El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, se refirió a la aplicación del Plan Nacional de Deshacinamiento y señaló que este no involucra la liberación de internos que generen situaciones de inseguridad para la ciudadanía.
“Se hace una revisión exhaustiva de los expedientes, se analiza la historia del interno, se consulta con todo el peritaje psicológico - legal y además de ello se propone para que el Poder Judicial determine finalmente si procede. Esto es exhaustivamente revisado y no existe posibilidad que estemos liberando internos que vayan a generar problemas o situaciones de inseguridad para la población. Los peligrosos tienen que estar en los penales”, afirmó.
“Hemos podido validar que, al igual que en la gran mayoría de penales del país, existe un hacinamiento que complica el trabajo de prevención del delito y dificulta el orden y el control de la seguridad dentro de los penales. Esto es un ejemplo más de cómo es imprescindible que tengamos que hacer un trabajo necesario para combatir la sobrepoblación penitenciaria”, remarcó.
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Plan Nacional de Deshacinamiento
El ministro de Justicia presentó el mes pasado el Plan Nacional de Deshacinamiento, una iniciativa apuesta por un egreso técnico y focalizado, por lo cual de acuerdo a un primer análisis cerca de 24,739 internos podrían ser susceptibles de acogerse al plan, previa evaluación del INPE y del Poder Judicial.
En ese sentido, se aplicará una estrategia coordinada que considera los beneficios penitenciarios, conversión de penas, redención por trabajo, conmutaciones de pena, traslados, entre otros procedimientos.
Como parte del plan, y en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), se convocará a 500 personas para que se incorporen como agentes penitenciarios y en asistencia técnico – legal. De esta manera, se generarán las condiciones para que exista más orden y control en los penales.
En cuanto a infraestructura, el plan considera el reimpulso de la construcción de infraestructura penitenciaria que proyecta 3,202 unidades de albergue con la finalización de los establecimientos de Abancay, Iquitos, Arequipa y Pucallpa.
La estrategia operativa de esta iniciativa se ejecutará en 5 fases durante los años 2026 y 2028. En los siguientes meses se aplicará la fase dos que considera casos complejos donde se determine la semilibertad o libertad condicional, la fase tres que considera un importante grupo de ciudadanos extranjeros, así como la vigilancia electrónica, y las fases 4 y 5 que abarca la digitalización y la institucionalización de este modelo.
