La iniciativa fue presentada mediante un oficio dirigido a la Presidencia del Congreso y plantea que el Parlamento autorice al Ejecutivo a emitir decretos legislativos en distintas áreas consideradas prioritarias por el Gobierno.
Para conocer el texto completo de la solicitud de facultades legislativas puede hacer click en este enlace.
Seguridad ciudadana concentra parte importante de la propuesta
Uno de los principales bloques de la iniciativa está relacionado con la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen. El proyecto propone modificar normas vinculadas con el rastreo, localización y geolocalización de equipos móviles, así como el bloqueo de dispositivos utilizados ilícitamente.
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También se plantea reforzar el control sobre armas de fuego, municiones, explosivos y productos pirotécnicos, además de reformar el sistema penitenciario para fortalecer tanto la seguridad como los mecanismos de reinserción social.
Entre las medidas figura, además, la regulación de la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en determinadas acciones de seguridad y de apoyo operativo en establecimientos penitenciarios, dentro del marco constitucional vigente.
Uno de los puntos más llamativos es la propuesta de establecer un marco legal que declare a las organizaciones criminales como organizaciones terroristas, así como crear mecanismos de clasificación y registro.
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Apoyo a las micro y pequeñas empresas
Otro eje del documento está dirigido a las micro y pequeñas empresas. El Ejecutivo propone reducir barreras administrativas para facilitar su formalización y permanencia en la economía formal.
Además, se propone fortalecer la Red de Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE), así como facilitar transferencias financieras de gobiernos regionales y locales para ampliar estos servicios.
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El régimen societario de las empresas también sería objeto de modificaciones, incluyendo cambios al modelo de Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada (SACS) para fortalecer la formalización, productividad y competitividad de los emprendimientos y negocios
Cambios en materia laboral y empleo juvenil
En materia laboral, el proyecto busca establecer medidas para enfrentar los problemas de empleo, empleabilidad y autoempleo de la población juvenil.
Entre las medidas también se incluye la posibilidad de establecer bonos de productividad e incentivos por desempeño para el sector privado, además de modificaciones al tratamiento de las indemnizaciones para trabajadores de dirección y personal de confianza.
El Ejecutivo plantea, además, fortalecer el marco de la actividad laboral privada, contemplando un régimen que fomente la formalización. De otro lado busca modificar el régimen de feriados no laborables, con objetivos de optimizar su uso para fomentar la productividad, conciliar la vida laboral y familiar y promover el turismo.
Simplificación administrativa y transformación digital
La propuesta también concede un espacio importante a la reforma de la administración pública. El Ejecutivo busca modificar procedimientos administrativos, reducir cargas burocráticas y mejorar la prestación de servicios estatales.
Otro componente es la transformación digital, incluyendo la implementación de plataformas públicas digitales interoperables, gestión documental digital, credenciales digitales y firmas electrónicas.
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El proyecto plantea, además, cambios al régimen de barreras burocráticas y medidas para hacer más efectivos los mecanismos destinados a garantizar el cumplimiento de las resoluciones administrativas.
Además buscan derogar la Ley N.° 32645, Ley que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP), y dictar las disposiciones complementarias y transitorias necesarias para regular los efectos derivados de su derogación.
Asimismo el documento explica la necesidad de fortalecer el régimen aplicable a los derechos de tramitación de las entidades públicas. Esto a fin de promover su adecuada determinación conforme a la metodología de determinación de costos de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad.
Desarrollo productivo, agricultura y recursos naturales
La delegación también comprende un extenso paquete de medidas vinculadas con el desarrollo industrial, innovación, agricultura, riego, recursos hídricos, pesca, acuicultura, minería, turismo, hidrocarburos y electricidad.
En el sector agrario, se plantean medidas para optimizar los marcos normativos de la sanidad agraria, mejorar la asistencia técnica, impulsar la innovación y facilitar el acceso a créditos, garantías y seguros.
También se busca modernizar instrumentos de financiamiento para productores, fortalecer la asociatividad agraria y mejorar los mecanismos de comercialización y acceso a mercados.
Según la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), la propuesta de delegación de facultades permitiría ampliar las posibilidades de perforación en el subsuelo de estas zonas. (Foto: Difusión)
Además precisa promover la recuperación, conservación y manejo sostenible de las tierras de uso agrícola y de pastoreo, suelos, pastos naturales y forrajes; modificar y fortalecer el régimen de recursos forestales y de fauna silvestre, incluyendo el aprovechamiento sostenible e integral del patrimonio forestal y de fauna silvestre
Asimismo se pretender promover el régimen de recursos forestales y de fauna silvestre, incluyendo el aprovechamiento sostenible e integral del patrimonio forestal y asegurar el fortalecimiento del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) como Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.
