
El Gobierno de Keiko Fujimori presentará un proyecto de ley que busca la delegación de facultades legislativas por un 120 días para impulsar medidas no sólo enfocadas en seguridad, sino también en reformas para el empleo, impuestos y la simplificación de procesos.
La iniciativa fue analizada hoy como el principal tema en agenda de la primera sesión del Consejo de Ministros, tras solo un día de la juramentación del gabinete ministerial encabezado por Luis Galarreta. Según comunicaron, “esta medida será aprobada en la próxima sesión”.
De acuerdo con el proyecto al que tuvo acceso Gestión, el Ejecutivo busca autorización para aprobar una serie de medidas que abarcan desde cambios en el régimen laboral y tributario hasta modificaciones en la normativa ambiental, el impulso de inversiones y la simplificación de trámites para las actividades económicas.
LEA TAMBIÉN México confirma contacto con Keiko Fujimori para avanzar en la normalización de relaciones
Mypes y formalización
En materia de promoción y protección de los emprendedores y de las micro y pequeñas empresas, el gobierno plantea recibir facultades para dictar medidas orientadas a promover la formalización, productividad, competitividad, digitalización, innovación, asociatividad, acceso a mercados y crecimiento de las mypes.
En ese sentido, se propone unificar y regular el marco legal de la actividad laboral con un régimen progresivo para impulsar la formalización. Este abarcaría los aportes a EsSalud y a los sistemas de pensiones (AFP y ONP), la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), gratificaciones, las vacaciones, la jornada laboral, las horas extras, la participación en las utilidades y la protección contra el despido.
El proyecto también contempla modificar el régimen tributario para fomentar la formalización y la competitividad de las empresas, incluyendo un impuesto a la renta empresarial único con tasas marginales y crecientes.
También se plantea crear instrumentos de capital semilla, garantías y crédito productivo para facilitar el acceso al financiamiento y capacitación, así como modernizar el régimen societario, incluyendo la Sociedad Anónima Cerrada Simplificada (SACS).

Cambios laborales
En materia laboral, el Ejecutivo busca facultades para dictar medidas dirigidas al empleo juvenil, incluyendo formación para el trabajo, acceso a información sobre oportunidades laborales, financiamiento, mecanismos de contratación y beneficios.
Para ello, se propone modificar la Ley General de Inspección del Trabajo para ampliar las acciones de la Sunafil impulsando la promoción de la formalización laboral con un enfoque preventivo.
Otro punto que se contempla es mejorar el régimen de extinción de contratos por causas objetivas para dar mayor flexibilidad frente a cambios económicos o técnicos.
Además, se plantea modificar el régimen de beneficios laborales -como vacaciones, horas extras, utilidades, gratificaciones y CTS- para permitir acuerdos entre trabajadores y empleadores, ya sea de manera individual o mediante negociación colectiva.
A esto se suma la regulación de bonos de productividad y otros incentivos por desempeño sin carácter remunerativo, y también regular el tratamiento indemnizatorio del cese por pérdida de confianza en el caso de trabajadores de dirección.
Adicionalmente se plantea la reducción de feriados para racionalizar su uso y fomentar la productividad.
Simplificación administrativa
El proyecto solicita facultades para modificar normas sobre procedimientos administrativos con el fin de simplificar, digitalizar, fusionar o eliminar trámites y requisitos vinculados con actividades económicas.
También plantea reducir plazos y costos administrativos, fortalecer las ventanillas únicas, la interoperabilidad entre entidades, el silencio administrativo positivo y la aprobación automática.
Por otro lado, se propone ampliar la vigencia y establecer la renovación automática de permisos y certificaciones, revisar el régimen de tasas que cobran las entidades públicas, fortalecer las facultades del Indecopi frente a barreras burocráticas y modificar las normas sobre calidad regulatoria.

Desarrollo productivo
En ese aspecto, el gobierno plantea fortalecer el marco normativo para promover la productividad, la competitividad, la innovación, la formalización, el acceso al financiamiento y la infraestructura productiva.
Las facultades incluyen cambios para los sectores agrario, forestal, pesquero, acuícola, minero, hidrocarburos, electricidad y turismo. Entre ellos se indican medidas para simplificar permisos, impulsar inversiones, promover la mecanización agraria, optimizar la gestión de los recursos hídricos y fortalecer el marco del gas.
El proyecto también plantea modificar la normativa ambiental para simplificar y reducir los plazos de aprobación de instrumentos ambientales, uniformizar criterios, incorporar mecanismos de presunción de veracidad y silencio administrativo positivo, asegurar la estabilidad de los permisos otorgados y regular las restricciones a las actividades empresariales en áreas naturales protegidas.
La iniciativa también incluye cambios al marco de las Asociaciones Público-Privadas (APP) y otras modalidades de inversión en infraestructura, la simplificación de procedimientos para proyectos priorizados del Plan Nacional de Infraestructura y una regulación general sobre el uso de peajes en carreteras y vías urbanas.
Materia tributaria
Respecto a los impuestos, el Ejecutivo solicita facultades para modificar y simplificar los regímenes tributarios y las obligaciones formales, además de establecer incentivos, exoneraciones, deducciones, créditos y otros tratamientos tributarios para promover la formalización, la inversión, el empleo, el emprendimiento y la innovación.
También se plantea perfeccionar la Ley del Impuesto a la Renta para incluir la deducción de gastos de capacitación, créditos fiscales por contratación de jóvenes y capacitación, cambios en la deducción de intereses por deudas destinadas a generar rentas gravadas, en el régimen de transparencia fiscal internacional y en el tratamiento tributario de dividendos provenientes del exterior.
Para el comercio exterior se proponen cambios al marco normativo aduanero que permitirían simplificar procedimientos, reducir costos y tiempos de las operaciones, así como cambiar el régimen de impugnación judicial de las resoluciones del Tribunal Fiscal.







