El Gobierno de Keiko Fujimori quiere crear un régimen especial para los proyectos más grandes del Perú. A través de su más reciente proyecto de ley sobre delegación de facultades legislativas, el Poder Ejecutivo apunta a agilizar la obtención de permisos en obras de infraestructura.
Este pedido al Congreso no es menor a raíz de hechos recientes. Especialistas apuntan a un fallo del Tribunal Constitucional (TC), que involucra a la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, como un antecedente para esta intención de Fujimori.
¿Libres de burocracia?
Entre los cambios que el Ejecutivo busca hacer para agilizar proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) y otras modalidades resalta el interés por simplificar los procedimientos administrativos.
En ese sentido, el Gobierno plantea literalmente simplificar los trámites, establecer exoneraciones de requisitos, aprobación automática y silencio positivo para autorizaciones, permisos, informes y títulos habilitantes de proyectos priorizados en el PNI-2026-2031 y sus proyectos complementarios.
Como ya se señaló, esto beneficiaría al menos a 72 iniciativas por S/ 144,177 millones. En en listado están prácticamente todos los grandes proyectos de alcance nacional que acortarían la brecha de infraestructura del Perú.
Figuran aquí el Anillo Vial Periférico (AVP), Chavimochic III, el Teleférico de Choquequirao, la Línea 2, el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur, el Puente Nación Asháninca, la Nueva Carretera Central, el Primer Grupo de Aeropuertos, la Red de Comunicaciones Napo-Putumayo, el COAR Centro y el Servicio educativo especializado para alumnos de segundo grado en Pasco, Huancavelica y Cusco.
“Veo saludable el pedido del Ejecutivo. Hemos tenido proyectos con contratos firmados y trazos fijos, pero las municipalidades plantean problemas para dar autorizaciones. Eso acaba en retrasos y mayores reclamos del privado al Estado”, consideró Muriel Menchola, socia del Área de Infraestructura y Construcción de Roselló Abogados.
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Una “lección aprendida” más de la Línea 2
De acuerdo con la exposición de motivos que entregó el Ejecutivo para justificar su delegación de facultades, la medida comentada sobre el PNI busca evitar retrasos en la construcción de esta clase de proyectos de alcance nacional.
Si bien en el diagnóstico se cita el caso de los permisos ante el Ministerio de Cultura (Mincul), por el uso de bienes que integran el Patrimonio Cultural de la Nación posteriores al periodo prehispánico, los retrasos involucran a otros ministerios y niveles de gobierno también, ya que se generan duplicidades y requerimientos reiterativos.
“Estas circunstancias pueden afectar la predictibilidad y oportunidad de las decisiones administrativas necesarias para la ejecución de proyectos”, señala el Ejecutivo. Sin embargo, una decisión reciente del TC también está relacionada.
En la Sentencia 145/2026 el TC declaró inconstitucional la exoneración de permisos municipales prevista para determinados proyectos priorizados del Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad (PNISC), el documento que antecede al PNI 2026-2031.
Una vieja disputa por una obra vinculada a la Línea 2 sería un antecedente para esta propuesta del gobierno de Keiko Fujimori. Foto: Andina).
La MML se negó a entregar los permisos necesarios para iniciar la obra, solicitando cambios a su trazo. El MTC respondió impulsando la exoneración de los proyectos del PNISC de contar con estas autorizaciones, vía la Ley de Endeudamiento Público, vehículo legal que el TC consideró inadecuado.
Para Ronald Fernández Dávila, socio del área de Infraestructura y Proyectos en PPU, no hay dudas de que ahora el Gobierno de Fujimori busca establecer esta licencia correctamente.
“Es fundamental tener ahora el mecanismo legal correcto para permitir esta solución. La Línea 2 es el proyecto emblemático de las demoras, pero tenemos proyectos, comenzando por el AVP, que si no tienen esa facilidad, sufrirán mucho”, advirtió.
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Otro cuello de botella por atender
Menchola precisó que, si bien la exoneración para proyectos del PNI de obtener permisos es llamativa, la delegación de facultades apunta a otro gran problema en esta clase de proyectos.
El Ejecutivo plantea en su pedido al Congreso precisar que el inversionista pueda acordar con el Estado que asuma la elaboración de estudios técnicos y también la adquisición de terrenos y liberación de interferencias. Esta figura, recordó Fernández Dávila, ya se aplica en proyectos como el AVP.
“Debemos darle flexibilidad a los nuevos. No puede seguir pasando que el Estado firma un contrato y recién identifica un problema de predios e interferencias. Tampoco se trata de dejar solo al Estado, si el privado puede apoyar, debe hacerlo”, refirió.
Periodista económico con más de 5 años de experiencia en el rubro. Conductor de "En Clave Económica" de Diario Gestión en YouTube. Licenciado en Comunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cubro temas vinculados a proyectos de inversión público y privada en más de una modalidad y hago seguimiento a diversos sectores económicos.