El proyecto incorpora medidas relacionadas con la protección de productores frente a eventos climáticos, la adaptación al cambio climático y el fortalecimiento de la participación económica de mujeres rurales e indígenas.
Se incluyen cambios tributarios
El pedido del Ejecutivo también contempla una serie de modificaciones en materia tributaria y aduanera. Entre ellas figura la simplificación y optimización de los regímenes tributarios y de las obligaciones formales de las empresas, además de cambios al Código Tributario.
El proyecto también busca modificar el marco aduanero y de facilitación del comercio exterior para reducir costos y tiempos e impulsar las exportaciones.
La propuesta incorpora además medidas para impedir el ingreso al país de mercancías elaboradas total o parcialmente mediante trabajo forzoso, incluyendo su prohibición de importación. Además, plantea establecer un marco para las indemnizaciones prestablecidas por infracciones a derechos de propiedad intelectual.
Otro de los puntos es la modificación de la normativa de Obras por Impuestos, con el objetivo de ampliar su aplicación a proyectos vinculados con gestión del riesgo de desastres, infraestructura de defensa civil y construcción de viviendas rurales para población damnificada. El proyecto también contempla procedimientos simplificados para las IOARR de emergencia.
En cuanto a la reforma del Estado, el Ejecutivo plantea cambios para mejorar la eficiencia y eficacia del Poder Ejecutivo, así como fortalecer la gestión de recursos humanos bajo criterios de meritocracia.
La propuesta incluye requisitos de idoneidad para funcionarios, directivos y personal de confianza, además de incentivos económicos voluntarios para servidores que opten por su salida. El propio proyecto precisa que esta facultad no comprende el despido o destitución de trabajadores con estabilidad laboral.
La iniciativa también busca modificar las reglas sobre integridad pública y responsabilidad funcional, especialmente para funcionarios que participan en proyectos de inversión pública y asociaciones público-privadas, con el argumento de evitar que los mecanismos de control terminen inhibiendo decisiones públicas legítimas.
Sedapal, inteligencia y atención de emergencias
El Ejecutivo también solicita facultades para fortalecer el Sistema de Inteligencia Nacional y la DINI, así como para modificar el sistema presupuestario e implementar un enfoque de presupuesto top-down.
En materia de emergencias, se plantea otorgar al INDECI la capacidad de disponer y ejecutar directamente, de manera excepcional, la entrega de bienes de ayuda humanitaria durante los primeros 15 días posteriores a una emergencia o desastre, priorizando a la población vulnerable.
Vivienda y acceso al agua
El paquete también alcanza al sector vivienda y saneamiento. El proyecto propone establecer soluciones alternativas para garantizar la factibilidad de servicios de agua y saneamiento en proyectos de Vivienda de Interés Social, además de priorizar terrenos destinados a este tipo de vivienda dentro de los planes regionales.
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Asimismo, se plantea crear un régimen registral especial y simplificado para acelerar la inscripción de actos y derechos vinculados con proyectos de Vivienda de Interés Social, y modificar las normas que regulan el Bono Familiar Habitacional y los bonos destinados a familias damnificadas.
El Ejecutivo también busca establecer un esquema integral de subsidios cruzados focalizados para los servicios de agua potable y saneamiento, además de ampliar el acceso mediante soluciones tecnológicas temporales para proyectos de vivienda social y nuevas habilitaciones urbanas.
El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Mauricio Arnillas, llegó hasta la zona afectada en Villa El Salvador. Foto: MVCS.
Finalmente, la propuesta contempla optimizar la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), adecuando la vigencia de los certificados al nivel de riesgo de cada establecimiento para reducir cargas administrativas en locales de riesgo bajo y medio.
Una delegación de amplio alcance
En conjunto, la propuesta no se limita a un solo sector. El proyecto abarca seguridad, justicia, empleo, MYPE, transformación digital, agricultura, pesca, minería, ambiente, infraestructura, comercio, tributación y reforma del Estado.
El pedido del Ejecutivo deberá ser evaluado por el Congreso, que tendrá que determinar qué facultades concede, durante cuánto tiempo y bajo qué materias y límites específicos.
La amplitud de la solicitud convierte a esta delegación en una iniciativa de alto impacto, debido a que permitiría al Ejecutivo modificar un número considerable de normas mediante decretos legislativos durante el periodo autorizado.
El proyecto precisa que las facultades delegadas no comprenden aquellas materias que, por mandato constitucional, no pueden ser delegadas.
Asimismo, cualquier habilitación o modificación presupuestaria necesaria para aplicar las medidas deberá sujetarse a la Ley de Presupuesto y a las disposiciones de la Constitución.
Los gastos que demande la implementación de estas medidas serán financiados con los recursos ya asignados en el presupuesto de cada sector.
