El presupuesto destinado al orden público y seguridad en el Perú ha mostrado avances importantes en el último tramo. Mientras en 2019, año prepandemia, se asignaron poco más de S/ 12,100 millones, en 2025 la cifra superó los S/ 17,300 millones, un incremento de 42%, recabó este diario a partir de información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Para este año, se registra recursos por más de S/ 16,220 millones, de momento.
Asimismo, hubo avances en la ejecución. En 2019, se empleó el 89.4% de los recursos asignados; en 2020, hubo una ligera caída (88.3%), que se explica por la crisis sanitaria; y entre 2021 y 2025, el avance osciló entre 90% y 96%. No obstante, no ha llegado al 100% pese a la ola de criminalidad.
La inseguridad ciudadana, lejos de replegarse, se ha convertido en un elemento que golpea cada vez más fuerte a la economía del país. Ya el empresariado lo ha señalado como uno de los temas que debe estar en la agenda urgente de los 100 primeros días del siguiente Gobierno, independientemente de quien asuma la presidencia.
Ejecución presupuestal bajo la lupa.
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Devolución presupuestal que impacta
José Elice, extitular del Ministerio del Interior (Mininter), recuerda que, aunque el presupuesto es amplio, la mayor parte se destina a la Policía Nacional del Perú (PNP): la planilla abarca entre 120,000 y 140,000 efectivos.
Es decir, gran parte de estos recursos se consume en gastos operativos y no necesariamente en inversión. En esa línea, critica la existencia de más de 20 escuelas policiales, cuando, según su criterio, no deberían ser más de cinco para garantizar la calidad de la formación.
Coincide Alonso Flores, investigador del Instituto de Criminología: “Una parte importante del presupuesto del sector continúa concentrándose en gastos corrientes y obligaciones operativas, mientras persisten brechas en tecnología, inteligencia criminal, investigación, infraestructura policial, sistemas de información y equipamiento especializado".
Así, pone la lupa sobre el presupuesto que se destina únicamente al Mininter y detalla que, entre 2021 y lo que va del 2026, el monto se incrementó en 25%: pasó de S/ 10,707 millones a S/ 13,397 millones, según observa en el Sistema Integrado de Administración Financiera, una herramienta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Al respecto, concluye que “el principal problema no parece ser la falta de presupuesto, sino las limitaciones en la ejecución y gestión de los recursos disponibles”.
“La evidencia muestra dificultades persistentes para transformar los recursos asignados en capacidades operativas concretas para la Policía Nacional. Entre 2021 y 2025, el Ministerio del Interior dejó de ejecutar, en promedio, alrededor de S/ 310 millones por año, recursos que fueron devueltos al Tesoro Público. Solo en 2025, el monto no ejecutado alcanzó aproximadamente S/ 736 millones”, añade.
La magnitud de estas malas decisiones, afirma Flores, resulta significativa. “Con ese monto se habría podido financiar, de manera referencial, la adquisición de cerca de 50,000 cámaras corporales para efectivos policiales, incorporar alrededor de 7,000 policías adicionales a labores operativas o recuperar más de 1,200 espacios públicos en zonas con alta incidencia delictiva”, precisa.
¿Cuánto dinero devolvió el Mininter al MEF?
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Perfil profesional: una variable “no negociable”
Por su parte, Rubén Vargas, también extitular del Mininter, concentra su análisis en la corrupción estructural y la deficiente gestión administrativa dentro del sector. Para combatir ambos factores, propone un cambio en la administración: las 16 unidades ejecutoras de la PNP no deben estar en manos de policías, quienes no son formados para administrar grandes cantidades de dinero. Sugiere, en su lugar, a gestores de Servir que periódicamente sean sometidos a exámenes de integridad.
El vocero del Instituto de Criminología converge con la premisa: “El Ministerio del Interior debería contar con una unidad ejecutora altamente especializada, integrada por los mejores perfiles civiles en gestión de inversiones, contrataciones, ingeniería, tecnología y logística”.
Su función, puntualiza, sería acelerar la ejecución de proyectos estratégicos vinculados a comisarías, laboratorios forenses, sistemas de información, inteligencia criminal, videovigilancia y equipamiento policial.
“La experiencia demuestra que combatir el crimen requiere de capacidades técnicas que no necesariamente forman parte del núcleo de competencias policiales”, remarca.
Incluso, el instituto ha estimado que alrededor de 10,000 policías cumplen, actualmente, labores de oficina, trámite documentario, logística, recursos humanos y otras funciones que podrían ser desempeñadas por personal civil especializado.
“Un programa gradual de reemplazo civil permitiría devolver a las calles a cerca de 10,000 efectivos para labores de patrullaje, investigación e inteligencia, lo que incrementaría muchísimo la capacidad operativa de la Policía sin necesidad de aumentar el número total de efectivos”, expresa Flores.
A su turno, Elice apunta a que solo mentes preparadas pueden alcanzar una calidad en la gestión presupuestaria. Indica que, recurrentemente, quienes se encargan de los manejos trazan metas excesivas o “fantasiosas”. Asimismo, destaca que la Contraloría debe evaluar no solo si se cumplieron las normas, sino si la gestión fue “inteligente”.
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¿Criminalidad en el futuro?
Vargas advierte que una alta ejecución, como la del 96% en 2024 o 93.2% en 2025, no es sinónimo de éxito si el despliegue del gasto es malo. Ejemplifica esto con la compra de chalecos antibalas de mala calidad o el uso de fondos en equipos de inteligencia para perseguir opositores políticos en lugar de combatir el crimen.
Menciona, en ese sentido, que en 15 años la Policía no ha podido comprar un avión. ¿La razón? “Procesos contaminados con denuncias de corrupción”, sostiene. Sumado a ello, cuestiona la eficiencia de los presupuestos adicionales destinados a zonas de emergencia como el VRAEM, donde el narcotráfico aún abunda.
Flores recalca que el Mininter y el MEF vienen diseñando un nuevo programa presupuestal orientado a resultados para enfrentar la criminalidad.
“Su implementación debería constituir una prioridad de la próxima administración, ya que permitiría vincular de manera más clara los recursos públicos con intervenciones específicas, productos concretos y resultados medibles en materia de prevención, investigación y control del delito. Más que discutir únicamente cuánto se gasta, el desafío es asegurar que cada sol invertido contribuya efectivamente a reducir la criminalidad y fortalecer la capacidad del Estado para enfrentarla”, finaliza.
Redactora de Economía en diario Gestión. Periodista piurana con seis años de experiencia profesional en el rubro.
