Mientras un helicóptero militar ruge sobre sus cabezas y los soldados dan los primeros disparos de advertencia, seis mineros ilegales se suben a toda prisa a una embarcación y huyen río abajo. Otro se zambulle en el agua y nada tras ellos, dejando atrás un campamento improvisado que pronto quedaría envuelto en llamas.
La escena, en una selva densa y remota al sur de la Amazonía, forma parte de una operación de las tropas peruanas para destruir el mayor número posible de motores y reservas de combustible. El objetivo es frenar la expansión descontrolada de la minería ilegal de oro, impulsada por los altos precios del metal precioso y la creciente demanda.
En el mejor de los casos, este tipo de misiones puede ralentizar el ritmo de la deforestación y la contaminación. Detenerlas por completo es otra historia. Incluso cuando las operaciones salen según lo previsto, es solo cuestión de días —o incluso horas— antes de que los mineros regresen con nuevos equipos, afirmó Ronal Ramón Flores, un fiscal federal que participa en los operativos.
Miembros de la Marina peruana desmantelan un campamento minero ilegal en la selva.
“Está ganando la minería”, dice. Aunque las redadas en la Reserva Nacional de Tambopata y sus alrededores solo se realizan de forma esporádica, los mineros trabajan sin descanso, a todas horas y todos los días del año, añadió. “Nos llevan la ventaja porque es casi imposible detenerlos”.
Entre los hoyos embarrados excavados por toda la Reserva Nacional de Tambopata, algunos soldados utilizan machetes para desmontar las estructuras de madera que los mineros emplean para separar el oro de la tierra. Otros arrancan las lonas de plástico azules atadas a los árboles que sirven de paredes y techos en los campamentos y burdeles que alimentan una de las economías ilícitas de más rápido crecimiento de la región.
Desde río abajo, los mineros que huían debieron de ver las cortinas de humo negro que se elevaban desde lo que habían sido sus camas y sus hornillos de gas, junto a los que yacía un lagarto sin cabeza listo para ser cocinado. Había ropa colgada de los troncos de los árboles y montones de latas de cerveza brasileña de contrabando esparcidas por el suelo arenoso.
Deforestación de Tambopata por minería toca nuevo máximo | Según la ONG Amazon Conservation, la minería ilegal provocó la deforestación de unas 500 hectáreas durante la segunda mitad de 2025 y principios de 2026
Escenas similares se repitieron en las decenas de campamentos mineros allanados dentro de la reserva aquel día de agosto. Algunos incluso contaban con barras de bar y canchas de voleibol, señales de una población arraigada y resistente.
Los alrededores de la Reserva Nacional de Tambopata han sido durante mucho tiempo un foco de minería de oro informal e ilegal cerca de las fronteras con Bolivia y Brasil. Pero ahora los mineros ilegales están saqueando, como nunca antes, esta zona supuestamente protegida.
A medida que los ricos y los gobiernos buscan refugio en el oro frente a la inflación, las guerras y la inestabilidad geopolítica, el auge del metal precioso ha convertido la minería en un negocio tan atractivo que, desde el año pasado, los mineros ilegales han deforestado dentro de Tambopata una superficie equivalente a unos 700 campos de fútbol, extrayendo oro ilícito que podría valer millones de dólares.
“Es dinero fácil”, afirmó el capitán de corbeta de la Marina Renato Mandiola. Algunos trabajadores de las minas ilegales de Tambopata pueden llegar a ganar hasta US$ 5,000 al mes, añadió. Eso equivale a cinco veces el sueldo base de un miembro de la Marina. “¿Quién de nosotros no se iría a minar por esta cantidad?”
Revés nocturno
Mandiola había enviado a 70 de sus hombres a lo más profundo de la selva como parte de una operación dirigida por el Ministerio Público, con el apoyo de la organización estadounidense sin ánimo de lucro Global Conservation, en un intento por intensificar la lucha contra los mineros ilegales. El primer día de la operación, en la que Bloomberg participó con un reportero integrado, los militares destruyeron equipos mineros por valor de casi US$ 1.7 millones dentro de la reserva.
