El 14 de agosto, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la República ratificó por unanimidad el acuerdo de la Junta de Portavoces que establece que las labores parlamentarias se realicen de manera estrictamente presencial.
El presidente del Senado, Miguel Torres, de Fuerza Popular, mostró su postura a favor de que los congresistas continúen participando de manera virtual en las sesiones del Pleno y las comisiones. En contraste la diputada Indira Huilca, de Ahora Nación, presentó un proyecto de ley orientado a establecer la asistencia presencial obligatoria para los parlamentarios.
Implicancias del trabajo remoto
Durante el periodo legislativo anterior, las sesiones remotas dejaron de ser excepcionales y se volvieron habituales. Esto permitió que congresistas participaran desde lugares particulares, reduciendo la transparencia, la calidad del debate y el contacto con la prensa y la ciudadanía.
El nuevo acuerdo de la Cámara de Diputados devuelve la presencialidad como obligación y, además, busca reforzar la importancia del cargo parlamentario y exige una participación directa de los legisladores en sus tareas de debate, elaboración de leyes y fiscalización.
La participación y votación remotas solo serán permitidas en circunstancias excepcionales, justificadas y mediante las plataformas oficiales en situaciones como:
- Cuando el diputado realice labores de representación fuera de Lima.
- Por descanso médico acreditado.
- Por licencia de maternidad o paternidad.
- Por casos fortuitos o de fuerza mayor sustentados ante la presidencia del órgano correspondiente.
Javier Albán, profesor e investigador de la Universidad del Pacífico, sostiene que una virtualidad permanente o predominante no mejora el funcionamiento parlamentario y, por el contrario, puede debilitar mecanismos básicos de control público sobre los congresistas. Según el especialista, un Congreso virtual sería más difícil de fiscalizar.
En una sesión presencial, la prensa, los ciudadanos y otros actores pueden observar directamente el comportamiento de los parlamentarios, como por ejemplo si asisten, con quiénes se reúnen, qué discusiones sostienen y cómo participan en las votaciones. La presencialidad permite, en este escenario, que exista un mayor control sobre las actividades vinculadas al trabajo legislativo.
En cambio, bajo una modalidad virtual Albán sostuvo también que, en la virtualidad, se perderían elementos de observación que la prensa puede aprovechar cuando está presente en el lugar donde se desarrollan las sesiones. Esto restringiría la capacidad de verificar lo que ocurre detrás de las decisiones legislativas.
“La idea de que tengamos un congreso y edificios dedicados para eso es que se aumente la transparencia y eso da confianza en la gente de que las instituciones se organicen y funcionen de forma transparente”, señaló el especialista.
Uno de los principales riesgos - agrega - es que la virtualidad facilita formas de influencia que podrían quedar fuera del escrutinio público. Si los parlamentarios no están obligados a acudir al Congreso, podrían reunirse en otros espacios con mayor facilidad, incluso antes, durante o después de las sesiones virtuales, sin que sea sencillo detectar quiénes intervienen en las negociaciones o qué intereses están detrás de determinadas decisiones.
Confianza económica
Otro aspecto a tener en cuenta es el impacto en el ámbito económico. Un Congreso con virtualidad podría generar mayor incertidumbre para inversionistas, empresas y mercados.
Albán precisó que un Parlamento con presencialidad obligatoria es más predecible, porque existen más mecanismos visibles para observar el proceso político y legislativo. Cuando disminuye la transparencia, aumentan las dudas sobre cómo se toman las decisiones y qué intereses pueden influir en ellas.
Este riesgo podría ser vinculado con la presencia de dinero ilegal en la política. En un entorno donde ya existen preocupaciones por la influencia de presuntos recursos irregulares, una menor visibilidad de la actividad parlamentaria facilitaría que esos intereses intenten incidir sobre los legisladores.
Por tanto, la virtualidad no sería únicamente un asunto operativo o tecnológico, sino también un factor que puede aumentar la incertidumbre sobre la integridad de las decisiones políticas.
“Son pocos los países en el mundo los que siguen con esta posibilidad de trabajar virtualmente. No es visto como algo positivo”, puntualizó.
Desde esta perspectiva, un Congreso virtual podría reforzar la percepción de que la política peruana no está siendo tratada con la seriedad necesaria, además de que la virtualidad puede ser vista como un indicio de que existen condiciones más favorables para nuevas crisis políticas, ya que disminuye la formalidad y la claridad con que deberían funcionar las instituciones.
La virtualidad parlamentaria podría debilitar el control político y la transparencia, elevando la incertidumbre institucional. Sin embargo, también podría verse como una oportunidad de modernización del Estado. Foto: Congreso.
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Virtualidad como parte de la modernización estatal
Otra visión que existe sobre la virtualidad en el Congreso esta relacionada con la modernización estatal. La propuesta de implementar o ampliar las sesiones virtuales en el Congreso debe ser evaluada dentro de un proceso más amplio de innovación y acercamiento tecnológico del Estado peruano.
Desde hace varios años las entidades públicas han impulsado el uso de herramientas virtuales y digitales, tanto en ministerios como en gobiernos regionales, municipalidades y otras instituciones estatales.
Ante ello, Antonio Álvarez Silva, abogado y consultor en Gestión Pública, consideró que el Congreso no debería quedar al margen de esta transformación. En este caso, el uso de la virtualidad respondería a una nueva etapa en la gestión pública, en la que la toma de decisiones puede realizarse remotamente sin que ello implique necesariamente una pérdida de calidad, eficacia o legitimidad.
El especialista consideró es que no existiría un riesgo inherente en permitir sesiones virtuales, ya que estas pueden facilitar la toma de decisiones y agilizar las labores parlamentarias. Por ello precisó que, en lugar de ver la virtualidad como una amenaza, la define como un insumo importante para reducir tiempos, acortar plazos y dar mayor dinamismo al trabajo legislativo y de fiscalización.
Si bien un congresista puede realizar visitas presenciales a ministerios, regiones o instituciones públicas para verificar hechos o recoger información, gran parte de la labor de control puede desarrollarse mediante solicitudes y revisión de documentos en formato digital.
En este contexto, la virtualidad permitiría que los congresistas soliciten, reciban, revisen y compartan información con mayor rapidez, lo que haría más eficiente el seguimiento a las entidades públicas y fortalecería la capacidad de control parlamentario. Por ello, la digitalización puede ayudar a disminuir las brechas de fiscalización, al permitir una comunicación más fluida entre los legisladores y las distintas instituciones del Estado.
Sin embargo, el especialista aclaró que esta modalidad no debe reemplazar completamente el “trabajo en territorio”. Según precisó, un congresista no debe permanecer permanentemente frente a una computadora, ya que su función también requiere presencia en campo, contacto con la población y verificación directa de situaciones que requieren supervisión presencial.
La virtualidad, por tanto, debe entenderse como una herramienta complementaria de la labor legislativa, no como un sustituto absoluto de toda actividad parlamentaria presencial.
“Toda responsabilidad trae consigo una obligación. Y eso hay que entenderlo de manera específica”, señaló.
Como alternativa, planteó la posibilidad de establecer un sistema mixto, que combine actividades presenciales y remotas. Esta fórmula permitiría evaluar la participación de los congresistas durante las votaciones, el debate de dictámenes y el trabajo de comisiones investigadoras, sin perder eficacia.
El sistema mixto sería, en este escenario, una opción para aprovechar las ventajas de la tecnología sin eliminar los espacios de interacción directa que son relevantes en determinadas decisiones políticas, debates o labores de representación y control legislativa.
