El Gobierno de Keiko Fujimori dispuso la creación de un grupo de trabajo encargado de revisar las normas en materia de criminalidad aprobadas por el anterior Congreso, algunas de las cuales han sido calificadas como “leyes procrimen”. La instancia podrá proponer modificaciones orientadas a fortalecer la prevención, investigación, persecución, juzgamiento y sanción de los delitos.
La medida fue formalizada mediante la Resolución Ministerial N.° 311-2026-JUS. El grupo estará presidido por el viceministro de Justicia e integrado por el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, el presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE y el director general de Asuntos Criminológicos.
Entre sus principales funciones estará realizar una revisión integral de las modificaciones normativas vinculadas con la criminalidad y recoger los aportes de instituciones, especialistas, la academia y la sociedad civil respecto de los proyectos que sean evaluados.
Asimismo, podrá formular las propuestas de proyectos de ley que considere necesarias y deberá informar semanalmente al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, sobre los avances de su trabajo.
La resolución también establece que el grupo podrá convocar a representantes de entidades públicas o privadas, además de especialistas y profesionales cuya participación pueda contribuir al cumplimiento de sus objetivos.
El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez Miranda, indicó que las denominadas “leyes procrimen” serán sometidas a una evaluación técnica. Foto: PCM.
Revisión técnica
El titular de Justicia, Ernesto Álvarez Miranda, señaló que las normas aprobadas por el anterior Parlamento serán sometidas a una evaluación técnica.
“No existe ley perfecta. Las leyes aprobadas por el anterior Congreso serán revisadas técnicamente para asegurar que cumplan su finalidad: luchar contra el crimen en el marco del Estado de Derecho”, escribió en X.
El grupo de trabajo tendrá una vigencia de 30 días hábiles, contados desde el día hábil siguiente a su instalación. Durante ese periodo deberá presentar reportes semanales y, al finalizar, entregar al despacho ministerial un informe con la revisión integral de las modificaciones normativas en materia de criminalidad.
De corresponder, también remitirá los proyectos normativos elaborados y sus respectivas exposiciones de motivos.
Normas bajo cuestionamiento
La revisión de estas normas responde también a los cuestionamientos planteados desde sectores de oposición, organizaciones civiles y operadores del sistema de justicia.
Juntos por el Perú presentó una iniciativa para derogar siete normas, mientras que Ahora Nación planteó dejar sin efecto 10 dispositivos aprobados durante el anterior Parlamento unicameral.
La creación de este grupo de trabajo forma parte, además, de una promesa de campaña de Keiko Fujimori. La mandataria había planteado la conformación de una comisión de alto nivel, con participación del Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y especialistas, para evaluar las normas vinculadas con la lucha contra la criminalidad.
