La versión final del pedido de facultades para legislar, que remitió el Ejecutivo al Congreso, mantiene una agenda de inversión, formalización y productividad, pero retira o acota propuestas que requerían mayor discusión. También atiende dos urgencias sobre las que Gestión ha insistido: lucha contra la inseguridad ciudadana y (en menor medida) prevención frente a eventos climáticos. Es, además, una propuesta más políticamente viable.
Los cambios son relevantes. El borrador planteaba reducir el número de feriados; la versión final permite modificar su régimen, pero aún no hay claridad sobre lo operativo. En materia financiera, ya no propone derogar íntegramente la Ley 31143: identifica disposiciones específicas para eliminar los topes a las tasas de interés.
La moderación es más clara en materia laboral. Desaparecieron la flexibilización de vacaciones, horas extras, utilidades, gratificaciones y CTS, y la facultad para modificar las causas objetivas de extinción de contratos. Pero no el diagnóstico: la exposición de motivos considera la protección contra el despido arbitrario una de las “rigideces más significativas” del mercado laboral. La informalidad llegó a 70.2% en el 2025 y los costos laborales no salariales equivalen a alrededor del 72% del salario formal.
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En tributación también hay mayor prudencia. Desaparece la propuesta de un impuesto a la renta empresarial único con tasas marginales crecientes y queda una facultad general para simplificar los regímenes. El diagnóstico amerita reformas: apenas 4.0% de las microempresas logró convertirse en pequeña empresa entre 2015 y 2024.
La versión final conserva medidas para destrabar APP, terrenos, interferencias, concesiones mineras, electricidad y certificación ambiental, además de disposiciones vinculadas con prevención y respuesta frente a eventos climáticos.
Pero la urgencia está marcada por la inseguridad. El secuestro de un empresario en Trujillo el fin de semana, tras el asesinato de cuatro personas –luego fue liberado–, llevó al premier Luis Galarreta a presionar por la aprobación de las facultades y destacar la necesidad de fortalecer las operaciones de inteligencia. La gravedad de este y otros casos exige actuar, pero no justifica un cheque en blanco. La amplitud de las materias obliga al Congreso a revisarlas con celeridad y cautela.
Y no todo requiere facultades extraordinarias. Si Ejecutivo y Congreso quieren dar una señal inmediata contra la inseguridad ciudadana, pueden empezar por derogar las llamadas “leyes procrimen” de manera más célere en lugar de haber creado una comisión. La urgencia exige decisiones, pero también que sean las correctas.
