El nuevo atentado con explosivos que sufrió la compañía minera Poderosa, esta vez en su unidad de producción Santa María, en la provincia de Pataz (La Libertad), y que dejó heridos y daños en su infraestructura, vuelve a encender las alarmas en el sector minero.
La empresa exhortó a las autoridades a adoptar medidas firmes y efectivas frente a la creciente violencia vinculada a la minería ilegal, que, según denunció, sigue afectando a esa y otras regiones del país.
Frente a ello, en diálogo con Gestión, la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Julia Torreblanca, condenó ese nuevo atendado e invocó al Gobierno de Perú a adoptar las medidas para encontrar y sancionar a los responsables de este suceso.
En segundo lugar, insistió en que ya no se deben dar mayores ampliaciones a la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y, por el contrario, debe concluir de todas maneras el 31 de diciembre de este año, como lo establece la Ley 32537, dada a fines del año pasado.
Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) señala las expectativas del gremio minero energético sobre las inversiones en el sector. Foto: SNMPE
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Prioridad a debate de Ley MAPE
Diversas entidades, expertos y gremios empresariales han vinculado el avance de la actividad minera informal e ilegal, así como muchos de los ataques sufridos por mineras formales, a la impunidad que otorga el Reinfo a los mineros ilegales.
Por ello, ya con la actual legislatura culminada y con dudas de que se ponga sobre la mesa de la Comisión Permanente, la titular de la SNMPE subrayó que el próximo Congreso de la República tiene que trabajar en poner como prioridad el debate de la Ley de Pequeña Minería y de la Minería Artesanal, más conocida como la Ley MAPE, que quedó pendiente de discusión en la Comisión de Energía y Minas del Parlamento.
“Invocamos al Congreso a que pueda tener una Ley MAPE ágil, mucho más amigable para que los nuevos mineros [que se formalicen] la puedan utilizar”, aseveró en el marco del World Mining Congress 2026, que se realiza en Lima.
SNMPE insiste en que no se debe ampliar el REINFO
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No obstante, refirió que el Gobierno no tiene que esperar a la aprobación de la Ley MAPE para permitir que los pequeños mineros o los artesanales interesados en iniciar actividad de manera formal lo hagan, pues la vigente Ley General de Minería brinda ya todos los pasos para empezar.
Recordó que, para que puedan empezar actividad, requieren tener una concesión o, si no la tienen, necesitan antes firmar un contrato con el titular de la concesión donde quieran operar. Sin cumplir esos requisitos, todo lo que hagan resulta ilegal.
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Simplificación de procesos
Por otro lado, la presidenta del gremio minero energético consideró que entre las prioridades del próximo Gobierno debe estar continuar con la simplificación de los procedimientos para la aprobación de las licencias y permisos para la operación de proyectos mineros.
Refirió que, actualmente, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está revisando más de 400 procedimientos vinculados al sector y que esperan no solamente que se recorte el número de permisos, sino los plazos que toman para su evaluación.
Torreblanca hizo hincapié en que, sea la respuesta del MEF positiva o negativa, lo que necesita el país es que se concluya con la evaluación a tiempo para que el inversionista sepa a qué reglas se atiene. A esto se suma la necesidad de asegurar que las normas que se otorguen estén orientadas a simplificar, no a generar nuevos requerimientos.
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¿Y la Ventanilla Única Minera?
La dirigente empresarial advirtió que -pese a los anuncios de anteriores autoridades del Ministerio de Energía y Minas (Minem)- nunca se llegó a implementar la denominada Ventanilla Única Digital del Sector Minería (VUD-Minem).
La VUD-Minem fue creada mediante el Decreto Supremo 016-2019-EM en septiembre del 2019, supuestamente dirigida a reducir la tramitología, digitalizar procedimientos y mejorar la interoperabilidad entre entidades públicas. El Minem señalaba que su implementación culminaría el 2025.
No obstante, Torreblanca subrayó que “no existe ninguna ventanilla única hoy en día” y que se requiere contar con una plataforma multisectorial que permita conectar a diversas entidades que tienen que ver con los permisos al sector, como al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), entre otras.
En tal sentido, consideró que el nuevo Gobierno tiene que asegurar que esa plataforma pueda servir no solo al Minem, sino que esté interconectada con todas las entidades antes mencionadas para que los permisos se aprueben a tiempo y sin bajar los estándares de su supervisión.
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Los retos del sector
Durante el World Mining Congress 2026, se destacó que uno de los desafíos que enfrenta el sector minero en sus zonas de operación es cómo resolver el acceso a recursos con los que van a operar, como por ejemplo el agua, con el riesgo de enfrentar a quienes se oponen al desarrollo de esa industria.
No obstante, indicó que es posible convertir esos riesgos en oportunidades, a través de soluciones innovadoras, trabajando de la mano con el Gobierno. Por ejemplo, se podría permitir el tratamiento del agua del alcantarillado para su uso en la industria o para la irrigación de tierras agrícolas.
Exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, participó en el Word Mining Congress 2026
En ese mismo foro, el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, director ejecutivo del Videnza Institute, consideró que otro de los retos del sector minero es el acceso a la energía y que una zona crítica es el sur del país, donde existen muchas reservas de mineral, pero faltan más líneas de transmisión para llevar la electricidad a la zona.
Indicó que, si bien el Gobierno trata de promover concesiones, es difícil lograr compromisos de inversión, y que lo que se requiere es que el Ejecutivo lleve a cabo una planificación a gran escala, con la participación de la industria y la sociedad, que de una perspectiva de largo plazo, a fin de dar predictibilidad a las inversiones.
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Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan. Labora actualmente como analista económico especializado en industrias extractivas, energía y transportes en el diario Gestión.
