La ciudad de Trujillo se ha vuelto uno de los focos más evidentes y sanguinarios de la criminalidad descontrolada que hoy azota al país. El fin de semana, cuatro personas fueron asesinadas y otra fue secuestrada en un atentado ligado a relaciones alrededor de la minería ilegal, la economía ilícita nacional más grande en la actualidad y que sirve como fuente de financiamiento para otras como las extorsiones.
Hacia la tarde de ayer, la persona retenida fue liberada, aunque está en investigación si se trató de una acción por parte de las fuerzas policiales o una liberación, producto del pago de una recompensa. Este es solo un caso entre varios atentados más que muestran su severo y múltiple impacto perjudicial.
Golpe económico a La Libertad
El dato más reciente sobre la economía de La Libertad tiene como corte el cierre de este primer trimestre. A esa fecha, dicha región marcó un avance de 2.3%, por debajo del promedio nacional de 3.5%.
Esto significó una ligera aceleración respecto al crecimiento de apenas 1.9% durante el 2025 y luego de expandirse más de 6% en el 2024, explicado en un rebote luego de la contracción de más de 2% en el 2023.
Carlos León, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes) y quien reside en dicha región, apuntó en primera instancia que hoy no se puede hablar, al menos en La Libertad, de actos delictivos individuales, sino que se trata de un escenario de economías del crimen que están fuertemente vinculadas y financiadas entre sí.
Un acumulado del impacto del crimen en La Libertad en diversos sectores presenta que alrededor de la tercera parte de su Producto Bruto Interno (PBI) está altamente expuesto, en la actualidad, a las actividades delictivas.
Un primer aspecto apunta al rubro de “otros servicios”, que representa más del 22% de su PBI regional; y al de comercio, con un peso de más de 10%.
“En los sectores de servicios y pequeños negocios la tasa de extorsión representa entre el 1% y 2% del total de ingresos, los cuales oscilan entre los S/ 15,000 hasta S/ 50,000. En estos casos los cobros son con amenazas directas”, explicó.
El economista añadió que esta actividad delincuencial está generalizada. “La muestra es que tú caminas y ves varios stickers de seguridad. La Policía le echa la culpa a un solo grupo, pero son varios”, complementó.
En el caso de la construcción, que significa casi el 6.5% del total de su PBI, León explicó que en La Libertad se tiene mayoritariamente la que es de mediano tamaño. Agregó que está altamente expuesta, pero bajo otro mecanismo.
“A la mediana construcción no se le cobra directamente una extorsión como cupos, sino que es por la vía de proveedores. Se les obliga a contratar los servicios de seguridad o limpieza mediante empresas que constituyen los mismos delincuentes”, explicó.
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Otro sector es la minería, que representa junto a hidrocarburos el 7.4% del PBI regional. León precisó que la ilegalidad está enfocada, principalmente, en la minería de oro, por lo que el espacio expuesto altamente sería de 3%, aproximadamente.
También aparece en este lamentable escenario el rubro de transportes, que vinculado a correo pesa más de 6% en el PBI departamental. “El transporte de pasajeros y de carga está sometido al crimen y las extorsiones. Aquí la exposición sería de 2% aproximadamente”, anotó.
De otro lado, alojamiento y restaurantes, con un valor de 2.2% del PBI regional, está en casi su totalidad perjudicada por el avance campante de la delincuencia, explicada mayormente en la extorsión.
“Agropecuario y manufactura están entre las principales actividades económicas de la región, pero por ser industrias grandes, negocios sólidos, no logran ser penetradas por el crimen”, agregó el economista.
Panorama legal y estados de emergencia
Gestión identificó que Pataz, unas de las provincias de La Libertad más azotadas por la minería ilegal, se encuentra hace tiempo bajo estado de emergencia, que supone la restricción y/o suspensión del ejercicio de una serie de derechos constitucionales, además de la presencia de las fuerzas armadas, entre otros.
Precisamente, fue en febrero del 2024 que la provincia entró a este régimen. Desde entonces, se efectuaron 19 prórrogas, de entre 30 y 60 días. Actualmente, el Decreto Supremo 113-2026-PCM, del 24 de julio, plantea este escenario hasta inicios de octubre.
En todo este tiempo, sin embargo, se tuvo atroces crímenes como la matanza de más de 10 mineros, quienes fueron secuestrados, torturados y encontrados en unos socavones.
Al respecto, especialistas advirtieron que su sola vigencia no garantiza una reducción de delitos como la extorsión, el secuestro o el sicariato.
Andy Carrión, abogado penalista y socio del Estudio Carrión, explicó que la emergencia puede ser útil cuando responde a una finalidad específica: por ejemplo, cuando existe una organización criminal identificada, se conocen sus zonas de actuación y el despliegue extraordinario permite intervenir para capturar a sus integrantes. Sin esos objetivos, considera que colocar policías y militares en las calles termina generando principalmente un efecto simbólico.
Carlos Caro Coria, socio fundador & CEO de Caro & Asociados, coincidió en que se trata de una herramienta de alcance limitado. La emergencia facilita intervenciones, pero no genera por sí misma mayor inteligencia criminal, ni acelera las investigaciones fiscales ni corrige las debilidades de las instituciones encargadas de combatir el delito.
Por ello, ambos cuestionaron que las prórrogas se conviertan en una respuesta automática. Carrión indicó que deberían contrastarse los niveles de criminalidad antes y después de la declaratoria y determinar si permitió capturar cabecillas o desarticular organizaciones.
Caro añadió indicadores como homicidios, denuncias por extorsión y secuestro, condenas obtenidas y patrimonio criminal afectado.
Para ambos penalistas, el principal problema no es la falta de herramientas legales. Actualmente, existen mecanismos como interceptaciones, geolocalización, agentes encubiertos, colaboradores eficaces, testigos protegidos e inteligencia financiera.
Carrión consideró que falta concentrar recursos, personal y logística en las organizaciones más peligrosas. Caro apuntó también a fiscalías desbordadas y deficiencias en el sistema penitenciario. Por ello, advirtió que aprobar más normas no resolverá por sí solo el problema: “Un Estado que no ejecuta sus leyes no mejora aprobando leyes nuevas”.
Ante un pedido de delegación de facultades del Ejecutivo, consideraron que sí se contienen medidas que podrían agilizar la persecución criminal. Entre ellas están los cambios sobre identificación y geolocalización de equipos, comunicaciones ilegales desde penales y el subsistema especializado contra la extorsión.
Carrión destacó que la geolocalización ya existe, por lo que el verdadero avance sería hacer más rápido el procedimiento. Caro coincidió: en un secuestro, obtener información en minutos y no en días puede resultar decisivo.
Sin embargo, ambos remarcaron: sin inteligencia, recursos y capacidad operativa, las nuevas facultades tendrán un impacto limitado. Para Caro, además, se debe seguir el patrimonio y los flujos financieros de las bandas: “Capturar sicarios es reaccionar. Quebrar la caja es prevenir”.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.
