
El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, anunció que se logró establecer el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) a S/1,300 en sesión del Consejo Nacional del Trabajo (CNT), aumento que se deberá abonar en dos tramos.
En diálogo con Canal N, el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) destacó que se haya logrado retomar las reuniones en el CNT después de dos años, con un quorum al 100% de trabajadores y empleados, en este caso, para abordar el tema de la RMV.
“(En esa reunión) se ha logrado establecer el aumento de la RMV aceptando los S/1,300 (que propuso) la presidenta (Keiko Fujimori) … se ha dicho que va a ser en dos tramos”, anotó, aunque reconoció que hubo preocupación de parte del sector empresarial respecto a en qué fecha se aplicaría el primer tramo.
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Empresas pedían se abone post FEN
“Ellos (el sector empresarial) preferiría que sea luego del Fenómeno El Niño (FEN), pero nosotros (el MTPE) hemos dicho que ya hay un compromiso presidencial para que se haga en este semestre, el ministro (Elmer) Cuba señaló que puede ser octubre o noviembre”, apuntó.

Remarcó que la fecha de abono del primer tramo es algo que se tiene que coordinar con el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aunque luego comentó que el anuncio de si se hace en octubre o noviembre dependerá de la presidenta Fujimori, y que a ella le corresponde hacer el anuncio.
El ministro Sheput insistió que el aumento de la RMV no será una medida aislada, sino que viene acompañada de otras medidas, como el ya anunciado bono por única vez a las micro y pequeñas empresas (MYPE), y cuyo monto se establecerá a través del MEF, y que se otorgará en forma paralela (al ajuste remunerativo) para que no haya afectación a los empleadores.
¿Y el presupuesto para el bono?
Asimismo, remarcó que el otorgamiento de ese bono por parte del Estado se incluirá en el presupuesto correspondiente al presente año, aunque evitó detallar a cuánto asciende ese presupuesto.
“Yo creo que sí (se va a otorgar el bono este año) esa es una cuestión que le corresponde decirlo al ministro Elmer Cuba, pero conociendo su seriedad y profesionalismo y alto nivel técnico, es algo que se va a cumplir también”, puntualizó.

En otro momento comentó que “los que hemos manejado presupuestos en el sector público sabemos que podemos derivar de un lugar a otro y también trabajar con las expectativas empresariales, la inversión pública, la inversión privada, etcétera”.
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“Como consecuencia de todo eso, se dispone de un dinero que podría ir a las MYPES. Se ha hecho antes, se puede hacer después y aún más. Las condiciones económicas del país, según el marco macroeconómico multianual que ha hecho el MEF, van a ser, a pesar del niño, más positivas el próximo año”, añadió.
Medidas complementarias
Pero, además, Sheput subrayó que el aumento de la RMV forma viene de la mano con un conjunto de otras medidas complementarias que se están planteando en la delegación de facultades que se está planteando al Congreso, para hacer más competitivas a las MYPE.

