
La informalidad en el Perú es un problema estructural y tiene diversos impactos, tanto a nivel macroeconómico como directamente en las personas. En este contexto, a inicios de este mes, el Gobierno aprobó y publicó la Estrategia Nacional para la Formalización Laboral (ENFL) 2026–2040. Según un análisis de Horizonte Laboral, se trata del primer marco integral que articula más de 20 entidades del Estado bajo el objetivo de atender esta problemática.
En su reciente informe que analiza esta política, “Formalizar el Perú: una estrategia sólida en manos de un Estado que no puede sostenerla”, compartido con Gestión, la organización destacó el severo impacto de la informalidad sobre los niveles de productividad laboral en el país, así como en otras aristas de un universo heterogéneo.
Al cierre del 2025, el 70.2% de la población ocupada (aproximadamente 12.3 millones de personas) trabajaba en condiciones de informalidad, aunque ese segmento genera apenas el 19.3% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional, apuntaron.
Radiografía de la informalidad
Cynthia Salas, jefa de estudios de Horizonte Laboral, indicó que uno de los hallazgos principales sobre la estrategia gubernamental es que va más allá del análisis de la sobrecarga normativa y digiere este reto estructural en partes diferentes.
“El Perú no tiene un solo mercado laboral. Tiene dos economías que coexisten con reglas distintas. Un Perú formal, más productivo y con derechos; un Perú informal, masivo, orientado a la subsistencia y con escasa capacidad de acumulación”, valoraron en su análisis.
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A partir de la extensión de la informalidad, desde Horizonte Laboral resaltaron que “el país no tiene un problema de empleo en términos de cantidad, sino que radica en que la economía produce masivamente empleos de baja productividad”. “Sin productividad, la formalidad no es sostenible”, complementaron.
La productividad entre ambos grupos es severamente marcada: una cifra que destacaron es que un trabajador formal puede ser hasta cinco veces más productivo que uno informal.
Salas indicó que la vigencia, aún más en esta proporción, de la informalidad del Perú es sumamente costosa. Un efecto que apuntó es que la permanencia de las personas en la informalidad es peligrosa porque no presenta incentivos para elevar los rendimientos. Así, la situación se torna en un perjudicial “círculo vicioso”.
“Sobre el grupo de trabajadores informales no hay inversiones en capacitaciones. En Perú, prácticamente, trabajan para su día a día. Eso también es un impacto en la productividad”, comentó.
Incidencia política en la informalidad
Entre los factores que explican este crítico panorama aparece el factor político, resaltó el informe de Horizonte Laboral. Precisamente, apuntaron a la numerosa rotación de altos funcionarios.
Entre julio de 2021 y marzo de 2026, el Perú acumuló más de 160 cambios ministeriales. Los cuatro sectores clave para la formalización —Trabajo, Economía, Educación y Producción— registraron 39 ministros distintos, con una permanencia promedio de apenas cinco a seis meses por gestión, identificaron desde la organización.
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A esto se suman 47 viceministros y más de 60 directores generales distintos en el mismo período.
Resulta sumamente preocupante, analizó, que la política y gestiones sobre la economía, incluso, vayan en caminos opuestos a cerrar la brecha de informalidad.
“Cuando deberían hasta caminar de la mano, uno va por un lado y el otro por dirección contraria. Está la alta rotación de ministros, pero sobre todo de los directores generales. En principio, ellos son los responsables de las partes operativas”, sostuvo.
Consecuencias para el Perú de la vigente informalidad
Salas mencionó que una de las consecuencias directas de presentar bajos niveles de productividad laboral es que se frena el crecimiento de la economía peruana. Esto, en desagregado, se traduce en una limitada recaudación fiscal, freno a la expansión empresarial y reducción de la acumulación de capital humano.
“Al Perú le cuesta crecer y es porque la productividad está vinculada directamente a su dinamismo, pero tenemos un 70% de la población trabajadora que está en la informalidad. A esto se denomina un techo de crecimiento”, indicó.
Comparado con otros países de la región, la situación se presenta aún más adversa. En 2025, la productividad laboral del Perú ascendió a los US$ 30,212 por trabajador. Este monto se ubica por debajo del promedio latinoamericano (US$ 42,936) y muy por detrás de economías comparables como Colombia o Brasil.
Salas detalló que, más allá de esta brecha, el Perú se ubica como el país menos productivo de la región, por debajo también de Ecuador, Chile y Argentina.
La educación aquí cumple un rol más que clave, pues termina siendo uno de los motores para la productividad. “Esto impacta en el crecimiento de la economía nacional y evidencia la amplia brecha deductiva del país, con impacto directo en los salarios y que, a su vez, inciden en la calidad de vida de las personas”, refirió.
En un contexto donde la Inteligencia Artificial (IA) avanza a pasos agigantados, Salas subrayó que la brecha entre formales e informales podría ampliarse aún más, generando severos perjuicios para el grupo vulnerable.
Ante este panorama, un aspecto de la estrategia gubernamental publicada que resaltó Salas es que, en el marco de reconocer un mercado laboral heterogéneo, se apunta directamente al fortalecimiento y promoción del capital humano, buscando directamente un aumento de la productividad laboral.
“Esto es sumamente importante para promover más empleos y mejores remuneraciones”, indicó.
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La premisa desde la cual se parte es que no hay formalización sostenible sin productividad, y no hay productividad sin trabajadores mejor formados y mejor ubicados en el mercado laboral.
La idea que se plantea no es solo formalizar trabajadores, sino hacerlos empleables en el sector formal. Esto, considerando instrumentos sustentados en evidencia internacional, como la certificación de competencias, formación dual, enfoque territorial e inserción laboral temprana.
Sin embargo, aún hay límites. Aunque se mejore la oferta laboral, no se garantiza la demanda de empleo formal.

Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.







