El agua mantendrá el mismo precio, pero detrás de la decisión existe, en realidad, un obstáculo técnico que frenó la elaboración de estudios tarifarios que hubieran permitido una eventual alza o sinceramiento de la tarifa. ¿De qué se trata?
Así lo expuso Mauro Gutiérrez, presidente ejecutivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), durante su participación en la última sesión de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores.
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El requisito pendiente para evaluar incrementos
El vocero explicó el proceso para desarrollar un estudio tarifario, cuya obligatoriedad, además, es que se presente a una audiencia pública.
“Se explica a los stakeholders cómo es que se ha calculado la tarifa, la razón del incremento, si es que se producen las inversiones que se tienen que desarrollar, va de la mano con un plan de inversión. Se justifica cada uno de los componentes para la determinación de la tarifa, y damos la obligación de hacer audiencia pública para ese fin”, comentó.
Sin embargo, detalló Gutiérrez, no es posible avanzar con los cálculos porque, este año, falta un componente crítico: la tasa que se utiliza para calcular cuánto rendimiento o rentabilidad se reconoce a las empresas prestadoras.
Precisó: “Esa tasa actualmente tiene que ser determinada por el Ministerio de Vivienda (MVCS), y ese componente todavía no ha sido definido; por lo tanto, no podemos realizar un conjunto de estudios tarifarios”.
Incluso reiteró en otro momento de su diálogo: “No están programados incrementos adicionales nuevos, que se hayan programado o que se estén desarrollando en este momento. Y si los hubiera, que no los hay, siempre estamos sujetos a audiencias públicas para que se comuniquen estos estudios”.
Previamente, a inicios de mayo, ya se había emitido una resolución para valar que los esquemas tarifarios y regulatorios de dos empresas prestadoras (EPS SEDACUSCO S. A. y EPS EMUSAP Abancay S. A.) sigan vigentes temporalmente mientras no se aprueben nuevos estudios.
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Las cifras en la cobertura
En el espacio de conversación, Gutiérrez también indicó que, aunque podría pensarse que la falta de acceso al agua se concentra principalmente en zonas rurales, la realidad muestra otro escenario: de los 3.3 millones de personas sin acceso, aproximadamente 2 millones viven en áreas urbanas.
Asimismo, a nivel nacional, el promedio de abastecimiento de agua alcanza las 18 horas diarias; no obstante, alrededor de 1.6 millones de personas reciben agua menos de 6 horas al día.
En esa línea, un estudio realizado por la Sunass en 2025 reveló que, en promedio, una persona sin conexión gasta S/141 mensuales; en contraste, una persona conectada paga S/24. Es decir, quienes no cuentan con una red formal terminan pagando entre cinco y seis veces más por el servicio.
La desigualdad también se refleja en la cantidad de agua consumida. Mientras una familia conectada puede utilizar alrededor de 15,000 litros de agua; una persona no conectada apenas alcanza los 6,000 litros debido a las limitaciones del abastecimiento mediante camiones cisterna.
En paralelo, cerca de 6.6 millones de personas aún no tienen acceso a una red de alcantarillado, una cifra equivalente a uno de cada cuatro peruanos.
Redactora de Economía en diario Gestión. Periodista piurana con seis años de experiencia profesional en el rubro.
