A pocos días de la segunda vuelta electoral, el candidato presidencial Roberto Sánchez difundió un nuevo plan de gobierno que difiere en aspectos sustanciales del documento inscrito ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Al respecto, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) consideró que los cambios en dicho documento suponen una “infracción grave a las reglas del proceso electoral”, por lo que se requiere una respuesta institucional inmediata.
“El artículo 24° de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas y el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 2026 establecen que el plan de gobierno registrado ante el JNE es el documento oficial y vinculante de la candidatura", señaló el JNE en un comunicado.
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“Su modificación una vez vencido el plazo de inscripción no está permitido. Promover una plataforma distinta a la inscrita constituye una infracción a las reglas del proceso electoral”, añadió.
Asimismo, el artículo 176° de la Constitución Política del Perú señala que el sistema electoral tiene por finalidad asegurar que las expresiones de la voluntad popular se traduzcan en resultados legítimos. Dicho esto, dicha legitimidad exige que los ciudadanos voten con información cierta, no con documentos cuya validez jurídica es incierta, sostiene el gremio.
Por ello, la CCL exige al JNE que, en ejercicio de sus competencias constitucionales, se pronuncie de manera inmediata sobre si la difusión de un plan de gobierno distinto al inscrito constituye una infracción a la normativa electoral vigente.
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Además, que precise con claridad cuál es el documento con validez jurídica para efectos del voto del 7 de junio próximo.
El gremio también solicita que se adopten las medidas que correspondan para garantizar el principio de igualdad entre candidatos y el derecho de los electores a información auténtica.
“Las reglas electorales no son optativas. La CCL no formula apreciaciones políticas sobre ningún candidato; formula una exigencia jurídica e institucional que plantearía ante cualquier candidatura que incurra en la misma conducta. El JNE tiene la autoridad y la obligación de actuar”, concluye el comunicado.
