Los partidos en contienda por la presidencia del Perú en los comicios 2026 están forzados a tener un plan concreto y no solo promesas hechas slogan. Esto debido a que en el país hay retos en materia económica, laboral, educación, salud, reformas y otros, que serán clave abordar durante el siguiente mandato que, se espera, sea de cinco años.
Como parte de una serie de entrevistas de cara a las Elecciones Generales 2026, Gestión conversó esta vez con Hans Rothgiesser, jefe del equipo técnico que elabora el plan de gobierno de Avanza País, partido que tiene como candidato presidencial a José Williams.
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- El plan de Avanza País plantea un “Estado limitado, pero fuerte”. Entonces, ¿qué funciones debe asumir el Estado y en cuáles otras debe dar un paso atrás?
Algunos candidatos plantean reducir el Estado “solo por reducir”, por un tema ideológico o porque suena bonito. En cambio, nosotros partimos de los objetivos que la población reclama y que no se están cumpliendo.
El tema más importante [en el que debe enfocarse el Estado] es la seguridad, luego educación y salud. Por eso planteamos un reordenamiento para alcanzar esos objetivos y no una reducción por sí misma.
- ¿Tienen un costo fiscal estimado para el plan de gobierno 2026–2031?
Aún no tenemos una cifra consolidada. Estamos trabajando en distintas estimaciones porque creemos que es importante que se sepa cuánto va a costar cada propuesta. Pero, no solo estamos planteando gastar más. En muchos sectores proponemos reducir gasto, fusionar ministerios, aprovechar sinergias y cancelar partidas del presupuesto que no se usan.
- ¿Les preocupa el nivel de gasto público [del presupuesto] ya asignado?
Sí, claro. Todos podemos ver que al final del año no se gasta todo el presupuesto y aún así tenemos un déficit fiscal fuerte. Para nosotros, el déficit es una preocupación central.
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- ¿Qué ministerios plantean fusionar o eliminar?
Por ejemplo, el Ministerio de Cultura. En la práctica, hay una duplicidad de funciones en el mismo edificio. La propuesta es volver al Instituto Nacional de Cultura, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), concentrado en la promoción cultural. Los temas de interculturalidad deberían ir a otro lado. El ministerio se creó por una negociación política que sonaba bien, pero que no ha dado resultados.
- ¿Qué pasa con el Ministerio de la Mujer y el Desarrollo e Inclusión Social?
Planteamos fusionarlos. Hoy usan bases de datos que no conversan entre sí, cuando la idea era tener una gran base de datos de beneficiarios de programas sociales.
Con las herramientas tecnológicas actuales, inteligencia artificial y estadística, se puede planear mejor, evitar duplicidades y condicionar ayudas, como se hacía antes con programas como Juntos.
- ¿Tienen plazos para la fusión de ministerios?
Más que plazos, hemos definido prioridades. Hay temas más urgentes para la población y hay que empezar por ahí.
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- En salud, plantean un incremento presupuestal de S/ 2,000 millones. ¿De dónde saldrá ese dinero?
De una recomposición del presupuesto. Hay proyectos paralizados o que no son prioritarios. El sector salud tiene muchos problemas de corrupción y desperdicio de recursos. Hay hospitales que no se terminan, equipos que se malogran, postas sin médicos ni conectividad. Es más, si se reordena el gasto y se aprovecha la telemedicina, se puede atender mejor sin gastar más.
- ¿Ese incremento será inmediato?
No. Es a lo largo de los cinco años. El formato del plan de gobierno da cifras acumuladas para todo el periodo.
- Plantean reorientar el presupuesto nacional y generar fondos por S/ 5,000 y S/ 10,000 millones para destinarlos a Educación, Salud, Seguridad y más. ¿Son fondos permanentes?
No. Son fondos acumulados para los cinco años de gobierno, no permanentes.
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- ¿Qué propone Avanza País sobre Petroperú?
Iniciar un proceso de privatización parcial. Hoy el Estado controla el directorio de la petrolera estatal y ha sido manejada como empresa pública, con decisiones políticas. Petroperú no tiene estados financieros auditados actualizados, eso es un escándalo.
- ¿No habrá nuevas inyecciones de dinero?
No como solución estructural. Petroperú cumple funciones sociales, como llevar combustible a la Amazonía, que no son rentables, pero no se puede seguir manteniendo una empresa deficitaria con privilegios excesivos.
- Sobre minería, ¿qué proponen con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo)? ¿Se cerrará finalmente?
