
El próximo Gobierno de la reciente elegida presidenta del Perú, Keiko Fujimori, recibirá una planilla estatal más numerosa y costosa que la que existía hace una década mientras se siguen sumando nuevos incrementos salariales y obligaciones impulsadas desde el Congreso de la República.
De acuerdo con cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), recopiladas por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el gasto anual en remuneraciones del Gobierno general pasó de S/ 35,449 millones en el 2015 a S/ 73,331 millones en el 2025, lo que representa un incremento de cerca de 107% en los últimos diez años.
La tendencia continúa este año. Según el último reporte del BCRP sobre operaciones del sector público, en 2026 el gasto en remuneraciones ya alcanzó S/ 32,839 millones solo a mayo, siendo 11.4% superior a lo que se destinó en el mismo periodo del año pasado.
En estos meses el gasto se elevó principalmente por mayores retribuciones al personal policial, de salud, judicial, militar, del Magisterio y administrativo.

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Incrementos que no tendrían freno en los próximos años
Para el presidente del Consejo Privado de Competitividad, David Tuesta, este crecimiento en el gasto del Estado responde principalmente a decisiones políticas acumuladas durante los últimos años.
“Es una consecuencia de la situación de debilidad política del Poder Ejecutivo. Este escenario de fuerte fragmentación y cambio constante del gobernante de turno ha llevado a que el populismo tenga un mayor espacio para posarse y su principal manifestación ha sido el fuerte crecimiento del gasto concentrado en el ámbito de las remuneraciones”, comentó a Gestión. Por ejemplo, uno de los sectores donde más se ha reflejado esta tendencia es Educación.
Estos gastos seguirían extendiéndose si se toma en cuenta que con la negociación colectiva de este año, en el 2027 continuarán los aumentos remunerativos. Como informó Gestión, se aprobó incrementos para diversos regímenes laborales del sector público, que incluyen aumentos en el Monto Único Consolidado (MUC) para trabajadores del régimen 276, incrementos para servidores CAS y otros ajustes salariales escalonados que se aplicarán el próximo año.
Además de estos incrementos, que se dan usualmente como parte del convenio colectivo, el Consejo Fiscal ha advertido sobre nuevas obligaciones permanentes de gasto aprobadas por el Congreso, entre ellas está la ampliación de beneficios laborales para trabajadores CAS por alrededor de S/ 3,000 millones anuales.
Si tenemos en cuenta las últimas iniciativas legislativas aprobadas que tienen incidencia en remuneraciones, revisadas por el Consejo Fiscal, el gasto ascendería a cerca de S/ 6,835 millones al año, lo cual se suma al presupuesto que ya se asigna a los salarios de los trabajadores públicos.
“Estas presiones fiscales se suman a un presupuesto 2026 que ya incluye un incremento históricamente elevado de las partidas de remuneraciones y pensiones, que no solo excede en varias veces al promedio histórico, sino que supera largamente los incrementos considerados en el Marco Macroeconómico Multianual, en el Informe Preelectoral y al gasto consistente con el cumplimiento de las reglas fiscales”, advierte el último informe del Consejo Fiscal.
Esto, añaden, haría muy probable que se generen nuevos incumplimientos de las reglas -que espera un déficit fiscal de 1.8% para el 2026- dejando un reducido espacio fiscal para el siguiente Gobierno.
Tuesta coincidió en la observación. Si bien actualmente la situación fiscal del país no muestra señales de incumplimiento para este año -el déficit fiscal ahora se encuentra en torno al 1.6%- las alertas están puestas para los siguientes periodos pues este avance se sostiene en los ingresos extraordinarios que se generan debido a los altos precios internacionales de minerales como el cobre.
“En su último reporte, el Fondo Monetario Internacional calculó cuál sería el nivel de déficit del Perú si los precios estuvieran en situación normal y encontró que estaría en 3.6%. La situación está escondida por las altas cotizaciones, pero este ciclo en algún momento se va a acabar. Esto al final se convertirá en un problema que el Gobierno de Fuerza Popular va a enfrentar de todas maneras”, explicó.
Según el exministro, cuando ese ciclo de altos precios termine, el próximo Gobierno podría terminar enfrentando una combinación compleja de gastos permanentes elevados e ingresos fiscales menores.

Más trabajadores
Las remuneraciones no son lo único que sube, sino que también se observa una expansión en la cantidad de trabajadores del Estado. El informe Características del Servicio Civil Peruano de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) muestra que el Estado pasó de tener cerca de 1.3 millones de servidores públicos en el 2017 a casi 1.6 millones en el 2024, un crecimiento de 18%.
Esto no ha cambiado hasta ahora. Por el contrario, ha aumentado. Según la data del BCRP a abril muestra que de los 6.6 millones de trabajadores formales en el país, 1.7 millones están en el Estado.
“Una vez superado el impacto de la pandemia, la planilla pública consume de forma permanente una porción ligeramente mayor de la riqueza nacional. Esta “nueva meseta” de mayor presión fiscal refleja la consolidación de un Estado con un costo operativo estructuralmente más alto”, indica el informe de Servir.
Cabe indicar que el costo de la planilla representa cerca de un tercio de todo el presupuesto público, teniendo un peso de entre el 32.1% y el 34.4%.
¿Qué impulso el incremento de los puestos de trabajo? Durante el periodo evaluado, el crecimiento del empleo en el sector público fue impulsado principalmente por las carreras especiales -como Magisterio, Salud o Policía-, cuyo número de trabajadores aumentó 38.7% entre el 2017 y el 2024. Aunque el empleo aumentó más en esa categoría, el CAS, que creció 35.1%, siguió siendo el régimen con mayor cantidad de trabajadores.
¿Qué puede hacer el próximo Gobierno?
Frente a las normas aprobadas por el Congreso, Tuesta recordó que aún existen mecanismos para intentar contener parte del impacto fiscal, entre ellos presentar demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC).
“[El próximo Gobierno] tiene que ir de todas maneras al TC y, en el camino, hacer una corrección en el reglamento que vaya a sacar el MEF para estas medidas. Es importante que el nuevo mandato presente la demanda porque, si no lo hace, la situación será inmanejable”, sostuvo.
Respecto a la posibilidad de reducir el gasto mediante despidos de trabajadores públicos, el exministro descartó que esa sea una alternativa viable.
“Lo veo realmente complicado políticamente. La salida no iría por despidos, sino por un congelamiento en la contratación de nuevos empleados y una reasignación de los existentes. También se puede conseguir ahorro recortando contrataciones a terceros y revisando los contratos CAS que siguen siendo temporales”, refirió.
Por ahora, advirtió que mantener el crecimiento del gasto corriente tiene un costo de oportunidad para otras prioridades del Estado pues compromete mayor presupuesto a remuneraciones termina cortando espacio para invertir en obras públicas.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.







