La demanda de gas natural permanece altamente concentrada en Lima y Callao, que representa el 94% del consumo nacional. En estas dos zonas, así como en Ica, la presencia de grandes usuarios, como las generadoras eléctricas, permite alcanzar economías de escala que reducen los costos de distribución y facilitan la conexión de hogares.
En el 2025, el 57% de los hogares de Lima y Callao y el 44% de los de Ica contaban con conexión al gas natural, frente al 16% en la concesión Norte y apenas el 2% en la concesión Sur, que hoy es operada por Petroperú.
Fuera de la capital, la menor demanda y la dispersión urbana dificultan extender las redes para conectar a más usuarios a bajo costo, lo que reduce la viabilidad de construir gasoductos. Como consecuencia, el Perú cuenta con apenas 1,558 kilómetros de ductos de transporte de gas, cinco veces menos que en Colombia y diez veces menos que en Argentina.
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En las concesiones Norte y Sur, la falta de ductos obliga a transportar el gas en camiones cisterna, lo que añade costos de licuefacción, traslado y regasificación.
Como resultado, las tarifas son significativamente mayores fuera de la capital. A fines del 2025, la tarifa residencial de la concesión Norte era 22% superior a la de Lima y Callao. La brecha es aún mayor para comercios y pequeñas industrias: en la concesión Sur pagan 2.6 veces más que sus pares de la capital. En el Norte, las grandes industrias enfrentan tarifas 1.8 veces superiores.
Igualación de tarifas
Frente a estas diferencias, el Estado creó un mecanismo de compensación para igualar las tarifas de los usuarios que consumen hasta 50 mil m³ mensuales, que está pendiente que sea reglamentado. El costo de esta medida se cargará al Fondo de Inclusión Social Energético (FISE).
Sin embargo, el diseño excluye a los clientes regulados de mayor consumo, precisamente aquellos que podrían ampliar la demanda y generar economías de escala. Sin nuevos grandes usuarios, no se crean las condiciones para reducir progresivamente las tarifas ni viabilizar nuevos gasoductos. Bajo este diseño, la medida no corrige los problemas de fondo y se convertirá en un subsidio permanente que arriesgará la sostenibilidad del FISE.
Una nivelación tarifaria debe ser diseñada de manera que sea temporal y forme parte de una estrategia integral de masificación. Para ello, el mecanismo debe incorporar a usuarios regulados de mayor consumo, mientras que se promueven nuevos centros de demanda para hacer viable la construcción de gasoductos.
La mayor demanda reduciría las tarifas de distribución en los procesos tarifarios siguientes. Una vez desarrollada la infraestructura, la igualación podría retirarse y dar paso a subsidios focalizados en hogares vulnerables, como ocurre en otros países de la región. A fin de no arriesgar los recursos del FISE, la equiparación se financiaría con recargos a las tarifas de Lima y Callao.
También es necesario destrabar la inversión en redes de distribución. Los plazos efectivos para obtener servidumbres y permisos municipales pueden superar en más de 20 veces los límites legales. A ello se suma que solo un tercio de las municipalidades cuenta con un catastro, mientras que los requisitos, costos y plazos de sus permisos varían ampliamente entre regiones.
Reducir la discrecionalidad municipal, fortalecer las capacidades del Indecopi para eliminar las barreras burocráticas y avanzar en la elaboración de catastros resulta clave para acelerar la expansión de las redes.
Seguridad energética
Asegurar el suministro futuro es indispensable para sostener una mayor expansión del servicio. En la última década, la inversión en exploración alcanzó apenas US$ 281 millones, 18 veces menos que lo registrado en la década previa.
En este contexto, las reservas probadas de gas acumulan nueve años consecutivos de caída y, al ritmo actual de producción y sin nuevos proyectos, tendrán una disponibilidad aproximada de 14 años.
Esto no implica que el recurso se esté agotando: el lote 58 cuenta con recursos técnicamente viables que podrían ampliar ese horizonte hasta 22 años. Sin embargo, su desarrollo requiere demanda, reglas claras, contratos e infraestructura que hagan viables las inversiones. Por ello, resulta importante acelerar las alternativas que permitan masificar su uso, como ha anunciado recientemente el Poder Ejecutivo.
El gas natural también cumple un papel crucial en la matriz eléctrica: representó el 35% de la generación nacional en el 2025. Además, ha permitido mantener bajos los costos de generación frente al diésel, su sustituto inmediato, cuyo costo variable promedio de generación es nueve veces superior. Este rol cobra mayor relevancia ante la variabilidad climática.
Durante El Niño costero 2023, el estrés hídrico obligó a utilizar más diésel y, como resultado, el precio spot de la energía más que se cuadruplicó. Este año, El Niño costero ya empieza a generar presiones: en julio, la generación hidroeléctrica cayó 5% y la eólica 12%, mientras el precio spot más que se triplicó. En este contexto, el gas natural puede ofrecer un respaldo flexible y de menor costo que el diésel, especialmente si se concreta su llegada al Nodo Energético del Sur.
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Energía y competitividad regional
Por Stephani Maita Uría, economista senior del IPE
El gas natural es uno de los principales activos energéticos del país. Su disponibilidad y bajo costo contribuyen a mantener los precios de energía estables, reducen costos para hogares y empresas, y ofrecen una oportunidad para reforzar la seguridad energética.
Sin embargo, disponer del recurso no es suficiente. Fuera de Lima, la ausencia de grandes usuarios dificulta la expansión de las redes y limita el acceso a energía de menor costo. Un hogar en Lima paga 53% menos por gas frente a un balón de GLP, mientras que el ahorro en regiones del norte es solo 39%.
Una igualación tarifaria mejor diseñada permitirá corregir estas distorsiones y habilitar la conexión de más familias y negocios, impulsando la competitividad en regiones. Pero también se requiere generar condiciones para aumentar la demanda, desarrollar infraestructura de transporte, recuperar la inversión en exploración y eliminar las barreras para ampliar las redes de distribución.
Desde hace más de treinta años, el IPE es un actor clave en la discusión de propuestas para fortalecer las políticas públicas y el entorno económico, contribuyendo al desarrollo del país. El Instituto Peruano de Economía (IPE) es un centro de investigación sin fines de lucro orientado a la acción que promueve el desarrollo del Perú.
