
La escalada en los precios del oro que se registra desde el 2023 ha acelerado la actividad minera informal e ilegal en el Perú. Esto, por ejemplo, se refleja en una deforestación cada vez mayor de una de las principales zonas donde se desarrolla: Madre de Dios.
Hasta mediados del 2025, la deforestación acumulada de bosques a consecuencia de la minería de oro en el país, en gran medida vinculada a la minería ilegal e informal, alcanzó 139,169 hectáreas (has), y la referida región amazónica concentró el 97.5% de ese total (135,939 has).
Ello ocurre, a pesar de que 93% de Madre de Dios se encuentra bajo restricciones o exclusiones para la actividad minera, pues un 45% de ella comprende áreas naturales protegidas por el Estado (ANP), al que se suman zonas de amortiguamiento, concesiones forestales y otras reservas de conservación, dejando solo un 7% (476,897 has) como “corredor minero autorizado”.
Minería ilegal sigue ganando terreno
Sin embargo, desde el 2025 hasta los primeros meses del 2026, la minería ilegal en Madre de Dios ha ganado aún más terreno en sus zonas reservadas, a juzgar por imágenes satelitales que dio a conocer Conservación Amazónica (ACCA) en colaboración con Planet Labs.
De acuerdo con un estudio del proyecto Prevenir, de USAID, realizado el 2022, cerca de 46,601 habitantes de Madre de Dios (un 35.4% de su población) estaba vinculada directamente a la minería (formal, informal e ilegal). De ese total, un 12.6% se desempeña en la minería formal, un 67.3% a la informal y un 20.01% a la ilegal.
Además, dicha región concentra entre un 35% a 38% de la producción ilegal de oro en el país, según las estimaciones más recientes de la Fundación para el Desarrollo Sostenible (FCDS) y otros informes.

Aumentan ingresos
Esta situación se puede ver en otros indicadores. De acuerdo con un análisis de Apoyo Consultoría, los ingresos familiares totales de la población de Madre de Dios, tras ajuste por inflación, se incrementaron en promedio en 40% entre los años 2017 y 2025.
Sin embargo, observa que el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que mide la salud (esperanza de vida al nacer), educación (años promedio de escolaridad) y nivel de vida (ingreso bruto por habitante), tuvo un crecimiento de 0 puntos entre los años 2017 al 2024.
Al respecto, Iván Portocarrero, socio de Apoyo Consultoría, señaló que, en efecto, Madre de Dios es una de las regiones con menor pobreza monetaria del país en gran parte debido a la minería, incluida la informal y la ilegal.

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Pero, además, observó que el aumento de la capacidad adquisitiva de la población se debe no solo a los aumentos sostenidos en los precios, sino también de un incremento en la producción aurífera ilícita en la zona, y que se refleja en el avance en la deforestación en torno a los cursos de agua, mostrada por las imágenes satelitales.
Sin embargo, más allá del aumento del ingreso familiar, refirió que la calidad de vida, reflejada en los niveles de servicios públicos que recibe la población de la zona, no ha mejorado, y que esa sigue siendo una de las regiones con menor acceso al agua potable, desagüe, electricidad, y el porcentaje de viviendas más bajo con esos servicios básicos.
Beneficio de corto plazo
Sobre el tema, Carlos Casas, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico, observó que, en efecto, debido a la minería ilegal, en Madre de Dios la población promedio gana muy por encima del salario promedio, pero lo usa en gasto corriente. Se trata de un beneficio de corto plazo.

Ese tipo de actividad, remarcó, no es sustentable en el tiempo, porque la minería ilegal está destrozando su hábitat, sus bosques y su capacidad productiva, lo que afecta la sostenibilidad de ese departamento a largo plazo.
“En el caso de Madre de Dios se está configurando lo que se conoce como la ‘maldición de los recursos naturales’, porque una vez que se acabe el oro, va a ser una zona devastada en términos forestales, con contaminación del agua y tierras que ya no van a ser productivas, y donde el Estado no interviene en nada y no se construye una estructura productiva más allá de la minería”, advirtió.
¿Ley MAPE cambiará esa situación?
Casas señaló que no cree que, como se está llevando el actual proceso de formalización, y aun si se apruebe el proyecto de la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), se vaya a lograr una mayor formalización de la minería artesanal en la zona una vez vencido el plazo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), en diciembre próximo.
Según data del Ministerio de Energía y Minas (Minem), hasta el segundo trimestre de este año, de los 31,610 inscritos en el Reinfo (23,861 vigentes y 7,749 suspendidos), Madre de Dios concentraba el 30% (9,421 registros), pero hasta la fecha, solo 216 mineros han sido formalizados en esa zona.
Para Portocarrero, de Apoyo Consultoría, dada la prohibición de realizar minería en la mayor parte de Madre de Dios, por ser una zona mayormente protegida, definitivamente no se puede permitir esa actividad, por más inscritos en el Reinfo que existan.
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¿No hay formalización que valga?
Miguel Reyes, especialista en derecho procesal penal y derecho minero, coincidió en que la única diferencia entre ser minero informal e ilegal en Madre de Dios, la constituye el hecho de estar inscrito en el Reinfo.
Ello, debido a que, remarcó, en la práctica, como esa actividad extractiva está prohibida en la mayor parte de la región (salvo en el corredor minero autorizado), a nadie se le permite realizarla, por más formal que sea ahora o vaya ser en adelante (al final del proceso de formalización).

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Lucha contra la minería ilegal
Recordó que uno de los requisitos para la formalización, es que la actividad se realice en zonas permitidas para la minería, lo que en este caso no sucede en Madre de Dios, salvo en las zonas del corredor antes mencionado donde existen concesiones mineras.
No obstante, Reyes observó que, en el ámbito del combate a la minería ilegal, hay también muchos problemas por resolver dadas las escasas sentencias dictadas por ejercer ese acto ilícito.
Así, refirió que la primera tarea de las autoridades es identificar y encontrar a los ilegales, o determinar que los que operan en una zona, lo hacen ilegalmente, lo que escapa al ámbito fiscal o policial.
Además, anotó, el problema se complica porque los mineros ilegales se han asociado con el crimen organizado y derivan en nuevos delitos como el lavado de activos, situaciones que el Ministerio Público no tiene capacidad de investigar ni el presupuesto para hacerlo, cuando lo que se debería hacer es crear fiscalías especializadas en minería.

Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan. Labora actualmente como analista económico especializado en industrias extractivas, energía y transportes en el diario Gestión.







