Uno de los temas más expectantes en el sector de hidrocarburos es la ejecución del proyecto de masificación de gas natural “7 regiones”, que impactará hasta en 15 ciudades de la zona centro y sur del país. Con la construcción de alrededor de 3,700 kilómetros de redes, se beneficiaría a más de 300,000 usuarios, solo en una primera etapa.
Esta iniciativa ha sido propuesta por Cálidda, a cargo de la distribución y comercialización de gas natural en Lima y Callao, donde ya se cuenta con más de 2.1 millones de conexiones, un equivalente al 80% de cobertura.
Para que se haga realidad “7 regiones”, Cálidda ha pedido la extensión de su contrato de concesión por una década más. Actualmente, el año de caducidad es 2033. La inversión que desembolsaría ronda los US$ 550 millones.
Sin embargo, pese a los diversos anuncios gubernamentales sobre su avance en los últimos meses, no se ha concretado a la fecha. Ahora, el panorama empezaría a aclararse.
Pendientes para extender concesión de Cálidda
La viceministra de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Iris Cárdenas Pino, explicó que la propuesta de adenda se terminó a fines de mayo. Desde entonces, se derivó para recibir opiniones. Hoy ya tienen un estimado para todas las revisiones y aprobaciones.
Si bien se requiere de la conformidad obligatoria del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Minem, también se cursó el documento a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) y al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). Las opiniones de estas últimas dos no son vinculantes, pero “sí se toman en cuenta”.
“Ahora están levantándose las observaciones del Osinergmin. ProInversión ya dio su opinión favorable. No queremos enviarle a Economía [MEF], que tiene que dar su opinión, un informe que no contemple las respuestas hacia el Osinergmin. Eso se está culminando. No son vinculantes [las opiniones de ProInversión y el regulador], pero de todas maneras [las abordamos]”, refirió Cárdenas en diálogo con Gestión, en el marco de su participación en la “XV Conferencia Gas Natural Perú 2026”.
Consultada sobre el plazo para atender eventuales nuevas observaciones que pudieran surgir, Cárdenas descartó dicho escenario, que implicaría mayores retrasos.
“[Ante nuevas opiniones], no son vinculantes. El proceso sigue. Es decir, terminaron su reunión conjunta [entre todas las entidades involucradas], en junio se dieron las observaciones y, ahora, por cuidarnos en salud se está haciendo el levantamiento”, comentó.
En este sentido, la viceministra comentó que el documento también será cursado a la Contraloría para su respectiva revisión. “Levantadas las observaciones se le va a pasar al MEF, luego dará su opinión y también lo mandaremos a la Contraloría. Entonces, ya una vez con eso, se firma la adenda, si está bien todo”, subrayó.
La nueva expectativa es que la adenda para llevar gas natural a las familias de Huamanga y Huanta (Ayacucho); Pucallpa, Aguaytía y Curimaná (Ucayali); Huancayo y Jauja (Junín); Puno y Juliaca (Puno), Cusco, Quillabamba y Calca (Cusco); Abancay y Andahuaylas (Apurímac); y Huancavelica, se firme máximo hasta el cierre de este año.
“No es tanto para llevar la fiesta en paz, sino para que todos estén tranquilos y vean los argumentos que se han tomado”, subrayó.
Como se recuerda, a inicios de este mes, en entrevista con Gestión, el titular del Minem, Guillermo Shinno, destacó el potencial del proyecto “7 regiones”: “Llevar gas [natural] a estas regiones, en particular a Cusco, es necesario. Son poblaciones que hace muchos años están esperando llegue a sus casas y es necesario [se concrete] bajo esta modalidad”, dijo.
Para Pedro Gamio, exviceministro de Energía, la derivación del documento a la Contraloría responde a que los funcionarios intentan mitigar riesgos por eventuales investigaciones al tratarse de este tema. Sin embargo, cuestionó el tiempo que está demorando la firma de extensión de esta concesión.
“El problema [para avanzar con 7 regiones] es Osinergmin. Estas son nuevas observaciones porque en primera instancia tuvieron una opinión negativa. Cuando se demostró el valor del proyecto técnico y económicamente, revisaron su opinión. El envío a la Contraloría es para que los funcionarios se curen en salud. Pero el gran problema es la falta de capacidad de tomar decisiones”, indicó.
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Precisamente, durante un panel, Giancarlo Guardia, director de regulación y legal de Cálidda, apuntó que el “éxito” de las tarifas de Cálidda se debe a la integración de los grandes generadores eléctricas a la concesión de la distribución, que ocurrió en 2010.
“Se integró el gran consumo para poder tener tarifas razonables. Sin ello, sería difícil cumplir con esas tarifas”, comentó.
Pero esto tiene un trasfondo más importante. Guardia valoró que una lección importante de este caso es la del “liderazgo para tomar este tipo de decisiones”.
“Para hacer cambios estructurales, que beneficien a la población, se requieren tomar decisiones y fue lo que hizo el Estado. Esa es en parte nuestra esperanza con la nueva administración [gubernamental]: la recuperación de ese liderazgo y la posibilidad de tomar decisiones difíciles, que normalmente tienen opositores”, indicó.
Iris Cárdenas Pino es la viceministra de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem). | Minem
Impulso de instrumento de gestión ambiental
En otro momento, Cárdenas indicó que buscan atender la problemática en el sector alrededor de la permisología, que afecta el ritmo de las exploraciones y explotaciones. Para esto, señaló que plantean impulsar un instrumento de gestión ambiental complementario que sistematice datos y no “reducirá” los estándares ambientales.
“Desde el año 1993, que salió el reglamento ambiental a la fecha, se cuenta con información disponible. En los sectores hay monitoreo. Por tanto, debemos sistematizar toda esa información y contar con una línea de base pública para que al momento de elaborar el instrumento ambiental, el consultor ya invierta esos dos años destinados a la caracterización del medio [a avanzar]”, refirió.
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A lo que se refiere Cárdenas es al Instrumento de Gestión Ambiental Complementario para las Actividades de Exploración (Igaspe), que empezó a conocerse en los primeros meses del 2025.
“Creo que no debemos estar presionando y pedir evaluaciones en 10 o 15 días porque eso toma más tiempo. [Hay que orientarnos a los mecanismos] que nos permitan desarrollar esta actividad de manera sostenible. Las actividades de exploración son conocidas, sabemos cuáles son las medidas que se tienen que aplicar dependiendo del área de condicionamiento”, refirió.
Actualmente, el Igaspe ha sido presentado al Ministerio del Ambiente para que pueda ser validado. Eso permitiría reducir los plazos de evaluaciones de tres a cuatro años a solo tres meses.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
