Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, está en la carrera contra Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, por el sillón presidencial. A solo días de la segunda vuelta, el candidato de izquierda sorprendió, el 01 de junio, con la presentación de un nuevo plan de gobierno. Esto llega, justamente, después de los últimos dos debates (equipo técnico y de candidatos presidenciales) donde se observó un cambio de discurso, en algunos puntos, de parte de Sánchez.
Esta vez, Gestión le puso el foco a la dimensión económica. El análisis comparará el nuevo documento con el plan presentado antes de la primera vuelta de abril, así como con un texto del 31 de mayo, una suerte de versión previa al entregado finalmente.
En la dimensión mencionada, Juntos por el Perú plantea propuestas para la economía como tal, industrialización, minería, entre otros.
A lo largo del nuevo plan se observan algunos intentos por moderar aspectos del discurso radical con el que avanzó en las elecciones. Sin embargo, mantiene propuestas que preocupan.
Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, está en la carrera contra Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, por el sillón presidencial. Fotos: Diana Marcelo/GEC.
Antes de desagregar las nuevas propuestas para la economía, industria y minería, es necesario recordar que el ideario de Juntos por el Perú publicado antes de la primera vuelta se sostenía en un punto central: contar con una Nueva Constitución con institucionalidad democrática, “fruto de la Asamblea Constituyente”. Propuesta sobre la cual entidades como el Bank of America (BofA) han mostrado preocupación.
Esto no ha cambiado, aunque ya no solo se apostaría por la asamblea como el único camino para ajustar la carta magna: “Como Juntos por el Perú, se impulsará una Constitución de consenso a través del diálogo nacional, que involucre a todos los sectores y a la sociedad en su conjunto, siguiendo las vías democráticas que la Carta Política y la ley contemplan”.
Agrega: “Liderar un proceso democrático y participativo de cambio constitucional que, a través del diálogo nacional y de la consulta a la ciudadanía, defina la vía —la reforma integral por el cauce del artículo 206 o la convocatoria a una asamblea constituyente— para dotar al país de una Constitución de consenso“.
El nuevo plan fue cuestionado por el exministro de Economía y Finanzas, David Tuesta:
Propuestas para la economía
Sobre las propuestas que van vinculadas a la economía, en algunos casos no se tratan de acciones que se sumarán a lo realizado hasta ahora en el país, sino que son una suerte de intento de mostrar que se respetarían los fundamentos macroeconómicos para poner paños fríos, se entiende, a la incertidumbre que ocasiona hoy un eventual gobierno de Juntos por el Perú.
Por ejemplo, para la economía, hoy Sánchez plantea el respeto a los Tratados de Libre Comercio (TLC), “con normas amigables a la inversión interna y externa, cuyos contratos estén protegidos por el Estado de derecho [...]”.
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) también está en el radar: “Preservar la autonomía y capacidad técnica del BCRP, garantizando su mandato constitucional [...]".
Nuevo plan de Sánchez dice que se cuidaría la autonomía del BCRP. (Foto: Andina)
Su suma una propuesta para el fortalecimiento del Consejo Fiscal, “preservando su autonomía y capacidad técnica, además de brindarle más facultades para contribuir con la estabilidad macroeconómica”.
El nuevo plan refiere que se establecería un marco “claro y transparente” para las Asociaciones Público-Privada (APP): “El Gobierno debe ser el promotor del desarrollo y la inversión, mas no el principal actor”.
Incluso, se autorizaría y fomentaría el ingreso de nuevos competidores en el mercado financiero nacional, con miras a brindar mejores servicios financieros, mejores condiciones de préstamos y un trato adecuado a los ciudadanos. Y, se daría una revisión profunda, en coordinación con los actores del sistema financiero, de la regulación y normativa vigente para eliminar procedimientos y pasos innecesarios para acceder a servicios y productos financieros por parte de los ciudadanos.
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Estas propuestas son las mismas en el documento del 01 de junio y el preliminar del 31 de mayo. Sin embargo, hay diferencias notorias con el plan de gobierno previo a la primera vuelta electoral.
Con eso en mente, la propuesta inicial decía: “Se renegociarán los TLC y otros acuerdos comerciales, que afecten la soberanía nacional o atenten contra los intereses y la calidad de vida de las mayorías del país”. Actualmente, el Perú tiene más de 20 acuerdos comerciales vigentes y siete en negociación, según data del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).
El Perú tiene más de 20 acuerdos comerciales vigentes y siete en negociación, según data del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Foto: gob.pe.
A esto hay que sumarle que en el plan inicial no había ninguna mención al BCRP. Si bien durante la campaña parecía no querer ni evaluar la continuidad de Julio Velarde como presidente del banco, hoy no solo en sus nuevas propuestas, sino en declaraciones a la prensa y durante el mismo debate, a insistido en “cuidar” al ente monetario.
Tampoco se hacía referencia al Consejo Fiscal, a las Asociaciones Público-Privadas o al sistema financiero, como lo hace ahora.
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Propuestas para industrialización
Sobre la industria, Sánchez mantiene una mirada donde la participación del Estado debería ser más activa, pese a las críticas de distintos analistas.
