ponerse al día” en el pago de sus multas y avanzar.
Castillo comentó también que, bajo su presidencia, la Comisión de Trabajo retomará una visión “pro inversión” que, a su criterio, no ha tenido en los últimos años.
Periodista económico con más de 5 años de experiencia en el rubro. Conductor de "En Clave Económica" de Diario Gestión en YouTube. Licenciado en Comunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cubro temas vinculados a proyectos de inversión público y privada en más de una modalidad y hago seguimiento a diversos sectores económicos.
