Ha pasado un año desde que, en junio del 2025, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) reconociera que la minería informal se estaba expandiendo más allá del oro, y que estaba empezando a abarcar también al cobre en algunas zonas del país, pero desde entonces, esa amenaza parece escalar cada vez más.
Un reciente reporte de un equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) elaborado tras reuniones sostenidas meses atrás con autoridades del Perú sobre el desarrollo económico y políticas vigentes, da cuenta de un mayor avance de la minería ilegal en el país.
Observa que, hasta el 2018, si bien la minería ilegal estaba muy extendida en Perú, era relativamente estable, pero que entre ese año y 2024, la probabilidad media de esa actividad aumentó en 7.8 puntos porcentuales, de los cuales 4 puntos porcentuales se produjeron entre 2023 y 2024, coincidiendo con el inicio del boom en los precios del cobre y el oro.
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Minería ilegal afecta mayoría de distritos
Su conclusión es que, el aumento de esa actividad al margen de la ley ha sido generalizado, afectando actualmente al 56% de los distritos de todos los departamentos del Perú, con mayor actividad en la Amazonía y a lo largo de la Cordillera de los Andes, y que podría convertirse en un problema estructural arraigado.
probabilidad de desarrollo de la minería ilegal a nivel de distritos del interior del país. Fuente: reporte del FMI
Además, coincide en que, si bien la extracción ilícita del oro es un fenómeno de larga data en Perú, se ha intensificado y extendido para incluir también al cobre, al punto que es una amenaza para la minería formal, y cada vez más lo es también para su producción cuprífera.
Vale indicar que, hasta hace un año, según data del Minem y de expertos del sector, los mineros informales e ilegales habían invadido áreas concesionadas donde diversas empresas desarrollaban proyectos de exploración y explotación de cobre, ubicadas en los departamentos de Apurímac, Arequipa, Puno, Cusco y La Libertad.
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Hasta entonces, se estaban viendo afectados los proyectos Sulfobamba (de MMG) en la zona de Mina Las Bambas, así como proyectos de exploración de Southern Perú, de First Quantum Minerals, y de Teck Resources.
Zonas con probabilidad de mayor desarrollo de la minería ilegal en Perú. Fuente: Reporte del FMI
¿Cuánto vale extracción ilegal de cobre?
Actualmente, según estimación del FMI, más del 80% de los distritos con producción minera formal en nuestro país representan una probabilidad de desarrollo de la minería ilegal superior al 50%, y que se expande cada vez más rápidamente hacia la extracción de cobre.
A la vez, esa entidad financiera internacional calcula que la producción ilícita del cobre en el Perú habría representado hasta el 5% de las exportaciones de dicho mineral en el año 2024.
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Hasta ahora, la cifra más aproximada resultado de esa operación ilícita la había dado el 2025 el entonces titular Minem, Jorge Montero, al referirse a la existencia de la mina informal Apu Chunta, en una comunidad ubicada en el área concesionada a Las Bambas, donde extraía unas 30,000 toneladas métricas de cobre, por cerca de US300 millones.
No obstante, según la ONG CooperAcción, el 5% antes mencionado por el FMI correspondería a entre 400 mil y 500 mil toneladas de concentrados, considerando que el cobre peruano se exporta principalmente de esa forma, con un contenido promedio cercano al 30% de cobre fino.
Producción ilegal de cobre el 2024 habría sido equivalente al 5% de las exportaciones del metal rojo en Peru, según estimación del FMI. Foto: Andina/ Referencial.
Asimismo, basado en estadísticas de exportación del Banco Central de Reserva (BCR)- CooperAcción calcula que ese volumen de concentrados sería equivalente a 131,800 toneladas métricas finas de metal, con un valor de exportación aproximado de US$1,175 millones.
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Frente a esta situación, entre las recomendaciones del FMI para enfrentar esa actividad ilegal propone que exista una respuesta coordinada para enfrentar su expansión, asi como el fortalecimiento de las capacidades de supervisión, seguridad y fiscalización.
Igualmente, plantea el cierre de vacíos legales; la mejora de los mecanismos de control sobre la cadena de suministro; así como una mayor coordinación entre entidades nacionales, regionales e internacionales.
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¿Podría crecer aún más el cobre ilegal?
Consultado sobre el tema, Marcial García, socio de impuestos de EY-Perú, consideró que los niveles que alcanza la cotización del cobre, y las expectativas del crecimiento de su demanda, es un incentivo para que los mineros ilegales se avoquen cada vez más a aumentar su extracción de ese metal.
Este viernes, el precio del cobre cotizaba en US$6.03 por libra en la Bolsa de Metales de Londres, encima de su promedio anual de US$5.93 por libra, y siendo que esta última cifra representa un aumento del 38.84% respecto al promedio del 2025.
Asimismo, el experto confirmó que, según diversas compañías productoras de cobre, sus concesiones están siendo invadidas por mineros ilegales, sobre todo en regiones del sur del país, de forma que no pueden acceder a esos predios, ni para extraer mineral, ni para desarrollar proyectos de exploración.
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Por tal razón, García Schreck consideró que una de las prioridades del gobierno entrante debe ser que no se extienda más la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), más allá del 31 de diciembre de 2026.
¿Y la anunciada trazabilidad?
Pero además, observó que, lo que no está haciendo el sector -a pesar que estaba en su agenda como complemento al proceso de formalización minera-, es aplicar un proceso de trazabilidad para corroborar el origen legal del mineral extraído, y determinar de qué concesión procede, quién lo extrajo y bajo qué autorización.
Al respecto, Carlos Gálvez, ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), comentó que la anunciada trazabilidad es “un cuento chino” pues la única trazabilidad que se aplica en el país es a la mina San Rafael, dedicada a producir estaño.
“Pero (en el caso del oro y el cobre) estamos hablando de múltiples operaciones, sacadas de cualquier manera de lugares que no tienen concesión, o de concesiones de terceros, ¿Qué forma de hacer trazabilidad es esa, sino pueden hacerlo para el uso y origen de la dinamita, o para el mercurio, y tampoco para el cobre?”, anotó.
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Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan. Labora actualmente como analista económico especializado en industrias extractivas, energía y transportes en el diario Gestión.