En su nuevo plan refiere, por ejemplo, que en un eventual Gobierno suyo se garantizaría la seguridad energética del país. Para ello, no se privatizaría Petroperú; por el contrario, se fortalecería y sería reformado con una nueva “Ley de Desarrollo Corporativo” para asegurar la estabilidad de su dirección, con meritocracia y un enfoque de integración vertical.
Incluso con una mirada más amplia, Juntos por el Perú indica que se fortalecería a las empresas estratégicas públicas y las utilidades serían reinvertidas en sus ámbitos de concesión.
A nivel territorial, el nuevo planteamiento habla de la descentralización productiva impulsando y masificando los Parques Industriales Regionales en terrenos del Estado.
Complementariamente, se apuntaría a un programa denominado “Financiamiento Popular”, con una garantía pública de S/ 15,000 millones, articulado con el sistema financiero. Y, se pretende dar más protagonismo a las cooperativas con una política de ahorro y crédito.
Similar al análisis previo, en el texto del 31 de mayo se ven las mismas ideas descritas. Pero, en contraste al plan previo a abril, sí hay cambios. En el ideario no se mencionó a Petroperú, pero sí se cuestionó la prohibición de la formación de empresas públicas porque “se desarma al Estado para que pueda ejercer sus poderes soberanos plenos [...]”.
Sobre crear parques industriales regionales, el texto inicial sí hablaba de este tema: “Fortalecer el Sistema Nacional de Parques Industriales a través de mayor investigación aplicada, tecnología, nuevos mercados y clusters regionales”.
A nivel territorial, el nuevo planteamiento habla de la descentralización productiva impulsando y masificando los Parques Industriales Regionales en terrenos del Estado. (Foto: iStock)
Propuestas para minería
El sector minero ha estado bajo la mira de Juntos por el Perú. Ya Gestión ha informado las preocupaciones del sector sobre propuestas que serían un golpe directo a la minería formal.
Inicialmente, el ideario de Juntos por el Perú indicaba la renegociación de contratos sobre recursos naturales estratégicos: gas, minería, hidrocarburos, entre otros.
Para la pequeña minería y minería artesanal (MAPE), planteó meses atrás establecer la propiedad social de los medios de producción en la MAPE a través de cooperativas y controlar la cadena de valor del oro.
De cara a la gran minería, Sánchez proponía un incremento del 40% de los ingresos de la explotación minera actual. Cabe recordar que el ideario mostraba que se aplicaría un impuesto a las sobreganancias, por ejemplo.
El sector minero ha estado bajo la mira de Juntos por el Perú. Ya Gestión ha informado las preocupaciones del sector sobre propuestas que serían un golpe directo a la minería formal. Foto: Minem
¿Qué de todo esto cambió? Aunque el nuevo plan de gobierno no es claro, da algunas luces sobre sus intenciones en cuanto al sector minero: “Garantizaremos la soberanía sobre los recursos naturales de la minería metálica y no metálica, convirtiendo al Estado peruano en promotor de la industrialización [...]”.
En el documento actual ya no se habla de renegociar contratos vinculados a la minería. Solo se menciona, más bien, una “renegociación estratégica de los contratos de Camisea (gas)”.
Ahora se propone también una reforma legislativa para dar incentivos de inversión y seguridad jurídica a los inversionistas industriales; y, se priorizaría los futuros otorgamientos de concesiones a las empresas que acepten condiciones de transferencia tecnológica y compensación industrial.
Además, se plantea impulsar una Ley de fomento y promoción de la pequeña minería y minería artesanal “que contemple normas como seguridad jurídica de operaciones (a través de procedimientos como la negociación y/o servidumbre), la asistencia técnica descentralizada, trazabilidad y control de insumos, líneas financiamiento para pequeños productores mineros que impulse su desarrollo bajo una visión de una minería sostenible”.
Otra de las nuevas iniciativas es un periodo de sinceramiento y gracia para que los mineros declaren sus operaciones realizadas fuera del sistema bancario.
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Caso Telefónica: intención de nacionalizar duró 24 horas
Más allá de la dimensión económica, una propuesta dentro de la dimensión infraestructura y servicios básicos llamó la atención: una propuesta para nacionalizar Integratel, antes Telefónica.
En el ideario de Juntos por el Perú, Telefónica no figuraba. Sin embargo, en el nuevo plan de gobierno preliminar del 31 de mayo todo cambió.
En ese documento se menciona: “Telefónica del Perú ha incumplido sus obligaciones contractuales y regulatorias. Por ello, el Estado queda habilitado para revisar, renegociar o recuperar la concesión, conforme al interés público y al marco constitucional vigente”.
“En ese sentido, siendo esta una empresa de origen estatal del país, y en aplicación del principio de soberanía económica y control público de los servicios esenciales, el Estado nacionalizará Telefónica del Perú (Integratel) y recuperará los activos estratégicos del sector telecomunicaciones, incluyendo el espectro radioeléctrico y la infraestructura, garantizando la continuidad y calidad del servicio, el cierre de brechas digitales y la creación de TelPerú como empresa pública nacional orientada a la reinversión, la transparencia y el desarrollo tecnológico del país", agrega.
Lo “curioso” es que en la versión final del nuevo plan, presentada solo un día después, el 01 de junio, esto fue eliminado. De hecho, ya no se hace ninguna mención a Integratel o a alguna intención por nacionalizar.
