La Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, liderada por la legisladora Yenifer Paredes, aprobó por unanimidad un nuevo plan de trabajo luego de los cuestionamientos que recibió su propuesta inicial.
Entre los principales cambios figura el retiro de las inspecciones inopinadas a empresas privadas y una mayor apertura en las audiencias del sector minero-energético.
El documento aprobado, de 22 páginas, reemplaza la versión inicial de 16 páginas y modifica los apartados referidos a fiscalización, control político y participación ciudadana.
Los cambios se produjeron luego de que legisladores de distintas bancadas y especialistas advirtieran sobre posibles excesos en las facultades de control sobre empresas privadas, además de cuestionar una eventual atención preferente a organizaciones vinculadas con la minería informal.
Eliminan visitas inopinadas a privados
Uno de los principales ajustes establece que la comisión no podrá realizar visitas inopinadas ni acciones de control político sobre empresas privadas.
La propuesta original contemplaba inspecciones de campo sin previo aviso en obras públicas y privadas en ejecución. La nueva versión limita estas visitas a obras y establecimientos públicos.
En caso de que los parlamentarios requieran ingresar a una propiedad o infraestructura privada, deberán contar con la autorización escrita y formal del titular de la empresa.
Audiencias tendrán participación de más actores
La comisión también modificó el esquema de sus audiencias públicas descentralizadas. El nuevo plan establece una participación plural de los distintos actores vinculados con el sector.
Además de pequeños mineros y mineros artesanales, las audiencias podrán incluir a empresas de mediana y gran minería, comunidades campesinas y nativas, gobiernos regionales y locales, organismos públicos especializados y gremios empresariales.
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Con ello, la comisión busca ampliar el diálogo sobre la actividad minero-energética y evitar una representación concentrada en un solo sector.
Control político se limitará a entidades públicas
El nuevo documento precisa que el control político de la comisión estará dirigido exclusivamente a instituciones públicas y organismos autónomos.
Respecto a la minería ilegal, la comisión mantendrá el seguimiento de la problemática, pero el plan señala que estas acciones no reemplazarán las labores de fiscalización administrativa que corresponden a entidades como Osinergmin, OEFA y Sunafil.
El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno. Foto: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC
