Cerca de la mitad de las empresas industriales llegan al inicio del nuevo Gobierno con expectativas favorables para la economía del Perú y sus propios negocios, reveló la última Encuesta de Opinión Industrial (EOI) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).
Tras la segunda vuelta electoral, en junio-julio, el 51% de empresarios manufactureros se mantienen optimistas sobre el desempeño económico de cara a los próximos tres meses y el 50% respondió en la misma línea sobre su sector y su propio negocio.
Sin embargo, aún hay cautela en un indicador clave: menos de la mitad (47%) tiene previsto realizar inversiones en los próximos tres meses. Además, los ánimos son menores para ampliar su planilla: solo el 35% tiene previsto contratar personal adicional en el periodo mencionado.
Cabe mencionar que, aunque no se puede comparar directamente con la encuesta anterior, la data trimestral pasada ya mostraba la misma cautela en la contratación de nuevos empleados e incluso tenía perspectivas más pesimistas en inversión pues un 57% de industriales no tenía programado realizar inversiones en estos meses.
La mitad de empresarios industriales mostraba expectativas optimistas de cara a la segunda vuelta electoral, aunque con cautela para la contratación e inversión.
(Imagen: SNI)
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Pedidos al nuevo Gobierno
A pocas semanas de la toma de mando de la recientemente electa presidenta Keiko Fujimori, los empresarios industriales ya tienen definidas las medidas que esperan del próximo Gobierno en sus primeros 100 días, sobre todo, en tres ámbitos: crecimiento, inversión y empleo; productividad y competitividad industrial; y formalización empresarial.
Sobre el primer punto, la lucha contra la delincuencia encabeza la lista de prioridades. Para siete de cada diez (74%) encuestados reducir la inseguridad ciudadana es la principal acción que Fujimori debe tomar para impulsar el crecimiento, la inversión y el empleo en el inicio de la gestión.
Si solo se revisa este flagelo en términos de impacto económico, hay que recordar que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estimó el año pasado que el costo de la inseguridad ciudadana sería de S/ 19,800 millones para el 2025. Además, en junio último, el BCP compartió su Observatorio del Crimen y la Violencia donde reveló que el 45% de encuestados en el país, en los últimos 12 meses, frecuentaba negocios como bodegas, peluquerías, restaurantes, farmacias, entre otros, que han tenido que cerrar o restringir sus actividades por la inseguridad ciudadana.
Otras prioridades para impulsar la economía peruana, se indica la encuesta industrial, apuntan a que se preserve la estabilidad macroeconómica (37%) y reducir la sobrerregulación y simplificar los trámites para la actividad empresarial (34%).
Sobre el segundo punto, al ser consultados por las prioridades que debe tener en cuenta la nueva presidenta para impulsar la productividad y competitividad industrial, casi la mitad (46%) de los industriales resaltaron la necesidad de priorizar la reducción de la sobrerregulación y la aplicación del silencio administrativo positivo para las actividades industriales durante los primeros 100 días de Gobierno.
Además, 4 de cada 10 empresarios también piden al nuevo Gobierno facilitar el acceso al financiamiento para la modernización e innovación industrial, mientras que un 39% consideró prioritario fortalecer la defensa comercial frente al dumping, la subvaluación, el contrabando y el comercio ilícito.
En menor medida, los manufactureros también plantean plantean promover encadenamientos productivos con minería, agroindustria, energía y construcción (34%), reducir los costos energéticos y garantizar la continuidad del suministro para la industria (29%), entre otros.
Siete de cada 10 empresarios industriales ve la inseguridad ciudadana como la principal prioridad que debe resolver próximo gobierno.
¿Cómo van en producción y ventas? La encuesta de la SNI también recogió la evaluación de las empresas sobre su desempeño durante mayo. El 35% de los empresarios informó que su nivel de producción fue mayor respecto de abril, mientras que un 36% señaló que sus ventas aumentaron frente al mes previo, considerando tanto el mercado local como las exportaciones.
