Mientras el Proyecto de Ley N.° 9744/2024-CR, que plantea una bonificación por desempeño, ya cuenta con dictamen, otras tres propuestas que buscan implementar una nueva escala remunerativa se encuentran actualmente en agenda del Pleno.
Aunque las iniciativas parten de una misma premisa —mejorar las condiciones económicas del personal de Sunafil—, un informe elaborado por Horizonte Laboral advierte que los mecanismos planteados podrían generar efectos que trascienden el ámbito salarial. El principal cuestionamiento apunta a una posible vinculación entre beneficios económicos para los trabajadores y recursos obtenidos a partir de la actividad fiscalizadora y sancionadora de la entidad.
Proyectos sobre remuneraciones y bonos en Sunafil
Fuente: Congreso - Elaboración: GEC
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Cuatro proyectos y un mismo debate
El informe identifica cuatro iniciativas legislativas que actualmente se encuentran en trámite y que buscan beneficiar económicamente a los trabajadores de Sunafil.
Por un lado, el Proyecto de Ley N.° 9744/2024-CR propone crear una bonificación para los trabajadores de la entidad financiada con excedentes de recaudación promedio de los últimos años fiscales. El beneficio podría alcanzar hasta el 50% de la remuneración básica, sujeto al cumplimiento de determinados indicadores institucionales.
Por otro lado, los proyectos N.° 14184/2025-CR, 14023/2025-CR y 13696/2025-CR apuntan a implementar una nueva escala remunerativa para los trabajadores de Sunafil. Para ello plantean excepciones o flexibilidades frente a restricciones presupuestarias vigentes y, en uno de los casos, la posibilidad de utilizar recursos directamente recaudados (RDR) por la propia entidad.
De acuerdo con el análisis, aunque las fórmulas son distintas, las cuatro iniciativas comparten un mismo elemento de fondo: la búsqueda de mecanismos que permitan financiar mejoras económicas utilizando recursos vinculados directa o indirectamente a la actividad inspectiva de Sunafil.
Para Paloma Cotrina Navarro, especialista legal de Horizonte Laboral, el debate no debe centrarse en la necesidad de mejorar las remuneraciones del personal inspector, sino en la forma en que dichas mejoras serían financiadas.
“El problema no es la mejora remunerativa; el problema es vincularla a multas o sanciones. Ahí es donde aparecen los riesgos”, señaló.
El principal cuestionamiento: multas y remuneraciones
Uno de los ejes centrales del informe es la preocupación por la relación que podría generarse entre la función sancionadora de Sunafil y los beneficios económicos propuestos para sus trabajadores.
El documento sostiene que cuando el financiamiento de mejoras salariales depende, incluso de manera indirecta, de ingresos asociados a multas o sanciones, puede generarse una distorsión en la percepción de imparcialidad de la función inspectiva. En otras palabras, aunque los proyectos persigan una mejora legítima de las condiciones laborales del personal, la fuente de financiamiento podría abrir cuestionamientos sobre la neutralidad de la autoridad.
La preocupación no radica necesariamente en que se impongan más multas, sino en que el diseño institucional permita interpretar que una mayor actividad sancionadora podría traducirse en mayores recursos para la propia entidad.
“Los trabajadores, empleadores y ciudadanos deberían percibir que la actuación de Sunafil responde a criterios técnicos, legales y proporcionales. Cuando ya se vinculan aumentos remunerativos o bonificaciones con multas, esa confianza se debilita”, sostuvo Cotrina.
La especialista agregó que no es necesario que exista una orden expresa para sancionar más.
“Basta con que el diseño permita que Sunafil se beneficie de una mayor recaudación para que aparezca un conflicto de interés estructural”, afirmó.
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Riesgos para la objetividad y el sistema inspectivo
Uno de los principales argumentos desarrollados por Horizonte Laboral es que la discusión no solo tiene una dimensión económica, sino también institucional.
La Ley N.° 29981 asigna a Sunafil funciones de orientación, prevención, asistencia técnica y fiscalización. Sin embargo, el informe advierte que vincular beneficios económicos a recursos asociados a la actividad sancionadora podría alterar ese equilibrio y reforzar una percepción centrada en la recaudación.
Según el análisis, una estructura de incentivos mal diseñada podría traducirse en fiscalizaciones más agresivas, interpretaciones más rígidas de la normativa, incremento de litigios y un deterioro de la relación entre la autoridad laboral y los empleadores. El documento aclara que no se trata de afirmar que ello ocurrirá necesariamente, sino de advertir que el diseño normativo podría abrir espacio para esos riesgos.
“Mientras más sanciono, más voy a ganar. Ese es justamente el tipo de incentivo que debería evitarse”, comentó Cotrina al analizar los posibles efectos del modelo planteado.
Además, el informe sostiene que el foco de la actuación inspectiva debería mantenerse en la prevención, corrección y promoción del cumplimiento, antes que en una lógica predominantemente sancionadora.
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El impacto sobre las MYPE
Otro de los aspectos abordados en el documento es el eventual impacto sobre las micro y pequeñas empresas.
De acuerdo con Produce, las mipyme representan el 99.3% de las empresas formales operativas del país. Al mismo tiempo, muchas enfrentan dificultades para cumplir con exigencias regulatorias debido a limitaciones económicas, administrativas y técnicas.
Horizonte Laboral recuerda además que, según la Encuesta Nacional de Empresas 2019, apenas el 15.8% de las microempresas accedió a servicios de asistencia técnica especializada. A juicio de la organización, ello evidencia una alta vulnerabilidad frente a normas laborales cada vez más complejas.
Bajo ese escenario, el análisis sostiene que una parte importante de los incumplimientos no necesariamente responde a una voluntad deliberada de evasión, sino a falta de conocimiento, orientación o acompañamiento.
“Las mipyme necesitan asistencia y orientación para transitar hacia la formalidad. Si perciben que la fiscalización está más enfocada en sancionar que en acompañar, el efecto podría ser contrario al que se busca”, explicó Cotrina.
La especialista advirtió que un sistema percibido como más recaudador podría desalentar procesos de formalización y generar mayores costos para empresas con menor capacidad económica para afrontar sanciones.
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Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.
