El representante técnico de Juntos por el Perú, César Guarniz Vigo, enfocó su participación en la agricultura familiar y en una crítica al modelo que —según sostuvo— favorece a la agroexportación mientras mantiene abandonados a pequeños productores.
Su exposición partió de la idea de que existen “dos agriculturas”: una con respaldo estatal y beneficios tributarios, y otra marcada por falta de crédito, precios bajos y ausencia de políticas públicas.
Bajo ese diagnóstico, defendió que la agricultura familiar es la que sostiene la alimentación nacional y resumió su planteamiento en una frase: “si el campo no produce, las ciudades no comen”.
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Uno de los pilares de su propuesta fue el agua. Guarniz planteó alcanzar soberanía y seguridad hídrica mediante la creación de un Fondo Nacional del Agua y un programa nacional que trabaje junto con organizaciones de usuarios, juntas de agua y núcleos ejecutores.
En paralelo, defendió un programa nacional de presas altoandinas y medidas complementarias como pozos tubulares y cochas altoandinas para enfrentar sequías y reducir la vulnerabilidad de los cultivos frente al cambio climático.
También señaló que el país mantiene una brecha superior a S/14.000 millones en infraestructura de riego y advirtió que más del 60% de esta permanece sin revestimiento adecuado.
En el frente financiero y productivo, Juntos por el Perú propuso crear un Banco de Desarrollo Agropecuario dirigido a pequeños productores, con el objetivo de alcanzar a un millón de agricultores en los primeros cien días de gobierno.
A ello sumó políticas de dinamización de mercados y compras públicas, así como un enfoque específico hacia mujeres rurales, para quienes ofreció elevar el financiamiento hasta S/100 millones.
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Guarniz también defendió la industrialización agraria mediante una planta de urea, el aprovechamiento de los fosfatos de Bayóvar, centros de acopio y transformación, además de la reforma de un Midagri moderno y digitalizado enfocado en los pequeños productores.
El eje ambiental estuvo marcado por una sola bandera reiterada a lo largo del debate: la derogación de la denominada “ley antiforestal”.
Guarniz vinculó esa norma con el avance de la deforestación, la minería ilegal y el crimen organizado en la Amazonía, sosteniendo que ha facilitado el deterioro ambiental y la contaminación de fuentes de agua utilizadas por pequeños agricultores.
Junto con ello, propuso derogar leyes que considera favorables al crimen y recuperar territorios afectados por economías ilegales, insistiendo en que la protección ambiental y el fortalecimiento del agro familiar deben ir de la mano.
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