La inversión minera transita un positivo momento. En junio, el dato más reciente difundido, volvió a acelerarse y registró un desemboldo de US$ 662 millones, un incremento interanual de casi 40% y de más de 10% respecto a su mes previo, según el Ministerio de Energía y Minas (Minem).
Con esto, en el primer semestre se acumuló una inversión en el sector de US$ 3,304 millones, un incremento de más de 42% respecto al mismo periodo del 2025.
Sin embargo, en este contexto dinámico de crecimiento a tasas de doble dígito, las inversiones destinadas a exploraciones parecen haberle “soltado la mano” a la tendencia. Esto cobra especial relevancia en un contexto de competencia de los diferentes países para aprovechar la coyuntura de altos precios de los metales.
Entre todos los rubros en minería que crecieron, las exploraciones fueron las menos dinámicas. En junio, el desembolso ascendió a US$ 66 millones, apenas un incremento de 2.8% respecto al mismo mes del 2025. La inversión en este rubro también fue la segunda menor entre todas, solo por delante de lo destinado a equipamiento minero (US$ 59 millones).
Visto el primer semestre, el rezago de este sector es incluso mayor. Las inversiones destinadas a exploraciones fueron las que menos crecieron, con solo 1.3%, luego de acumular un monto de US$ 336 millones. Salvo lo orientado para equipamiento minero que se contrajo, el resto de rubros creció a doble dígito.
Al cierre de junio, el desembolso en exploraciones es el que menor participación tiene entre todas las inversiones mineras, con 10.2%. Incluso, menor a lo destinado a equipamiento.
Para dimensionar la actualidad de la exploraciones también vale decir que, mientras la cartera de inversión minera, a junio de este año, contempla 66 proyectos por más de US$ 64,000 millones; la de exploración, con revisión a marzo presente, registra 69 proyectos por un monto de solo US$ 757 millones.
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Desventaja para Perú
Países vecinos se presentan fuertemente en la competencia para explotar el escenario proyectado de alta demanda de minerales. En este sentido, el estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU) compartió con Gestión un análisis, en exclusiva, sobre las diferentes condiciones regulatorias para que se concreten las exploraciones mineras.
La evaluación abordó a jurisdicciones con un componente minero relevante y comparables por su información disponible. Así, se consideró a Perú, Chile, Colombia y la provincia de Salta (en representación de Argentina, donde cada provincia tiene sus propias terminologías y la mencionada es una de las que más facilita la exploración).
Rafael Lengua, socio del área minera de PPU, señaló que el principal hallazgo es que el Perú es el que más requisitos exige entre los países de la región seleccionados para iniciar perforaciones.
Visto por la cantidad de trámites que se le requiere a una empresa, Argentina (con el caso de Salta) presenta el menor número con un total de cinco, le sigue Chile con seis.
En tanto, Perú y Colombia encabezan este comparativo con siete trámites cada uno, aunque hay un matiz: la economía colombiana es la menos activa en minería entre las seleccionadas. En nuestro país este sector aporta alrededor del 10% de su Producto Bruto Interno (PBI).
Un aspecto destacado en el análisis de Perú es que incorpora, dentro de sus requisitos, dos permisos arqueológicos específicos –el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) y el permiso del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA)–, que no tienen equivalente en los demás países.
Aunque estos requisitos juegan un rol clave, Lengua indicó que no son necesariamente los que “más están demorando” el inicio de los proyectos de exploración. Apuntó que, básicamente, el cuello de botella se presenta por la certificación ambiental.
“Ciertos permisos en los otros países son condicionales y su exigibilidad depende de las características de cada proyecto. Por ejemplo, Colombia es el único que no exige certificación ambiental para proyectos de exploración. Varios permisos ambientales solo se requieren si los accesos o plataformas cruzan cauces o si existen vertimientos”, destacó el análisis.
“Cada jurisdicción tiene sus propias particularidades y problemáticas, pero ciertamente el tiempo en la obtención de la certificación ambiental es un problema relativamente común”, complementó Lengua.
Precisamente, un segundo aspecto interesante identificado en el análisis de PPU es el tiempo estimado que demora perforar, considerando el cumplimiento de los requisitos planteados. El inicio de la perforación tarda más en Chile, alrededor de 19 meses, frente a plazos más acotados en Perú y Colombia (12 meses aproximados en cada uno) y Argentina (alrededor de 13 meses).