“Fue un éxito”, afirmó Mandiola.
Pero, a medida que la última luz se desvanecía entre el dosel de la selva, algo empezó a parecer fuera de lugar.
Miembros de la Marina peruana se alinean tras desembarcar de un avión.
Una patrulla no logró regresar a la base donde los soldados debían pasar la noche antes de reanudar las operaciones al día siguiente. El grupo había quedado fuera del alcance de las comunicaciones por radio. Llevaban consigo un nuevo dispositivo Starlink, pero habían olvidado configurarlo.
“Hubo una descoordinación”, afirmó Flores, fiscal adjunto supremo provisional del Ministerio Público. Él formaba parte del grupo desaparecido, junto con unos 15 soldados de las fuerzas especiales, el responsable regional de Global Conservation y un fotoperiodista internacional.
Aquella noche durmieron al aire libre junto al río, con frío y hambre, contó Flores, mientras esperaban ser rescatados. “Esto son cosas que pueden pasar”.
El grupo fue encontrado a la mañana siguiente. Días más tarde, Flores afirmó que no podía descartar que alguien vinculado a la operación hubiera omitido deliberadamente ir a recogerlos “como una cuestión de advertencia o intimidación”.
Miembros de la Marina con una mujer de un campamento minero ilegal.
Cuando encontraron a Flores y al grupo desaparecido a la mañana siguiente, también estaban acompañados por una mujer de 20 años y su hijo de un año. Se llamaba Liz Compi. Había ido a la zona minera la noche anterior con un grupo de mineros para comprobar los daños a sus equipos. Cuando los hombres avistaron a los soldados, huyeron y la dejaron atrás con su hijo, algo que, según los responsables militares, suele ocurrirles a las mujeres y los niños durante las redadas.
Las autoridades la dejaron marchar más tarde. Dijeron que no podían determinar si colaboraba con la red de minería ilegal o si había sido víctima de trata para terminar allí. Lo mismo ocurrió con una mujer de 30 años que también afirmó que cocinaba para otro grupo de buscadores de oro. Durante los cuatro días que duró la operación, no se detuvo a nadie.
Compi había llegado a la capital regional, Puerto Maldonado, procedente de Cusco apenas unas semanas antes, según contó. No había logrado ingresar a la universidad donde quería estudiar magisterio y, como madre soltera, necesitaba dinero. Así que respondió a un anuncio en el que se buscaba una cocinera y acabó preparando frijoles y otras comidas para mineros ilegales. Esperaba ganar unos US$ 450 al mes.
Mineral en bruto expuesto en una tienda de compra de oro en el centro de Puerto Maldonado.
“Es bastante dinero”, afirmó. Según Mandiola, otros trabajadores de los campamentos ilegales pueden ganar esa cantidad en un solo día.
Los obstáculos
Aunque Perú es más conocido por sus enormes minas de cobre, también es el principal productor de oro de Sudamérica. La minería representa el 60% de las exportaciones del país, y el sector formal compite cada vez más con actores informales e ilegales por el control de territorios ricos en minerales.
Las exportaciones ilegales de oro del país superaron los US$ 11,500 millones en 2025, según el Instituto Peruano de Economía, un centro de investigación con sede en Lima. Esa cifra es más de seis veces superior a la de hace una década y un 55% mayor que la del año anterior.
Quema de pertenencias, refugios y material en un campamento ilegal.
En los alrededores de la Reserva Nacional de Tambopata, el auge más reciente de la minería ilegal tiene sus raíces a finales de la década de 2000, cuando la crisis financiera mundial disparó los precios del oro y una nueva vía atrajo a los mineros y facilitó las rutas hacia los países vecinos. Los mineros ilegales llevan al menos una década operando dentro de la reserva, pero la deforestación nunca había alcanzado los niveles que se observan actualmente.