Recordó que las MYPE constituyen el 99.7% de todas nuestras empresas, mientras el 0.2% son medianas empresas, y solo el 0.1% es la gran empresa. “Entonces, la gran carga de informalidad, la gran responsabilidad en generación de empleo está en la micro y pequeña empresa y por eso queremos acometerla con un conjunto de medidas que la saque adelante”, apuntó.
El titular del MTPE coincidió en que el sueldo mínimo constituye una base muy relativa, pero que es una onda expansiva que también involucra a los sectores informales y sirve como una tabla de referencia.
“En ese sentido nosotros estamos planteando una remuneración mínima de S/1,300 con lo cual se llegaría a los niveles de consumo, es decir, la capacidad de consumo de una persona del año 2020”, aseveró.
Critica rechazo a delegación de facultades
Previamente, durante su presentación ante la Comisión de Constitución del Congreso, el ministro Sheput cuestionó que algunos sectores de la oposición parlamentaria hayan anunciado su rechazo al pedido de delegación de facultades legislativas que planteó el Ejecutivo, antes de escuchar y debatir las propuestas en las comisiones legislativas.
“Hay parlamentarios de la oposición que, sin haber profundizado, sin haber escuchado las diversas exposiciones de los ministros y, sobre todo, sin haber permitido el desarrollo de las propuestas en las comisiones, ya están planteando de antemano una negativa”, criticó.
El titular del MTPE reconoció que oponerse constituye un derecho político de las bancadas; sin embargo, advirtió que esa posición no puede ignorar la grave realidad que atraviesa el país en materia institucional, económica, laboral y de seguridad ciudadana.
“Es su derecho político, pero ese derecho está chocando con una realidad existente en nuestro país: una situación caótica en materia institucional, de seguridad ciudadana, económica y de empleo”, enfatizó.
Descarta sea medida autoritaria
La autoridad explicó que la amplitud de la solicitud -que comprende ocho materias y 66 decretos legislativos- responde a la magnitud de los problemas acumulados durante los últimos cinco años, periodo en el que el país tuvo cuatro presidentes y sufrió un deterioro progresivo de su institucionalidad.
“Cuatro presidentes han generado una situación de desorden que se refleja en el ámbito institucional, social, económico, político y de seguridad. Ante ello tenemos que enfrentar la situación con una de las herramientas que brinda la democracia: la delegación de facultades”, manifestó.
En ese sentido, rechazó las versiones que pretenden presentar este mecanismo constitucional como una medida autoritaria o contraria al orden democrático.
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“La delegación de facultades no es un tema autoritario, no es un golpe de Estado ni la antesala de un golpe. Es una herramienta estrictamente democrática: es atribución del Ejecutivo solicitarla y del Congreso aceptarla o negarla. En estas circunstancias, lo que estamos pidiendo es su aprobación”, precisó.
Empleo y seguridad ciudadana
El ministro cuestionó especialmente el argumento de algunos sectores de la oposición según el cual las facultades solicitadas en materia laboral no tendrían relación con la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Al respecto, advirtió que el país tiene cerca de un millón y medio de jóvenes que no estudian ni trabajan y que, dentro de ese universo, existiría alrededor de medio millón que tampoco busca hacerlo.
“¿Cómo se puede afirmar que esto no ayuda a la seguridad ciudadana si ese medio millón de jóvenes constituye el caldo de cultivo de la delincuencia?”, preguntó ante la representación nacional.
El ministro Sheput sostuvo que el crecimiento económico y el empleo formal son fundamentales para ofrecer oportunidades reales a la juventud y evitar que la falta de perspectivas sea aprovechada por el pandillaje y las organizaciones criminales.
“Por supuesto que la formalidad ayuda a luchar contra la delincuencia. A mayor crecimiento económico, mayor capacidad para incorporar a esos jóvenes al empleo y no al pandillaje”, afirmó.
Explicó que cada punto porcentual de crecimiento del producto bruto interno genera aproximadamente 50 mil puestos de trabajo, mientras que alrededor de 300 mil personas —en su mayoría jóvenes— se incorporan anualmente a la población económicamente activa.
“Si crecemos 6 % al año, podemos absorber a esos 300 mil jóvenes. Pero si el país crece solamente 1 %, 2 % o 3 %, entre 150 mil y 200 mil quedan fuera del mercado laboral, y allí está la semilla del pandillaje”, advirtió.
Formalizar es reconocer derechos
El titular del MTPE rechazó también que las propuestas del Ejecutivo busquen recortar derechos laborales a los jóvenes. Señaló que no se puede hablar de eliminar beneficios que millones de trabajadores informales nunca han podido ejercer.
“¿Qué derechos les vamos a quitar a seis millones de jóvenes si ni siquiera los tienen? La mayoría de los jóvenes, que conforman el grueso de la informalidad, no tiene vacaciones, CTS, gratificaciones, acceso a la salud ni una futura pensión”, expresó.
El ministro explicó que existen jóvenes que llevan años trabajando mediante recibos por honorarios, boletas u otros mecanismos que no les proporcionan protección laboral ni seguridad social. Frente a esta situación, remarcó que el propósito del Gobierno es incorporarlos a la formalidad y reconocerles los derechos que hoy se les niegan.
“Lo que pretende este Gobierno es darles derechos. Hay jóvenes que llevan cinco años trabajando con honorarios profesionales, tres años con una boleta o dos años con un simple recibo. A esos jóvenes tenemos que darles derechos”, sostuvo.
Finalmente, el titular del sector Trabajo invocó al Congreso a evaluar la solicitud con responsabilidad y sentido de urgencia, evitando que una posición minoritaria impida que la representación nacional adopte una decisión necesaria para el país.
“No permitamos que una minoría audaz, que confunde la oposición con la destrucción sistemática de una iniciativa legislativa, tome la iniciativa e impida que este Parlamento se pronuncie a favor de una delegación de facultades absolutamente necesaria”, concluyó.






