
Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, obtuvo la mayor cantidad de votos al 100% de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), alcanzado la tarde de este lunes 29 de junio. La virtual próxima presidenta del Perú acumuló 9,223,396 votos, unos 49,641 adicionales que Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), transcurridas tres semanas de las votaciones.
Fujimori, que tiene como vicepresidentes a Luis Galarreta y Miki Torres, cuenta con un plan de gobierno de casi 140 páginas y donde uno de los pilares estratégicos es el económico. Gestión te cuenta las principales iniciativas.

Panorama macroeconómico
Uno de los aspectos principales que destaca el plan es el “aseguramiento de la independencia del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y el respeto a los contratos”.
Bajo la premisa de recuperar el “orden”, plantea como una de sus mayores prioridades un programa de consolidación fiscal, lo cual incide directamente en el nivel de gasto público que tendría.
“Desde hace varios años el déficit fiscal se ha mantenido con una tendencia alejada a la regla fiscal y ello trae como consecuencia una visión negativa hacia el manejo del Estado pues no está en la capacidad de invertir en servicios públicos esenciales y cubrir las reales necesidades de la ciudadanía”, se lee.
En esa línea, el plan de Fuerza Popular apunta a una gestión “eficiente” del gasto público, la eliminación de gastos superfluos y una reorientación de recursos hacia sectores estratégicos que generen mayor productividad.
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Sumado a esto, indica que -en un eventual Gobierno de la candidata- se impulsará una reforma de la administración tributaria, buscando ampliar la base contributiva y a fortalecer la recaudación. “Sin aumentar la presión sobre los sectores formales ya contribuyentes y cumplidores”, hace hincapié.
En este marco de dinamizar la economía, Fujimori considera eliminar “más de 500 procedimientos administrativos redundantes y unificar normativas dispersas”. Para esto, se creará una Ventanilla Única Digital Nacional con Inteligencia Artificial, que permitirá que “el 80% de los trámites empresariales se realicen en línea”.
Con esta desregulación se esperaría elevar el atractivo del país para la inversión privada. La estimación desde Fuerza Popular es, si llegara al “sillón de Pizarro”, “atraer entre US$ 5,000 millones y US$ 7,000 millones adicionales en inversiones privadas anuales”. Su impacto en el mercado laboral sería la generación de 500,000 nuevos empleos formales durante su período de gestión.
También en el ámbito laboral, y atendiendo los altos niveles de desempleo juvenil, el fujimorismo otorgaría un crédito tributario del 50% del monto pagado a practicantes preprofesionales y profesionales. “Con el propósito de fomentar la contratación de jóvenes y promover su experiencia laboral temprana”, se detalla.

Sobre las mypes
El Perú tiene un problema estructural en lo que concierne a su tejido empresarial en sus primeros años. Ante este escenario, Fuerza Popular crearía el “Prompyme” con rango viceministerial y adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros. Este sería el resultado de unificar programas de apoyo, como ProInnóvate, Procompite, entre otros.
Asimismo, implementarían una política de “Licencia 0 para mypes”, basada en la eliminación de costos y “trámites innecesarios (inscripción registral, licencias municipales, defensa civil, registros de marca o nombre)”.
Atendiendo a los emprendedores, Fuerza Popular plantea la creación del programa “Capital Semilla Joven” para otorgar un capital destinado a egresados y titulados que deseen emprender un negocio, bajo la modalidad de fondos con o sin retorno, previa presentación y supervisión de un proyecto viable.
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Minería, Petroperú y energía
Uno de los principales motores de la economía peruana es el sector minero, pero que tiene una serie de retos: una millonaria cartera de proyectos aún sin ejecutar, la minería informal, ilegal, entre otros.
Al respecto, Fujimori consideraría modernizar la Ley General de Minería. “Para evitar la especulación mediante plazos obligatorios de exploración y producción, establecer un fast track para proyectos estratégicos, crear incentivos tributarios a la reinversión y un régimen diferenciado para la minería artesanal y de pequeña escala con apoyo técnico y acceso al crédito formal”, destaca en su plan.
Ante el avance de la minería ilegal, buscarán culminar la implementación nacional del Sistema Interoperable para la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA) que establece la trazabilidad de insumos y minerales.
“Digitalización de todos los trámites mineros a través de una Ventanilla Única Minera Electrónica con Inteligencia Artificial que sea interoperable con SUNAT, ANA y gobiernos regionales”, también se considera.
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Otro tema álgido en este campo es la situación y reestructuración de Petroperú. La posición desde Fuerza Popular es continuar con la gestión de la venta de activos no estratégicos de la petrolera estatal para reducir pasivos, mejorar su flujo de caja y redireccionar recursos en las operaciones de mayor rentabilidad y valor público.
“La empresa estatal se concentrará exclusivamente en las actividades de refinamiento y distribución, garantizando sostenibilidad financiera, eficiencia operativa y transparencia en la Refinería de Talara”, agregan.
Desde Fuerza Popular también indican que el Oleoducto Norperuano será gestionado por un operador especializado bajo un esquema de administración de activos que asegure mantenimiento, seguridad ambiental y continuidad logística.
Sobre el sector energético, su plan considera la promoción de proyectos de generación de energía descentralizados con gas natural, en regiones sin acceso a electricidad.