El Reinfo ha fracasado. No ha promovido la formalización, ha servido para blanquear producción. No creemos en seguir extendiéndolo. Hay que cerrarlo y pasar a un esquema más fino, diferenciando minería artesanal de minería ilegal.
Cerrar el Reinfo no significa perseguir a todos ni desconocer que hay un problema social. Hay un grupo de mineros artesanales que lo único que quiere es tener un ingreso y una forma de vivir. Eso hay que diferenciarlo claramente de la minería ilegal vinculada al crimen organizado.
- ¿Qué alternativa plantean?
Un nuevo Código Minero que trate de manera distinta a cada tipo de minería. No puedes regular igual a la minería artesanal, a la informal y a la ilegal. Eso es lo que se ha hecho hasta ahora y no ha funcionado. Necesitas herramientas más finas.
Hans Rothgiesser, jefe del equipo técnico del plan de gobierno de Avanza País. Foto: Archivo.
- ¿Una posición dura frente a la minería ilegal?
Sí. La minería ilegal le hace mucho daño al país [...] nosotros hemos sido claros en que no es una actividad que se pueda tolerar.
- ¿Y la gran minería?
No hemos aprovechado el contexto de precios altos por falta de decisiones políticas. Proyectos como Tía María tenían todos los permisos y aun así no operan. Eso demuestra que la institucionalidad no funciona.
- ¿Por qué no se han destrabado esos proyectos?
Por dejadez política. Hemos creado una institucionalidad que en la práctica no sirve. Se bloquean proyectos aunque tengan todos los permisos. Eso genera incertidumbre total para el inversionista.
- Usted ha puesto como ejemplo el caso de Tía María.
Claro. Tía María tuvo, en su momento, todos los permisos del Ministerio del Ambiente, de Energía y Minas, de Cultura, de todos. Aun así no opera. Entonces, ¿para qué sirve toda esa institucionalidad si al final no garantiza nada? Eso demuestra que algo está muy mal diseñado.
- Muchos sostienen que el problema es la falta de licencia social. ¿Coinciden?
La licencia social ya está en la ley. Está la consulta previa, hay mecanismos institucionales. Se vendió la idea de que la consulta previa iba a acabar con los conflictos, y eso no pasó. Si fuera cierto, Tía María estaría operando. Hemos creado normas que no generan confianza ni resuelven conflictos.
- ¿Avanza País eliminaría la consulta previa?
No. Lo que planteamos es un marco más moderno y creíble. Un Código Minero que incorpore nuevas tecnologías ambientales y procesos más realistas. Hoy hay tecnologías que se usan en otros países y que acá no están incorporadas en la normativa, lo que desincentiva su uso.
- ¿El nuevo Código Minero también abordaría el canon?
Sí. El canon es parte del problema. Tiene que revisarse para que realmente contribuya al desarrollo local y no termine siendo una fuente de conflictos o mala gestión.
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- Sobre el plan ferroviario de Avanza País. ¿Cuántos de estos proyectos son viables y no solo anuncios de campaña?
Yo puedo salir a decir que vamos a poner trenes de Tumbes a Tacna, como hacen algunos candidatos, pero eso no es realista. Un tren no se paga con pasajeros. Eso es algo que casi nadie dice. Los trenes se pagan con carga. En Europa muchos trenes de pasajeros están altamente subsidiados, y el Perú no está en capacidad de replicar eso de manera masiva.
- ¿Cuál es el criterio para decidir dónde sí y dónde no hacer trenes?
El criterio es bastante simple: donde hay carga, el tren tiene sentido. Donde no hay carga, terminas subsidiando eternamente. Por eso nosotros no planteamos trenes como discurso populista, sino proyectos que se puedan sostener económicamente.
- Uno de los proyectos que mencionan es el tren Lima–Ica. ¿Por qué ese eje?
Porque Ica ya forma parte de la dinámica económica de Lima. Tiene industria, tiene agroexportación, tiene movimiento constante de carga hacia el Callao. Hoy todo eso se mueve por carretera. Ahí sí hay carga suficiente para justificar un tren. Además, no es una idea que nos estemos inventando: el Ministerio de Transportes ya tiene estudios y expedientes técnicos avanzados para ese proyecto.
- ¿Y hacia el norte?
Hacia el norte pasa algo similar. Ahora tienes el megapuerto de Chancay, que genera —o va a generar— una cantidad importante de carga. Entonces, un tren entre Lima y Chancay, o incluso hacia Barranca, tiene sentido económico. Donde hay puerto y hay industria, hay carga, y donde hay carga, el tren se justifica.
