A solo unos meses de las elecciones generales 2026, los planes de gobierno comienzan a mostrar no solo sus ejes programáticos, sino también sus apuestas más controversiales.
En seguridad, economía e institucionalidad, varios partidos han puesto sobre la mesa propuestas que rompen con el marco vigente, tensan los límites constitucionales o plantean cambios de alto impacto fiscal y político.
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Gestión hizo un repaso a los planes de gobierno, revelando así un patrón común: diagnósticos similares, pero respuestas radicalmente distintas, algunas de ellas difíciles de ejecutar en el corto plazo o sujetas a fuertes debates legales y técnicos.
Este especial, de varias entregas, reúne las propuestas más polémicas, controversiales o disruptivas incluidas en los planes presentados ante el JNE. Hoy empezamos con seguridad ciudadana.
Las elecciones se llevarán a cabo el 12 de abril de 2026. Foto: ONPE.
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PENA DE MUERTE, MILITARIZACIÓN, MEGACÁRCELES Y MÁS
Este es el capítulo en donde “las papas queman”, pues la crisis de inseguridad por aumento del crimen organizado, extorsiones y delincuencia común así lo han demandado.
Sin embargo, en muchos de los planes de gobierno los candidatos se han enfocado a la aplicación de “mano dura”, llegando a proponer megacárceles, intervención de las Fuerzas Armadas e incluso la pena de muerte.
Fuerzas Armadas en control de la seguridad
La propuesta es simple: para luchar contra la delincuencia debe haber una intervención real de las Fuerzas Armadas en el ordenamiento de la seguridad interna.
Lo proponen los candidatos: Roberto Chiabra (Unidad Nacional), Carlos Espá (Sí Creo), José Luna Gálvez (Podemos Perú), Mario Vizcarra (Perú Primero), Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Fernando Olivera (Frente de la Esperanza), José Williams (Avanza País) y César Acuña (APP).
Estado de Emergencia en Lima este 22 de octubre de 2025. Foto: EFE/Paolo Aguilar
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Ciudadanos a la defensiva, servicio militar obligatorio y un “Ministerio de Guerra”
Así como hay quienes han destacado a la intervención castrense como matriz para la lucha contra la inseguridad, hay candidatos (incluso muchos de los que figuran en la lista anterior) que fueron un paso más allá:
- Uso de armas como derecho, con reglas “objetivas y sencillas” - Roberto Chiabra (Unidad Nacional)
- Servicio militar obligatorio si no hay suficientes voluntarios - Roberto Chiabra (Unidad Nacional)
- Servicio militar obligatorio para jóvenes que no estudian ni trabajan - Charlie Carrasco (Partido Unido Perú)
- Crear un “Ministerio de Guerra” y “10 Escuadrones de la Vida” - Rosario Fernández (Un camino diferente)
- Provisión de equipos defensivos a la población civil - Fernando Olivera (Frente de la Esperanza)
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Corte IDH y pena de muerte
Un tema que entró en debate el último año, a propósito de la escalada de extorsiones y sicariato, es reinstaurar la pena de muerte en el Perú, una medida que no se aplica en el país 1979. La pena de muerte existía en la legislación peruana para ciertos delitos (como traición a la patria).
Paul Jaimes (Progresemos), Francisco Diez Canseco (Perú Acción) y Charlie Carrasco (Perú Unido) son los candidatos que proponen explícitamente este “castigo”, así como la salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Rafael López Aliaga, pese a que en reiteradas oportunidades señaló que el Perú debería romper el Pacto de San José, no ha consignado en su plan de gobierno una propuesta con dichas características. Lo mismo con Carlos Álvarez, candidato por el partido País Para Todos.
Julio Vargas Garayar, el último peruano condenado a pena de muerte, fue fusilado en 1979 por espionaje. Foto: Archivo
Para Andy Carrión, abogado penalista y socio del Estudio Carrión, la propuesta mencionada enfrenta diversos impedimentos constitucionales. Al ser la Constitución el eje rector de nuestro ordenamiento y garante de derechos fundamentales, cualquier modificación de este tipo tendría un impacto estructural.
Según Carrión, entre los principales obstáculos constitucionales se encuentran:
- El Artículo 2, inciso 1: Que consagra el derecho fundamental a la vida para todo individuo.
- El Artículo 140: Que establece el marco excepcional y restringido para la aplicación de la pena capital en nuestro sistema.
“Por consiguiente, la extensión de la pena de muerte a otros delitos graves no podría realizarse mediante una ley ordinaria; requeriría, necesariamente, una reforma constitucional. Asimismo, ampliar esta sanción a casos de violación de menores contravendría directamente el Pacto de San José. Para ejecutar dicha medida, el Estado peruano tendría que retirarse del tratado señalado, proceso que tardaría un año en hacerse efectivo y que, de manera crítica, privaría a los ciudadanos de la tutela de sus derechos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, señaló Carrión Zenteno a Gestión.
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Megacárceles
La construcción de penales de mayor envergadura es una propuesta común en varios candidatos.
- Keiko Fujimori propone construir 4 mega penales y que sean administrados temporalmente por las FF.AA.
- Roberto Chiabra también sugiere construir megapenales con 10 mil internos en cada uno.
- Charlie Carrasco promete la construcción de cárceles, pero con trabajo forzado obligatorio para los reos.
“La presente propuesta presenta diversos puntos controversiales que colisionan con el marco constitucional vigente. De acuerdo con el artículo 139, inciso 22, de la Constitución Política, el régimen penitenciario tiene como fin supremo la reeducación, rehabilitación y resocialización del penado. No obstante, el modelo de megacárceles tiende a priorizar el aislamiento y el control punitivo sobre un tratamiento individualizado. Si estos centros se convierten en depósitos humanos carentes de programas de reinserción efectivos, se vulneraría el mandato constitucional, transformando la pena en una medida puramente retributiva“, dice Andy Carrión.
Así son las megacárceles en El Salvador, al mando de Nayib Bukele. Foto: AFP.
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Otras propuestas
- Negociación con Venezuela: Petróleo a cambio de deportaciones - Roberto Sánchez (JPP)
- Pena efectiva desde los 14 años de edad - Charlie Carrasco (Unido Perú)
- Seguimiento digital de ciudadanos extranjeros - Walter Chirinos (PRIN)
Antonio Ortiz (Salvemos al Perú) propone “reducir al 100% la tasa de feminicidios” pero no deja constancia cómo lo haría, ni que mecanismo respalda su promesa de campaña.
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Más allá del impacto político y electoral de estas propuestas, el debate de fondo sigue abierto: qué tan viables son, qué costos implican y hasta dónde pueden implementarse sin afectar el marco constitucional y los compromisos internacionales del país.
En un contexto marcado por la urgencia ciudadana frente a la inseguridad, la tentación de las soluciones rápidas convive con riesgos institucionales de largo plazo.
Este especial continuará con el análisis de las propuestas más controversiales en economía, seguridad jurídica y tributación; educación; salud; Constitución y reforma del Estado; y reforma judicial, ejes clave que terminarán de perfilar no solo el discurso de campaña, sino también los dilemas que enfrentará el próximo gobierno.
Escribo sobre política, economía, defensa y afines. Nueve años contando historias y analizando problemáticas en prensa escrita, radio y televisión.