¿Cómo impulsar la formalización en los próximos años?
Como se mencionó líneas atrás, otro aspecto evaluado dentro del sondeo es la formalización empresarial. Para ello, la simplificación regulatoria también figura entre las principales propuestas.
La mitad de los empresarios consultados consideró prioritario implementar un régimen tributario único, simple y progresivo, seguido de un 46% que pidió reducir los costos y trámites asociados a la formalización empresarial.
Asimismo, un 42% planteó reducir temporalmente la carga tributaria para las empresas que ingresen a la formalidad.
Entre las demás medidas mencionadas por al menos dos de cada diez industriales figuran mejorar las condiciones de financiamiento para las empresas, reducir la discrecionalidad en las inspecciones y fiscalizaciones, implementar una ventanilla única digital para los trámites de formalización, facilitar la apertura de negocios de bajo riesgo mediante autorización automática y fiscalización posterior y ampliar la participación de las mypes en las compras públicas.
La mitad de los empresarios consultados consideró prioritario implementar un régimen tributario único, simple y progresivo.
¿Expectativas para una política industrial?
Otro de los pedidos de los industriales al nuevo Gobierno es un trabajo conjunto. En concreto, cuando se les consulta por la importancia de establecer una agenda permanente de trabajo entre el Gobierno y los gremios industriales, empresariales y regionales, el 25% considera que es indispensable y el 69% subraya que es muy importante.
En esa misma línea, más de la mitad de los empresarios tiene una expectativa alta o muy alta de que el próximo Gobierno impulse una política industrial orientada a incrementar la productividad y competitividad del sector.
Pero ¿cómo se comprobaría que una futura política industrial avanza? Para cuatro de cada diez empresas, el principal indicador sería la reducción de tiempos y trámites para proyectos e inversiones industriales.
A su vez, un 39% de manufactureros consideró que se evidenciaría resultados concretos con un mayor número de proyectos industriales priorizados o destrabados.
Por su lado, cerca de un tercio de los industriales indicó que vería avances de una política industrial con la incorporación de más empresas a cadenas productivas vinculadas con minería, agroindustria, energía o construcción, si aumenta el número de acciones adoptadas para combatir el dumping, la subvaluación, el contrabando y el comercio ilícito, o si se eleva el monto de inversión industrial privada anunciada o ejecutada.
El 51% de los empresarios espera que el próximo gobierno impulse una política industrial.
Los primeros 100 días: el momento de actuar
Felipe James Callao, Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias
Los primeros 100 días del nuevo gobierno tienen un valor estratégico. En ese período deberán definirse prioridades, ejecutarse las primeras medidas capaces de generar resultados y ofrecer señales de liderazgo, diálogo, estabilidad y capacidad de gestión.
Para contribuir a ese debate, la SNI realizó una encuesta entre industriales sobre las prioridades del nuevo gobierno. La primera es la inseguridad ciudadana. Enfrentar este problema exige liderazgo político, instituciones fortalecidas y una acción articulada del Estado.
La segunda prioridad es preservar la estabilidad económica. Mantener la disciplina fiscal, el respeto por las reglas de juego y a la autonomía de las instituciones y la promoción de la inversión resulta indispensable para sostener el crecimiento y la generación de empleo.
En materia de productividad y competitividad, el 46 % de los industriales identifica la reducción de la sobrerregulación y la aplicación efectiva del silencio administrativo positivo como una de las reformas prioritarias para mejorar el clima empresarial en todos sus niveles.
Los primeros 100 días no resolverán todos los desafíos del país, pero sí definirán la capacidad del nuevo gobierno para impulsar las reformas pendientes y generar las condiciones que permitan al Perú recuperar su papel como hub económico y logístico de la región, atraer inversiones y consolidar a la industria como uno de los motores de un desarrollo que permitan cerrar las brechas que durante décadas han limitado las oportunidades, especialmente en el interior del país.
