Un lamentable terremoto despertó las alarmas en Sudamérica: el lunes 10 de agosto, un movimiento de magnitud 7.4 en Chochó, uno de los 32 departamentos de Colombia y ubicado al oeste de Bogotá, ha causado la muerte de más de 230 personas, reportaron autoridades.
En el Perú, un sismo en Junín, aunque de menor magnitud (5.1), azotó sobre todo a Pumpunya, dejando fallecidos y damnificados. Este jueves 20 de agosto, ocurrió otro sismo de 7.2 en Coracora (Ayacucho). De momento, no hay tragedias que lamentar. Pero, el país aún podría enfrentar un episodio incluso, alertan, de mayor intensidad que el país vecino.
Estudios realizados por instituciones científicas apuntaron que la mayor fuente de sismicidad en el país se genera a lo largo del borde occidental. Esto, por la placa de Nazca que subduce por debajo de la placa Sudamericana frente a la línea litoral.
Un estudio realizado en 2011 identificó la existencia de cuatro zonas de acumulación sísmica extendidas en 350 kilómetros paralelos a la zona costera.
“Esta área estaría acumulando deformación desde el año 1746, fecha en que ocurrió, quizás, el sismo de mayor magnitud en el territorio peruano”, recogió el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), en la actualización de este año de su informe “Escenario de riesgo por sismos y tsunami en Lima y Callao”.
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En dicho documento también se señaló que un 76% de la población total de las provincias de Lima y Callao se encuentran con nivel de riesgo “muy alto”, equivalente a 7.07 millones de personas. El 23% está con riesgo “alto” (2.1 millones) y el 1% restante con riesgo “medio”.
“En el Callao, los distritos con mayor población con riesgo “muy alto” son Callao y Ventanilla; en Lima Metropolitana, los distritos son San Martín de Porres, Comas, Los Olivos, Puente Piedra, Carabayllo, Lima, La Victoria, San Miguel, San Juan de Lurigancho y Ate, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Chorrillos”, detallaron.
La ocasión obliga a dar una mirada sobre la capacidad de respuesta del Gobierno en diferentes sentidos, como el financiero, a fin de reaccionar oportunamente ante un desastre natural frecuentemente advertido.
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Respuesta financiera
Luis Miguel Castilla, extitular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y Carlos Casas, profesor e investigador de la Universidad del Pacífico (UP), indicaron que el país cuenta con, al menos, tres líneas de respuesta financiera rápida ante un desastre como un terremoto.
“Más que solo una medida hay una estrategia financiera estructurada para estas ocasiones”, describió Castilla.
En primer lugar están las líneas de créditos contingentes suscritas con organismos multilaterales como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“De alguna manera es un dinero separado para estas ocasiones y se activa su uso con la declaratoria de catástrofe”, mencionó Casas.
El profesor e investigador de la UP agregó que el monto contemplado por este canal ascendería a los US$ 2,500 millones, aproximadamente. “Puede que se quede corto el monto en algunos casos, pero es lo que ya se tiene a la mano antes de salir al mercado por endeudamiento”, subrayó.
El Gobierno peruano accedería a líneas de crédito contingentes ante estos desastres naturales. (Photo by Joaquin SARMIENTO / AFP)
En segundo lugar están los recursos en la reserva de contingencia del MEF. Según la ley de presupuesto público para este año aprobada, el monto considerado inicialmente fue de S/ 4,061 millones, aproximadamente. Casas indicó que este fondo sigue la regla de mantener un mínimo equivalente al 1% de los recursos ordinarios, alrededor de S/ 1,500 millones (poco menos de US$ 500 millones).
El monto de la reserva de contingencia suele ser variable y discrecional, apuntó Casas. Al inicio de este mes, por ejemplo, el MEF autorizó que se transfieran más de S/2,500 millones a su favor.
“Dentro de la reserva, hay montos consignados para atenciones inmediatas, realizar fichas de emergencia, girar recursos al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), entre otros procedimientos rápidos”, anotó Castilla.
En tercer lugar, aparece el Fondo de Estabilización Fiscal (FEF). Según el balance del fondo realizado por el MEF al cierre del 2025, la cifra asciende a los US$ 3,213.94 millones (casi 1% del PBI). Sin embargo, en momentos de no deterioro de las finanzas públicas, la cifra logró ser equivalente a entre el 2% y 3% del PBI.
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“El monto que tendríamos a disposición, a la mano, con estas tres fuentes serían alrededor de US$ 6,000 millones”, comentó Casas.
Una cuarta alternativa de financiamiento es el seguro catastrófico contratado en el marco de la Alianza del Pacífico, del cual es parte Perú, añadió Castilla.
Aunque este primer “colchón” financiero es importante, los expertos indicaron que la situación pudo ser mucho mejor.
“Por la pandemia, los ahorros del país se gastaron y, desde entonces, se han ido reponiendo, pero no a la velocidad que se debió”, comentó Castilla.
En esta línea, Casas señaló que buena parte del actual nivel de ahorros del país responde al actuar del Congreso de la República y la promulgación de una serie de leyes sin estudios de fondo ni fuente de financiamiento identificado.
Problema de fondo
Sobre este escenario, Castilla indicó que el Perú no contaría con problemas de acceso a financiamiento para reaccionar a una emergencia como un terremoto.
“El país obtendría los recursos rápido. No tendría que hacer muchos trámites para estos primeros montos. Luego, si se requiere, se emite endeudamiento. Aunque se aumentaría el gasto del Estado, hay cobertura para el financiamiento”, sostuvo.
Con esto coincidió Flavio Ausejo, especialista en política públicas de la PUCP, al mencionar que el Perú cuenta con una posición sólida para acceder a liquidez, pero el problema está en la gestión eficiente de los recursos, aun más en contextos de emergencias.
“El Perú puede endeudarse por varios dígitos, pero hay un severo problema de gestión, de organización, ante emergencias. Las fuerzas armadas han venido elevando su preparación para estos casos, pero aún es insuficiente”, comentó.
El país cuenta con, al menos, tres líneas de respuesta financiera rápida ante un desastre como un terremoto. | Andina
En este contexto, Ausejo indicó que, ante un desastre de este tipo, hay dos factores que terminan elevando la cifra de fallecidos.
“El frío y la falta de acceso al agua es lo que agrava la cifra de fallecidos. El gran desafío que tenemos es cómo atender a Lima como una megápolis. Si no nos preparamos, vamos a tener una situación grave. Solo pensemos en el acceso a servicios, como al agua. Las reservas de plantas de tratamiento son solo de unos pares de días”, advirtió.
En este punto, Castilla agregó que un aspecto que debe alertar es el elevado número de infraestructura pública que no cuenta con un seguro ante desastres. “Solo los que están en concesiones, por obligación, están aseguradas”, indicó.
Al respecto, desde la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg) reportaron que solo entre el 15% a 20% de la infraestructura pública del país está protegida con algún seguro para fenómenos naturales o desastres.
Agregaron que menos del 5% de viviendas cuenta con un seguro a pesar del alto riesgo que existe en zonas sísmicas como el Perú.
Eduardo Morón, presidente de la Apeseg, apuntó que el ritmo de recuperación de un país puede ser rápido, lento o muy lento, a partir de su capacidad de mitigación. Esto es contar con financiamiento, infraestructura asegurada, entre otros.
“[Otro factor] sería tener reglas institucionales que predeterminen quién es el que va a liderar el proceso de reconstrucción si es que ocurre un desastre importante, significativo, catastrófico”, observó.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
