El Poder Ejecutivo de Perú aprobó la Política General de Gobierno para el período 2026-2031. Mediante Decreto Supremo 127-2026-PCM, se oficializó este marco con tres objetivos claves: “ordenar el Estado para recuperar la seguridad, destrabar el crecimiento y convertir las decisiones públicas en resultados”.
“La política aprobada constituye una hoja de ruta que orientará el accionar del Gobierno, bajo cinco ejes prioritarios para acortar las brechas sociales y garantizar los derechos fundamentales de la población”, señaló Luis Galarreta, titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Estos son:
- Reducir la inseguridad ciudadana que vulnera la vida, la integridad y las actividades económicas de la población.
- Reducir la vulnerabilidad de la población, de los ecosistemas y los medios de vida frente a desastres y al cambio climático.
- Fortalecer el desarrollo integral de las personas y sus oportunidades a lo largo del curso de vida.
- Elevar la productividad del país, con empleo formal e integración económica del territorio.
- Consolidar la gobernabilidad democrática y el Estado de derecho para fortalecer las instituciones y gestionar los conflictos.
Los ejes se desagregan en al menos 30 lineamientos de aplicación inmediata por todas las entidades del Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales y sus entidades adscritas en el marco de sus competencias, se precisó en la norma legal.
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Lineamientos de productividad
De la lista de lineamientos, un grupo de destaca porque se enfoca en la productividad en el Perú. De hecho, el primer lineamiento es “elevar los niveles de competitividad y productividad de las micro y pequeñas empresas (mypes), cooperativas u otras formas asociativas, fortaleciendo su articulación con el mercado, acceso al financiamiento, desarrollo de su madurez digital, así como sus capacidades técnicas, de gestión e innovación”.
El segundo es incrementar el acceso a empleo decente formal y productivo, con un foco especial para los jóvenes y la población en situación de vulnerabilidad.
Para esto, proponen “esquemas de incentivos y otros estímulos económicos, así como la optimización de los servicios y programas de empleo, de capacitación e inserción laboral, y el fortalecimiento del sistema de inspecciones”.
Alfredo Thorne, extitular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), destacó que se ponga el foco en elevar la productividad para trasladar este resultado a los niveles de formalidad.
“La razón por la que no hay más formalización en el país tiene que ver con un tema de productividad de la pequeña empresa. Si realmente destrabamos la formalización allí, generamos incentivos para que las pequeñas puedan escalar a medidas o grandes con el tiempo, se podrá formalizar la fuerza laboral”, describió.
Agregó que los cálculos estiman que un trabajador formal es hasta tres veces más productivo que uno informal. Su impacto también es transversal.
“Vamos a ganar formalización y las consecuencias [de esto] cruzan a través de diferentes sectores. Va más allá de lo laboral y alcanza a temas de infraestructura y otros. También tiene un impacto social considerable. Nos caracterizamos por haber reducido la pobreza, pero debemos estar en la capacidad de darles, al salir de ese umbral, un trabajo digno”, mencionó.
Transformar la industria e incentivos
Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama, consideró que, aunque no es “nuevo” que se coloque el foco sobre el actual nivel de productividad, sí se observa un enfoque más integral.
“La apuesta por la productividad laboral es la base de todo país. Sin embargo, Perú registra uno de los niveles más bajos en toda la región. La productividad chilena casi triplica a la peruana y la colombiana casi nos duplica”, refirió.
Para Toyama, los cambios en los niveles de productividad deben empezar por buscar transformar la industria nacional, en la que los sectores primarios solo extraen los recursos y los exportan. Esto tiene una vinculación directa también con diversos pendientes y brechas en temas digitales y tecnológicos.
“El Estado tiene que estimular tremendamente la inversión en sectores como manufactura y tecnología. Pero hoy no se tienen políticas sectoriales o que fomenten la inversión o contratación”, cuestionó.
En la política general se contemplan “esquemas de incentivos” para contrataciones, pero Toyama comentó que ya existen actualmente y son mínimamente usados por su falta de fomento gubernamental.
La aprobación de este documento calza con la reciente presentación del proyecto de ley del Poder Ejecutivo para obtener la delegación de facultades. Aunque se consideraron algunas medidas de corte laboral en el texto, Toyama observó que se dieron pocos detalles sobre los primeros pasos del Gobierno de Keiko Fujimori para elevar la productividad.
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Seguridad jurídica en el centro
En el eje de elevar la productividad del país, la política general también incluye la importancia de “garantizar condiciones de seguridad jurídica para la inversión nacional y extranjera, promoviendo un marco regulatorio eficiente, simple, transparente y predecible que reduzca la incertidumbre y contribuya a un entorno favorable para los negocios”.
Thorne indicó que este es un tema clave y está asociado al desarrollo institucional, que precisamente se ha debilitado en los últimos años.
“Es un tema bastante gaseoso hoy. Aunque está muy bien definido en la Constitución, no es bien aplicado. El mejor ejemplo es el número de arbitrajes internacionales que tiene el Perú. El Estado es el principal promotor de esta inestabilidad”, señaló.
“Otro ejemplo son las Asociaciones Pública Privadas (APP) y, puntualmente, el Anillo Vial Periférico. Se ha aprobado un proyecto, pero tienen que expropiarse una buena parte de terrenos, cuando debería haberse hecho antes”, complementó.
En todo este escenario, Toyama también cuestionó que esta política gubernamental debe plantearse para un escenario más allá del lustro. “Debemos apuntar a políticas de Estado más que de solo gobiernos. Los grandes cambios han ido por esa línea”, refirió.
Foco también en inseguridad
En el eje referido a reducir la inseguridad ciudadana que vulnera la vida, la integridad y las actividades económicas de la población, uno de los lineamientos es “recuperar el control y uso seguro de los espacios públicos y territorios afectados por la violencia y las economías ilícitas”.
Al respecto, Thorne indicó que el abordaje de esta grave problemática debe dimensionar su alcance en diferentes sectores: minería ilegal, transporte urbano, forestal, entre otros.
“Lo que hemos tenido en los últimos años es que, simplemente, en lugar de que el Estado converja a la formalidad se ha ido hacia la informalidad con reglas absurdas. En el caso del transporte urbano, por ejemplo, se les da beneficios tributarios, pero no se les pido un planteamiento básico de formalización”, cuestionó.
Otro ejemplo que citó es el de la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). “Este registro es el ejemplo más claro de normas absurdas cuando se quiere luchar contra la criminalidad, pues ha sido usado como protección para que los ilegales operen. Hoy el Gobierno tiene que recuperar territorios liberados, como Trujillo”, subrayó.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
