El plan de gobierno de Juntos por el Perú (JP) fue cambiado a menos de una semana de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, a partir de consensos. Sin embargo, ante diversos pronunciamientos en dicho grupo, incluso hasta contradictorios, queda una significativa incertidumbre sobre realmente sus propuestas para el Perú.
Una de las áreas claves donde se buscan implementar medidas es la minería. Y lo cierto es que quien resulte presidente tendrá facultad absoluta para decidir la política a aplicar, así sea adversa para el país y favorable para las economías ilegales, por ejemplo.
Flexibilidad para la minería ilegal
Con un paso de cinco años por el Congreso, Roberto Sánchez, candidato de JP, busca el sillón presidencial. Un espacio para conocer sus prioridades es su legado legislativo y, en un contexto de raudo avance de la minería ilegal, genera atención un proyecto que busca facilitarle el acceso a dinamita y mercurio, entre otros.
En medio del arranque de la contienda electoral, a mediados de noviembre, Sánchez presentó el proyecto “Ley marco de minería con prácticas ancestrales” (13246). El documento cuenta con 91 artículos, pero dos identificados por Gestión llaman la atención por sus riesgos.
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Su artículo 26 aborda las “excepciones en la trazabilidad del mineral”. Esto, basándose en que el registro y la actualización de datos en tiempo real, así como las acciones de fiscalización y seguimiento efectuadas por las autoridades competentes, se realizan a través del Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Sipmma).
Se precisa que, para esta trazabilidad, “los microproductores mineros ancestrales (MMA) y las personas pallaqueras mineras (PePM), están exceptuados de la exigencia” de tres requisitos.
El primero es “la presentación de permisos para el uso de explosivos”. El segundo, “la autorización para la adquisición, transporte y comercialización de insumos químicos destinados al procesamiento del mineral”. Y el tercero es “la presentación de instrumentos de gestión ambiental”.
“La información sobre los servicios de procesamiento y transporte del mineral se requiere únicamente con el propósito de verificar la trazabilidad y transparencia del origen del mineral, acreditándose mediante la presentación del comprobante de pago emitido por el tercero que prestó dichos servicios”, complementa el documento.
El segundo artículo en cuestión es el 27, sobre la “información requerida para la comercialización de minerales”.
Roberto Sánchez es miembro de la Comisión de Energía y Minas. (Foto: Congreso)
Bajo este escenario de flexibilidad para el acceso a explosivos y mercurio, se menciona que dichos grupos mineros “gozan de libertad para comercializar sus productos minerales, tanto en el mercado interno como externo”.
“Con el fin de garantizar la transparencia de las operaciones, se establece que el comprador autorizado, inscrito en el Registro Especial de Comercializadores de Minerales, debe realizar la liquidación de compra mediante la emisión del comprobante electrónico de pago a través del sistema de la Sunat”, precisan.
El apoyo de Sánchez a la minería ilegal
Los expertos consultados coincidieron en que estos ajustes representan un impulso a la minería ilegal, pues en la práctica usarán este canal para proveerse de explosivos e insumos químicos para el procesamiento.
“Es un fomento a la minería ilegal. Son excepciones inaceptables. Es como una carta libre para que los ilegales se doten de herramientas para el desarrollo de su actividad. Recordemos el caso del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), donde más de 50,000 fueron excluidos por no registrar actividad en, al menos, cuatro años. Los ilegales usan estos mecanismos para su avance”, anotó Luis Miguel Incháustegui, extitular del Ministerio de Energía y Minas (Minem).
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“Definitivamente, se abre un espacio para un fortalecimiento de la minería ilegal y actividades conexas. Sánchez debería explicar por qué en nombre de la minería ancestral busca suprimir controles, en un contexto de grave crisis de inseguridad y cuando la ciudadanía pide más restricciones”, agregó Diana Gonzales, vicepresidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso.
A su turno, Gonzalo Quijandría, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), apuntó al artículo 27 y alertó que el “comprobante de liquidación de compra” no es un documento que acredite ninguna trazabilidad. “Podrán acreditar un pago a la Sunat, pero no dice nada del origen del mineral”, indicó.
La minería ilegal se convirtió en la principal economía "adversa" del Perú. | Foto: Emmanuel Colombié/Forbidden Stories
Para Incháustegui, la propuesta de Sánchez tiene un problema de fondo porque lo ancestral no apunta a solo un grupo de mineros, sino que es nacional.
“La minería en el Perú se realiza desde antes de la llegada de los españoles. No es correcto decir que unos son ancestrales y otros no. No es bueno etiquetar y no ayuda a la integración. Las diferencias se hicieron con vista a sus procesos de formalización”, comentó.
Gonzales añadió que bajo el discurso de minería ancestral, en este caso, se esconde un serio riesgo para la seguridad del país. A su vez, resulta contraproducente con el discurso presidencial de Sánchez.
“Este proyecto debilita el control del Estado. Es paradójico porque Sánchez presenta al Estado como fuerte, pero cuando se trata de la minería informal e ilegal no lo es”, comentó.
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Los expertos indicaron que los aspectos que se pretenden exceptuar son “indispensables para la seguridad del país”. “La verdadera inclusión [en la minería] no consisten en eliminar controles”, comentó la congresista.
En tanto, el exministro de Minas apuntó que los requisitos que se quieren exceptuar son “no negociables” porque marcan las condiciones mínimas que debe tener un actor minero para que sea legal y sostenible.
“Si no se tiene esa identificación, se va a prestar a la corrupción. No se puede pretender que se genere una formalidad estableciendo que estos mineros trabajen bajo incumplimientos. Lo que busca son reglas mínimas y que pequeños y artesanales mineros ya lo cumplen”, subrayó.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