Industrialización, turismo y agro
Entre las propuestas principales en este aspecto está la implementación de Zonas Económicas Especiales (ZEE) con beneficios tributarios temporales. Se orientarán a la manufactura de alto valor agregado (textiles técnicos, metalmecánica, farmacéutica, agroindustria).
También está el desarrollo de un Plan Nacional de Parques Industriales Modernos, priorizando 10 polos productivos en regiones estratégicas.
Para el turismo, se propone el desarrollo de Zonas Especiales de Desarrollo Turístico, priorizando destinos como Caral, Chachapoyas, Kuélap, la Red de Caminos del Inca y las playas del norte.
Por el lado de la agricultura, está el impulso de la construcción de grandes proyectos de represamiento de agua. Entre los que se mencionan está: Chavimochic III, Majes Siguas II, Poechos II, Olmos, Chinecas, Alto Piura y Puyango–Tumbes.
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Cartera de proyectos de infraestructura
En infraestructura, dentro de las prioridades de Fuerza Popular está el desarrollo de la Nueva Carretera Central, entre otros grandes proyectos viales prioritarios.
En lo ferroviario, su plan anota la culminación de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao; además de la ejecución de la Línea 3, 4, 5 y 6.
En cuanto a puertos, plantean la modernización de los de Salaverry, Ilo y Yurimaguas. “Incorporando tecnología de gestión portuaria y zonas logísticas adyacentes para carga minera, agroindustrial y contenedores”, precisan.
En el ámbito aeroportuario, además de la culminación de los accesos al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, mencionan el inicio de la construcción de nuevos aeropuertos regionales estratégicos, como Oxapampa, Chimbote, Moquegua, Puno, Huancavelica, Huancayo, entre otros. “Modernización de los 17 aeropuertos concesionados a nivel nacional”, añaden.
¿Son factibles las propuestas de Fuerza Popular?
Para Jorge Guillén, economista y profesor asociado de ESAN, la propuesta más sólida del plan de Fuerza Popular es el conjunto de medidas orientadas a reducir regulaciones y otorgar mayor predictibilidad a la inversión privada. Consideró que facilitar la ejecución de proyectos y brindar garantías a los inversionistas puede contribuir a atraer nuevos capitales y generar empleo formal.
No obstante, advirtió que varias de estas iniciativas requerirán una adecuada capacidad de ejecución para que sus efectos se reflejen en la economía y no queden solo como planteamientos dentro del plan de gobierno.

De otro lado, Guillén sostuvo que la prioridad para un eventual gobierno debería ser agilizar los grandes proyectos de infraestructura que ya se encuentran en marcha.
En ese grupo incluyó carreteras, líneas ferroviarias, aeropuertos y otras obras que, a su juicio, pueden dinamizar la economía en un plazo relativamente corto. Añadió que estas inversiones tienen un efecto multiplicador porque impulsan la actividad económica, mejoran la competitividad y generan empleo.
Sin embargo, señaló que el desafío será compatibilizar su ejecución con una política de disciplina fiscal y un uso eficiente de los recursos públicos.
Asimismo, en opinión del economista, una de las medidas con mayores posibilidades de concretarse es la continuidad del proceso de venta de activos no estratégicos de Petroperú.
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Explicó que esta decisión permitiría aliviar la situación financiera de la empresa estatal y reducir el impacto que representa para las cuentas fiscales. Si bien el plan no plantea una privatización de la petrolera, consideró que una reorganización de sus operaciones puede convertirse en una de las primeras acciones de un eventual gobierno.
Aun así, recordó que el contexto político y la relación con el Congreso también influirán en la viabilidad de esta propuesta.

Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.