- ¿Estos proyectos ferroviarios se harían con inversión pública o privada?
Eso dependerá del proyecto específico, pero claramente se piensa en esquemas donde la carga permita atraer inversión privada o asociaciones público-privadas. La idea no es que el Estado cargue con todo el costo, sino que se apalanque inversión donde el proyecto es viable.
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- Sobre trabajo e informalidad, ¿cuál es el diagnóstico?
Tenemos entre 70% y 80% de informalidad porque el sistema laboral es rígido. Si te contrato por S/ 100, me cuestas S/ 150 o S/ 160. Eso expulsa a la gente de la formalidad. Proponemos un contrato básico realista y beneficios escalonados. En el Perú se ha legislado pensando en el trabajador de más alto nivel, en el gerente, no en el trabajador promedio ni en la pequeña empresa.
- ¿A qué se refiere cuando dice que se ha legislado “hacia arriba”?
A que se han ido acumulando beneficios laborales pensando siempre en el mejor escenario posible. Entonces, hoy no tiene ningún sentido que tú le exijas la misma carga laboral a quien contrata a un gerente general que a quien contrata a un asistente o a un operario. Eso no es realista para la mayoría de empleadores del país.
- Ha mencionado varias veces el tema de los costos laborales. ¿Eso explica la informalidad?
Totalmente. Ese sobrecosto es el principal incentivo para la informalidad. No es que la gente no quiera cumplir la ley, es que cumplirla es inviable. El sistema está armado de tal manera que empuja a millones de personas fuera de la formalidad.
- ¿Qué propone Avanza País para cambiar ese escenario?
Proponemos un Nuevo Código del Trabajo y Previsión Social, con un contrato laboral básico común, que sea realista y que todos puedan cumplir. A partir de ese contrato básico, los beneficios se van escalando según el nivel del trabajador, su responsabilidad y la capacidad real del empleador.
- ¿Eso implica reducir derechos laborales?
No se trata de quitar derechos, sino de hacerlos posibles.
Cabe destacar que a la fecha de esta entrevista aún no era designado el encargado del capítulo económico, que en esta ocasión es Juan Carlos Odar, designado el 20 de enero de 2026.
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- Pasemos a seguridad ciudadana. Proponen incorporar 60 mil policías. ¿Cómo se lograría?
Es una cifra para cinco años. La Policía tiene la capacidad logística y de formación para absorber ese aumento. Además, planteamos reducir el tiempo para que los efectivos salgan a patrullar, acompañados por oficiales con experiencia, como se hace en otros países.
- ¿Se contempla incorporar serenos?
Sí, serenos con experiencia, mediante un proceso de evaluación y entrenamiento. No se trata de dar armas a cualquiera, sino de integrarlos adecuadamente.
- ¿Avanza País no plantea sacar militares a las calles?
No. La lucha contra la delincuencia es función de la policía. No puedes poner al país en estado de emergencia permanente. Las Fuerzas Armadas pueden apoyar con inteligencia y logística, pero no reemplazar a la policía.
- ¿Cómo se llevaría a cabo una reforma policial?
Hablamos de una reforma estructural, dividiendo la institución en dos, con líneas de carrera diferenciadas y academias propias. No es un anuncio que suena bonito, es una reforma basada en cómo funcionan otros países.
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- Sobre el sistema penitenciario, ¿qué proponen?
Hay una brecha enorme de infraestructura. Por eso planteamos construir nuevos penales y centros juveniles. Además, hay que evitar que internos primerizos convivan con delincuentes de alta peligrosidad. Hoy las cárceles funcionan como escuelas del crimen.
- ¿Megacárceles, como en El Salvador?
Necesitamos un poco de todo: más penales, más centros juveniles, mejor diseño desde la construcción. No tiene sentido que un penal tenga enchufes o acceso a electrodomésticos. Eso muestra el nivel de desorden actual.
- Finalmente, ¿qué plantea Avanza País sobre pena de muerte?
Planteamos restaurarla para delitos extremos: sicariato, violación de menores con homicidio, terrorismo y traición a la patria. No es un anuncio aislado, forma parte de una reforma integral del sistema de justicia y requiere salir de la Corte IDH. Es una discusión que el país tiene que dar de frente.
Escribo sobre política, economía, defensa y afines. Nueve años contando historias y analizando problemáticas en prensa escrita, radio y televisión.
