El Congreso de la República vuelve a poner el foco en los trabajadores que se encuentran bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS). Esta vez, hay un proyecto de ley que busca autorizar la “nivelación” progresiva de sus salarios. En concreto, se pretende elevar sus ingresos a escala de los trabajadores que operan en concordancia con los decretos legislativos 276 y 728.
El objetivo, de acuerdo con la iniciativa legislativa, es “garantizar el principio de igualdad remunerativa por trabajo de igual valor dentro de una misma entidad pública”.
La propuesta subraya que la nivelación remunerativa se implementaría “dentro de un plazo máximo de 5 años”. Es decir, si se convierte en ley, la carga sobre el fisco tendría que manejarla el nuevo Gobierno.
Hay que recordar que las alarmas se acentúan a causa de otros dos elementos también orientados a este grupo. Por un lado, el presidente José Balcázar oficializó la ley N° 32563, que les permite a los trabajadores CAS recibir gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicio (CTS).
La nivelación remunerativa se implementaría dentro de un plazo máximo de cinco años. (Foto: Andina)
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El factor económico
Claudia Sícoli, directora de la Carrera de Economía y Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), fue enfática: “La nivelación progresiva de las remuneraciones va a generar una modificación en las asignaciones presupuestales de este año y de los años venideros”. Como consecuencia, queda una pregunta en el aire: ¿de dónde provendrá ese mayor presupuesto necesario?
Bill Gee, profesor de Economía y Finanzas de ESAN University, se refiere no solo a esta nueva propuesta, sino también a la reciente ley que les otorga CTS y gratificaciones a los CAS: “Sí sería un desfalque de recursos inevitablemente”.
Cabe resaltar que las modificaciones vinculadas a los CAS incluso fueron cuestionadas por Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Anteriormente había mencionado a Gestión que los proyectos que expanden los beneficios de los trabajadores CAS “no solo golpean al Tesoro Público, sino a todos”. “Lo ideal sería que el Gobierno los observe. Sí generan un costo. Estamos entrando con peor pie al nuevo Gobierno y se están debilitando las acciones que podría tomar el nuevo mandato”, dijo en su momento.
Gee también comenta al respecto: “Lo más probable es que el siguiente Gobierno de turno intente derogar esta ley. Sería saludable que así sea, porque si no, nos vamos a ver nuevamente en un problema de cumplimiento con la regla fiscal. Esta medida es totalmente inadecuada”.
Sícoli agrega: “Hay cálculos que se han estimado en diferentes ámbitos. El otorgamiento de los aguinaldos de julio a diciembre tendría un costo de S/ 1,809 millones y el de la CTS un costo de S/ 1,055 millones anuales. [...] El efecto concreto es mayor presión sobre la caja fiscal y, por lo tanto, una afección directa al objetivo de volver a tener un déficit fiscal de 2% o menos del PBI y mucho más lejos de lograr un equilibrio fiscal en el mediano plazo”.
¿El Tesoro Público se vería afectado por un nuevo beneficio CAS? (Foto: Andina)
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El eco de la disposición
Daniel Paniura, abogado laboralista de PPU, advierte que la iniciativa —liderada por el legislador Alex Paredes— “no es clara en su contenido real”.
“Lo que ocurriría en la práctica, o al menos lo que se pretendería, sería un incremento remunerativo para los servidores CAS; no obstante, nada asegura este resultado, puesto que el nivel de ingresos en el régimen CAS puede ser, en muchos casos, superior al de otros regímenes laborales del sector público”, explica.
Asimismo, para su ejecución se tendrían que equiparar los niveles y estructuras remunerativas de las instituciones, lo cual, en palabras del experto, conllevaría una consecuencia paradójica: “Carecería de todo sentido mantener distintos regímenes laborales en las entidades del Estado si, al final, las remuneraciones terminan siendo las mismas para funciones equivalentes”, subraya.
Sícoli menciona que, en el régimen CAS, el sueldo debe ser mayor que el sueldo mínimo y no puede superar los S/15,600: “En ese rango pueden variar las remuneraciones de los empleados CAS y de los Servir”.
Paniura lo resume: “Esta norma desdibuja progresivamente un acceso al empleo público meritocrático y se contribuye aun más a tener un sistema desordenado que será cada vez más difícil de corregir”.
César Abanto, socio del Estudio Rodríguez Angobaldo y vocal del Tribunal de Servir, se suma a las opiniones: “Pretender nivelar los CAS es un absurdo. ¿Cómo se van a nivelar cargos y funciones que son tan dispares en las diversas entidades del Estado? [...] Por la función X se paga un número; y por la función Y, otro que puede ser el doble o el triple. [...] Todo depende de las funciones estrictamente".
“La igualdad solo es válida cuando hay un término de comparación correcto”, insiste.
El letrado refuerza la idea al señalar que hay un problema previo: la convivencia de hasta 15 regímenes de Estado; entre los cuales están los 4 regímenes generales junto con los regímenes especiales, además de mecanismo de contratación sin vínculo laboral.
“Que las personas tengan un tratamiento diferenciado no es una vulneración a la igualdad, es el reconocimiento de una realidad objetivamente diferenciada”, detalla.
¿Cuáles son las últimas noticias sobre los trabajadores CAS? (Foto: Andina)
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Presupuesto sin respaldo
Paniura, por su parte, subraya que “ningún proyecto que no analice de manera integral, completa y sistemática el régimen laboral público puede ser viable económicamente”.
Si bien en el artículo 7 del proyecto de ley se acentúa que no se demandarán recursos adicionales al Tesoro Público, en observancia de las reglas fiscales vigentes, el abogado lanza una acotación: “El mero enunciado resulta insuficiente si no se acompaña de un estudio actuarial y financiero que sustente la capacidad real de las entidades para absorber el incremento de la masa salarial”.
En ese sentido, trae a colación la aprobación de gratificaciones y CTS para los trabajadores CAS: “Esta norma no evalúa mínimamente el nivel de nocividad final ni determina con claridad la fuente definitiva de financiamiento. Los legisladores se encuentran en un nivel de irresponsabilidad fiscal pocas veces visto, donde prima el rédito político y el populismo frente a la sostenibilidad financiera del propio Estado”.
Ejecutivo amplía beneficios laborales para régimen CAS con gratificaciones y CTS. (Foto: Andina)
Redactora de Economía en diario Gestión. Periodista piurana con seis años de experiencia profesional en el rubro.