Sin embargo, la brecha entre el plazo legal y el real es “sustancial”, afectando directamente la previsibilidad que otorga cada país. El análisis de PPU señaló que, si bien Perú regula expresamente los plazos para la obtención de los permisos, en la práctica no se cumplen y pueden extenderse por observaciones y demoras.
“El plazo real triplica o cuadriplica el legal. Esta es una de las mayores problemáticas. El estimado para Perú es de 12 meses, pero puede ser 20, tranquilamente. A esto se suman sobrecargas como una alta rotación de funcionarios, factores que un inversor no controla necesariamente. Si agregas que el proyecto está en una zona ambiental sensible o exige consulta previa, puedes superar los dos años solo para poder perforar”, describió Lengua.
Este escenario adverso se replica en los otros países. “Colombia fija plazos legales para algunos permisos ambientales, pero buena parte del procedimiento no está reglado y no existen plazos definidos para algunas etapas. Argentina es el más variable por su naturaleza federal, con plazos que dependen de cada provincia y trámites de servidumbre que suelen quedar inconclusos durante años. En Chile, los tiempos varían según el proyecto y se espera que la nueva Ley Marco de Permisos Sectoriales reduzca significativamente la tramitación”, se anotó.
¿Por dónde recuperar espacio en regulación minera?
Miguel Incháustegui, extitular del Minem, consideró que el ingreso de un nuevo Gobierno es oportuno para mejorar las condiciones a fin de atraer inversiones en exploración, mediante la optimización de los procesos.
“Que se confirme el financiamiento del Banco Mundial para lograr la ventanilla única virtual minera. Esto ayudará, pero más rápido lo hará fortalecer y ampliar el equipo técnico y especializado de entidades como la ANA, el Senace y el propio Minem. Debemos ser claros en que, si no mejoramos los plazos, por muy buen potencial que tengamos, los inversionistas se irán a otros países”, comentó.
A su turno, Víctor Gobitz, CEO de Quilla Resources y expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, reflexionó que la autoridad peruana debe tener una “mirada más agua” respecto a la política minera.
“Tenemos territorios áridos, donde no hay actividad agrícola, ni hay urbes cercanas, que es, en línea general, en el sur del país y donde tendría que haber una lógica distinta con lo que tenemos en el norte, donde ocurre lo contrario: sí hay actividades económicas cercanas y demás. Sin embargo, la norma es igual para los proyectos en todas las zonas del país”, observó.
Así, para lograr una real optimización en los permisos mineros, Gobitz apuntó que debe legislarse en función a la realidad del territorio. “Si no hay mayor impacto en una zona de exploración, el permiso ambiental tiene que ser muy rápido”, indicó. “Al otro extremo, si hay una urbe muy cercana, actividad forestal, aguas abajo, el permiso debe cumplir otros requerimientos. Pero, hoy se tiene una sábana que cubre a todos por igual”, agregó.
A esto sumó que debe considerarse el factor arqueológico para el establecimiento de requisitos según zonas del país.
Incháustegui también planteó la instalación de una mesa técnica para recoger las necesidades y conocer la realidades de los diferentes actores respecto a la aprobación de permisos alrededor de la minería.
“Deben presentarse posibilidades de mejora, no relajando los compromisos, sino optimizándolos. Y también aprendiendo de otros países cómo optimizar los procesos”, subrayó.
En esta línea, Inchaustegui destacó que Argentina, en general, viene promoviendo ajustes normativos para que el otorgamiento de permisos sea más rápido y explote su potencial.
Por su parte, Lengua planteó que Chile está empezando una reforma para acortar sus plazos y tener mayor predictibilidad. “Eso debería reducirse, por lo menos, a la mitad, idealmente a tres o cuatro meses como máximo. Y Perú está todavía muy lejos de eso”, señaló.
El socio del área minera de PPU apuntó que, si en alguna actividad minera se tiene la ventana de obtener resultados rápidos, esa es en la exploración.
“Es donde más fácil y rápidamente se pueden hacer cambios que dinamicen la actividad y el dinamizar esa actividad sólo va a traer resultados positivos para el país”, remarcó.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
