Lo intentó la izquierda del último Congreso unicameral y ahora lo retoma el bicameral. Diputados de Juntos Por el Perú (JP) y Ahora Nación (AN) han presentado dos proposiciones legislativas que buscan derogar los beneficios tributarios de la ley 32434, también conocida como la nueva Ley Agraria.
Los congresistas Analí Márquez (JP) y César Holguín (AN), honrando promesas de campaña, ingresaron al Legislativo propuestas que ya aguardan debate en las comisiones de Desarrollo Agrario y Economía. Si bien persiguen un mismo objetivo, su alcance es diferenciado. ¿Qué argumentan y cómo cambiarían los beneficiarios de la norma? Aquí los detalles.
Derogar y reducir beneficiados
Márquez fue la primera en presentar un proyecto con este fin el pasado 20 de agosto. Su idea es sencilla: busca modificar los artículos 3 y 4 de la ley 32434 para limitar el tipo de empresas que pueden acogerse a los beneficios tributarios que plantea la norma.
Así, plantea que se consideren como “empresas agrarias” a las que ingresen anualmente más de 150 UIT (S/ 825 mil) hasta 2,300 UIT (S/ 12.6 millones).
De igual forma, al modificar el artículo 4, plantea textualmente que no puedan “acogerse a ninguno de los beneficios económicos o de cualquier otra naturaleza establecidos en la presente ley” todos los productores agrarios y agroindustriales que superen los S/ 12.6 millones de ingresos netos al año.
Pero la propuesta de Márquez no busca derogar los beneficios de la nueva Ley Agraria como tal. Holguín, que presentó su proposición legislativa un día después que su colega, sí lo quiere.
Específicamente busca derogar los artículos 12, 13 y 14 de la norma, que son precisamente los que reducen el Impuesto a la Renta (IR) a una tasa del 15% entre 2026 y 2035 para este sector; el que crea un régimen especial de depreciación hasta el 2035 y una deducción adicional por compras a pequeños productores agrarios.
El diputado de AN también busca “ajustar” el universo de beneficiarios de esta norma agraria, pero su estándar es más restrictivo que el de Márquez. Vía una disposición complementaria que se incorporaría, se establecería como “sujetos no comprendidos en los beneficios tributarios” a toda empresa agraria que supere las 150 UIT (S/ 825 mil) en ingresos netos.
Al respecto, Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) lamentó que el nuevo Congreso retome esta intención, ya que haría mucho daño a un sector que ya padece golpes adversos por el Fenómeno El Niño (FEN).
Basados en el Consejo Fiscal y el MEF
En su exposición de motivos ambos legisladores citan diversos informes del Consejo Fiscal (CF) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para justificar sus iniciativas.
Se recuerda, por ejemplo, un informe técnico del CF en 2025, emitido previamente a la aprobación de la Ley 32434, que señala textualmente que el otorgamiento de “múltiples beneficios tributarios al sector agrícola implicaría un costo fiscal aproximado de S/ 1,170 millones anuales”.
Holguín lo usa para indicar que ese monto es el ahorro del que ahora gozan “las grandes empresas agroindustriales”, aunque el CF en su reporte aclara que dicho monto incluye también beneficios a pequeños productores agrarios (con menos de 150 UIT de ingresos al año), como la exoneración del IR a las primeras 30 UIT de ingresos anuales.
Desde 2024, cuando aún se debatía en el Congreso, el MEF cambió su postura respecto a extender beneficios tributarios a la agroexportación. (Fuente: Andina).
“El costo fiscal de la medida propuesta tendría un impacto sobre el cumplimiento de las reglas fiscales. Alertamos que este costo es de S/1,888 millones anuales, lo que implicaría, por ejemplo, dejar de recaudar un monto que equivale a 20.7% del presupuesto de inversión en educación, a casi 13% del presupuesto de previsión social y a 12% del presupuesto de orden público y seguridad”, planteó entonces el ministerio.
Sobre ello, Jorge Sandoval, Docente de la Maestría de Agronegocios de ESAN, remarcó que, si bien es importante analizar el gasto, el dato no puede verse de forma aislada, menos al tratarse de una ley con menos de un año de vigencia.
“La evidencia al día de hoy es insuficiente por el tiempo transcurrido. No solo hay que ver cuánto deja de recibir el Estado por el incentivo, hay que evaluar otros indicadores, como la mejora en la producción, empleo, compra a pequeños productores y más”, agregó.
¿Momento de cortar beneficios?
AGAP indicó que buscará acercarse a los congresistas para explicar el alcance de la nueva Ley Agraria. (Foto: Congreso).
Sobre ello, Rafael Zacnich, Gerente de Estudios Económicos de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), sostuvo, como Sandoval, que es prudente revisar periódicamente el impacto de las exoneraciones tributarias. Pero, específicamente sobre la Ley Agraria consideró que está más justificada que otras.
“La OCDE recientemente, al analizar otros incentivos como los de hoteles y restaurantes apunta a que no estaría elevando la productividad. En el caso de lo agrícola, hace mucho más énfasis en el sobrecosto que genera el llamado bono beta. Son asuntos, vinculados a la informalidad del sector, que el Congreso podría evaluar (en vez de replantear la ley)”, planteó.
Consciente de ello, Amaro aseguró que AGAP buscará dialogar con los congresistas. “Esperamos que sea un tema de desconocimiento. Tenemos disposición de explicarles el alcance de la nueva Ley Agraria”, refirió.
Periodista económico con más de 5 años de experiencia en el rubro. Conductor de "En Clave Económica" de Diario Gestión en YouTube. Licenciado en Comunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cubro temas vinculados a proyectos de inversión público y privada en más de una modalidad y hago seguimiento a diversos sectores económicos.