Parte del “oro sucio” de Tambopata sale de contrabando a través de las fronteras con Bolivia y Brasil, mientras que otra parte ingresa al comercio legal, explicó Flores. En este último caso, un polémico sistema de certificación llamado Reinfo forma parte del problema. Fue diseñado para incorporar a los mineros informales a la economía legal, pero, según sus detractores, acabó creando una vía para, sencillamente, blanquear la minería ilegal e introducir su producción en el mercado legal.
En el centro de Puerto Maldonado, calles enteras están dedicadas a esta economía. Las tiendas venden los mismos motores, generadores y lonas de plástico azules que los mineros utilizan en sus campamentos. Cerca de allí hay casas de cambio cuyos nombres incluyen la palabra “oro” en español, inglés o quechua y que compran oro extraído ilegalmente. Allí todo el mundo sabe si el precio del metal está subiendo o bajando y si el Ejército está llevando a cabo operaciones en la selva.
Deforestación provocada por la minería ilegal en la Reserva Nacional de Tambopata.
Durante la última década, la incesante rotación presidencial en Perú ha dificultado mantener una estrategia coordinada y de largo plazo contra la minería ilegal. La corrupción ha agravado aún más la situación. El mes pasado, varios agentes de policía y un exfiscal que trabajaba en la región de Tambopata, en Madre de Dios, fueron detenidos por presuntamente alertar a los mineros ilegales sobre las redadas, ayudándolos así a mantener sus operaciones en marcha.
El presupuesto es otro gran problema. Las autoridades luchan contra una próspera industria ilegal mientras tienen dificultades para financiar incluso las necesidades más básicas.
“El Ministerio Público no cuenta con un sol en su presupuesto” para hacer frente a la minería ilegal, afirmó Flores, vestido con un uniforme que tuvo que comprar él mismo. “Es vergonzoso que tenemos que hacer canchita para alimentar a las fuerzas armadas”.
Un trabajador descarga cubos de grasa para maquinaria cerca de una oficina de cambio situada en el centro de Puerto Maldonado.
La recién investida presidenta Keiko Fujimori ha prometido destinar más recursos a la lucha contra el crimen organizado y la inseguridad, así como otorgar un mayor protagonismo a las fuerzas armadas. Ha afirmado que el Ejército dirigirá las operaciones en las zonas bajo estado de emergencia —vigente hasta principios de este mes en Tambopata debido a la delincuencia— y en otras decenas de distritos de todo el país.
Sin embargo, Fujimori no ha presentado hasta ahora ningún plan concreto para hacer frente a la minería ilegal. Sus detractores se muestran escépticos y señalan los esfuerzos realizados en los últimos años por su influyente partido para ganarse el apoyo de los mineros a pequeña escala en el Congreso, respaldando las repetidas prórrogas del Reinfo, que les permite operar sin contar con todos los permisos ambientales o de explotación necesarios.
“No hay mucha confianza”, afirmó Julio Cusuriche, un líder indígena de Madre de Dios, quien añadió que las acciones militares nunca serán suficientes si no existen alternativas económicas sostenibles para la población local. Advirtió que, mientras los mineros ilegales operen sin control, las comunidades de los alrededores de Tambopata seguirán expuestas a la contaminación por mercurio, ya que los mineros utilizan este metal tóxico como la forma más barata de separar el oro del mineral.
El equipo de Fujimori no respondió a una solicitud de comentarios.
A su regreso de la operación de la semana pasada, el fiscal Flores fue contundente: el golpe asestado fue “casi nada” en comparación con la magnitud de la minería ilegal dentro de la reserva nacional. Para recuperar el control de la zona, las operaciones “deben ser permanentes y destruir absolutamente todo”, comentó.
“De lo contrario, va a ser una simple manifestación de presencia del Estado y eso es totalmente insuficiente”.
