Como parte del pedido las facultades legislativas que se presentaría la próxima semana, el gobierno de Keiko Fujimori buscará modificar el marco normativo aduanero y de facilitación del comercio exterior en el Perú para reducir costos y tiempos que enfrentan las empresas e impulsar las exportaciones.
De acuerdo con el borrador del proyecto de ley que evaluó el Poder Ejecutivo, se plantea optimizar los regímenes y procedimientos aduaneros, plataformas, mecanismos de interoperabilidad, control y gestión de riesgos.
Aunque aún no precisan qué modificaciones concretas se realizarían, una de las medidas que se incorporarán está vinculada al trabajo forzoso en línea con las nuevas exigencias comerciales de Estados Unidos, adelantó recientemente el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roger Valencia.
“Es un tema muy sensible que debe negociarse al más alto nivel. Se solicitarán facultades para incluir una norma destinada a prohibir directamente la compra de productos fruto del trabajo forzoso; este aspecto irá en el paquete”, indicó Valencia.
Cómo se recuerda, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) impuso un arancel adicional del 12.5% a determinados productos peruanos al considerar que el país no tenía restricciones efectivas a la importación de bienes producidos total o parcialmente con trabajo forzoso.
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Más allá de las medidas relacionadas al trabajo forzoso, el pedido de facultades abre la posibilidad de revisar distintos procedimientos que forman parte de las operaciones de comercio exterior. Foto: gob.pe.
¿Qué otros cambios se podrían incluir?
Para Carlos Posada, director institucional de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y ex viceministro de comercio exterior, uno de los puntos que debería mejorarse es la gestión aduanera basada en riesgos reales, es decir, la manera en la que se identifica las operaciones que requieren de fiscalización.
El especialista consideró que el control debe estar concentrado en las operaciones de alto riesgo, agilizando el despacho de aquellas empresas con buen historial.
“Habría que buscar que la concentración de las operaciones de alto riesgo te permita agilizar el despacho de todos aquellos que son buenos operadores. Si tienes un buen perfil, no has tenido problemas y pagas tus tributos a tiempo, se te debería generar un buen historial de cumplimiento y permitir una facilitación para que puedas mover tu carga de importación o exportación de la manera más rápida posible”, comentó a Gestión.
Este enfoque está asociado al régimen del Operador Económico Autorizado (OEA), certificación que señaló que debería volverse un estándar y estar acompañada de beneficios concretos como menos inspecciones, más rapidez y atención prioritaria.
Por su parte, Paola de La Cruz, abogada asociada de DLA Piper, consideró que el procedimiento especial de control del valor es un punto específico que debe optimizarse dentro del marco de gestión de riesgos.
“Creería que un aspecto relevante que podría ser incorporado es el de los procedimientos de control cuando se hace un levante de mercadería. Hay un procedimiento especial de control del valor que ha sido implementado recientemente y que finalmente puede ser una barrera financiera para el importador en algunos casos. Entonces, puede ser mejorado con este nuevo cambio”, refirió.
Mejora de la ventanilla única
Otro aspecto es la interoperabilidad entre las distintas entidades que intervienen en las operaciones de comercio exterior. Dependiendo del tipo de mercancía, instituciones como Digesa, Senasa, Indecopi o Sucamec pueden intervenir antes del levantamiento de la carga.
Pese a que existe una Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) desde 2010, esta no tuvo un mayor avance en los últimos años y se evidencia una falta de verdadera interoperabilidad entre las entidades del Estado.
Aunque las empresas reportan la información de sus productos de exportación o información a través de la VUCE, está todavía termina siendo solicitada nuevamente por otra entidad y existen procesos en los que funcionarios deben realizar revisiones manuales que podrían automatizarse.
“Creo que se estancó. La idea era que fuera 100% interoperable y que ya no tuvieran que hacer nada físico ni con autorizaciones que se demoran. Pero a veces la ventanilla única todavía depende de mucho trabajo manual en el backoffice cuando deberían ser sistemas interconectados y prácticamente automáticos”, indicó
La revisión del marco normativo también podría pasar por eliminar requisitos que se podrían considerar innecesarios. El representante de la CCL indicó que la reforma no debería limitarse a crear nuevos mecanismos digitales, sino eliminar pasos que no agregan valor a las operaciones.
En ese sentido, indicó actualmente se tienen procedimientos que podría considerar recortarse debido a su antigüedad y otros que no tendría sentido hacerlos antes de que llegue un producto, cuando se pueden controlar cuando ya están en el mercado.
“El objetivo de la ventanilla única no era solo digitalizar los procedimientos, sino era eliminar todos aquellos trámites y procedimientos que eran innecesarios a esa fecha. Ahora, durante muchos años se van creando nuevos procedimientos y requisitos”, refirió.
A su vez, la abogada asociada de DLA Piper coincidió en la necesidad de una optimización de la ventanilla única para impulsar la digitalización de los procesos de comercio exterior y aduanas, como el documento de conocimiento de embarque.
“Definitivamente sirve para que se mejoren los procedimientos electrónicos que se han venido incorporando a nivel de tributos internos. También lo propio se busca también hacer en aduanas, que es básicamente digitalizar todos los procedimientos, los documentos vinculados a la exportación y a la importación como el bill of landing y demás”, señaló.
Costos logísticos
La iniciativa menciona como objetivo la reducción de costos para impulsar las exportaciones. Esto, según Posada, estaría relacionado con la competitividad logística.
En ese sentido, mencionó el caso del Puerto de Chancay y consideró que su carácter privado y automatizado debería permitirle competir en costos con las concesiones del Callao. Sin embargo, aclaró que no se trata de que el Estado establezca los precios de los servicios portuarios, “sino de generar transparencia en los cobros para que el usuario escoja claramente qué servicio quiere adquirir”.
En tanto, De La Cruz señaló que dentro de las posibles medidas también podrían considerarse beneficios adicionales para incentivar el uso de puertos que actualmente no están siendo utilizados.
Para que estas modificaciones tengan un efecto concreto sobre las operaciones de comercio exterior, la especialista recordó que el proyecto del Ejecutivo contempla, luego de su aprobación, alrededor de 120 días para la promulgación de las normas.
A ese periodo, añadió, normalmente se suman entre 60 y 90 días adicionales para la emisión de las normas reglamentarias, por lo que consideró que podría tardar alrededor de 6 meses en aplicarse un próximo cambio en la normativa de comercio exterior.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.
