
En las últimas dos décadas la minería representó el 15% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional y más del 60% del valor de las exportaciones. En el sur, este sector cumple un papel aún más determinante como motor de crecimiento y desarrollo.
Su potencial minero impulsó la expansión de su economía, que se multiplicó por 10 en los últimos 70 años, con Moquegua (4.5%) y Arequipa (3.8%) creciendo por encima del promedio anual de esta macrorregión (3.4%).
Asimismo, en las últimas dos décadas, su producción de cobre se triplicó y concentró alrededor del 64% del total nacional.

Motor de desarrollo del Perú
Este dinamismo ha estado acompañado de una importante reducción de la pobreza, especialmente en el sur donde cerca de 2 millones de personas salieron de esta situación desde el 2004.
Moquegua, con una trayectoria minera consolidada, registró una de las mayores reducciones anuales durante las últimas dos décadas. Además, en Apurímac, donde el desarrollo minero es más reciente, la pobreza cayó 17 puntos porcentuales desde el inicio de las operaciones mineras en el 2016.

A ello se suma que Moquegua, Tacna y Arequipa registran las menores tasas de desnutrición crónica infantil, y que Apurímac es la región que más posiciones ha avanzado en el Índice de Competitividad Regional (Incore) durante la última década.
La minería ha contribuido a financiar estos avances y ha generado una oportunidad considerable para cerrar las brechas existentes. En los últimos 20 años, el sur recibió S/ 68 mil millones por canon y regalías mineras, 52% del total nacional. Sin embargo, persisten desafíos en la gestión pública para su ejecución eficiente.
Así, las 200 municipalidades provinciales y distritales con mayores transferencias mineras registran una alta heterogeneidad en la eficiencia del gasto en inversión, indicador elaborado por Videnza. Ello explica por qué a pesar de mejoras en la provisión de servicios públicos aún persisten brechas importantes. Por ejemplo, más de la mitad de los locales educativos públicos en Apurímac, Cusco y Puno requiere sustitución y, aunque más del 96% de la población en Apurímac accede a agua, solo el 10.7% dispone de agua adecuadamente clorada.

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Evidencia histórica
La experiencia de Southern Perú Copper Corporation (SPCC), por ejemplo, desde el inicio de operaciones de Toquepala, en Tacna (1960); y Cuajone, en Moquegua (1976), permite observar cómo la minería puede traducirse en mejores condiciones de vida para la población.
Un reciente estudio del IPE encontró que la presencia de SPCC aceleró la mejora de indicadores sociales en los distritos de su zona de influencia, frente a distritos comparables sin minería.
Estas diferencias se hicieron más evidentes entre 20 y 30 años después de 1960. Por ejemplo, en 1972, el 34.8% de las viviendas del área de influencia de SPCC contaba con alumbrado eléctrico, más del doble que en los distritos sin minería (15%), los cuales tardaron varias décadas en alcanzar niveles de acceso similares. También se observaron mejoras significativas en otros indicadores, como el acceso al agua, desagüe y la calidad de las viviendas.

Estos avances preceden otras mejoras socioeconómicas en Moquegua y Tacna en este siglo. Por ejemplo, desde hace dos décadas se encuentran entre las regiones con una mayor proporción de su población con educación superior. Este mayor capital humano permite mayores niveles de empleo formal y adecuado, superiores al promedio nacional.
Así, el empleo adecuado en Moquegua (67.5%) y Tacna (60.9%) en el 2025 supera el promedio nacional (56.8%). Este impacto no se limita al sector. Por sus encadenamientos, el IPE estima que por cada empleo minero directo se generan otros seis empleos en Moquegua y siete en Tacna. Así, en el 2025, la minería generó alrededor de 226 mil empleos directos e indirectos en ambas regiones.
Si bien estos resultados muestran el potencial transformador de la minería, el principal desafío es convertir los recursos generados en bienestar. Entre el 2004 y 2024, si se toma a SPCC nuevamente como ejemplo, la empresa aportó más de S/ 49 mil millones en términos reales al Estado, que equivalen a casi el 60% del presupuesto total de Tacna y Moquegua.
Además, se proyecta que ambas regiones recibirían de la minera alrededor de S/ 18 mil millones adicionales en los próximos 10 años, equivalente a 18 veces el presupuesto del Programa Juntos y 88 veces el costo de los colegios de alto rendimiento hechos en ambas regiones.

“La oportunidad que espera”
Por Luciana Cáceda, economista del IPE
Según estimaciones del IPE, la ejecución de los proyectos mineros en cartera aportaría a la economía más de 2 veces el PBI nacional alcanzado en el 2023, incrementaría la recaudación en 77% y el empleo en 17%. Como resultado, la pobreza se reduciría fuertemente, asemejándose en relevancia a la reducción lograda entre el 2007 y 2019 (de 42% a 20%).
Esta cartera se complementa, además, con una serie de proyectos productivos en el sur –energía, puertos, aeropuertos y agroindustria– que juntos podrían dinamizar aún más a la economía y el desarrollo regional. Aprovechar el potencial minero y cerrar las brechas sociales requiere fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales y locales para garantizar que se provean servicios públicos de calidad.
De cara a las próximas elecciones regionales es clave elegir autoridades que promuevan la inversión privada y el desarrollo de la cartera minera.







